Es bien conocido que uno de los crímenes más atroces e imperdonables del modelo madurista de dominación es haber logrado que 4,5 millones de venezolanos –por ahora– hayan tenido que abandonar forzosamente su país ante la imposibilidad de vivir decentemente en su propia casa. Esa cifra parcial, que representa un gigantesco 14% de la población total de Venezuela, amenaza con alcanzar el 25% de mantenerse la crisis social, como apuntan todos los indicadores objetivos.
Se habla mucho del impacto de esta abrumadora huida migratoria, la mayor de la región y entre las mayores del mundo, sobre países vecinos y en general sobre la comunidad internacional. También se ha hablado sobre el inmenso daño emocional de esta tragedia, con sus múltiples consecuencias sobre la psiquis colectiva, y con su infame secuela de familias fracturadas, hogares destruidos y niños en situación de abandono. Según el último informe de Cecodap ya asciende a 940.000 –hasta finales del año pasado– el número de niños que son dejados por sus padres a cargo de otras personas ante la necesidad de emigrar. De estos niños, 78% muestra cambios en su comportamiento, bajo rendimiento escolar, llanto fácil, desánimo, irritabilidad y sensación de abandono. Los efectos de esta catástrofe en términos psicológicos y culturales son inconmensurables.
Pero lo que no se conoce muy bien, de lo cual por tanto se habla poco, es el grado de afectación severa del exilio madurista sobre el desarrollo social y económico interno del país. Y dada su gravedad e importancia, es importante analizarla al menos brevemente y sobre todo darla a conocer a cuantos más podamos.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la proyección poblacional de Venezuela para este año 2020 –según los datos del Censo nacional del 2011– alcanzaba la cifra de 32,6 millones de personas. Esa era la población que debíamos tener para este año. Sin embargo, la proyección de la ONU para este 2020 nos ubica en tan solo 28,4 millones de habitantes, es decir, 4,2 millones de venezolanos menos. Y no solo es grave la disminución neta de nuestra población, sino que, al revisar las cifras, la merma poblacional mayor –de manera notoria– la sufrimos en venezolanos que están entre los 18 y los 30 años de edad. En palabras crudas, estamos perdiendo de manera acelerada la energía social del país, representada en este sector clave de la población.
Como consecuencia directa de lo anterior, Venezuela ya perdió –o en palabras más exactas, le expropiaron– el valioso ticket para el desarrollo que significaba el llamado “bono demográfico”. Por bono demográfico se entiende el período en el que en un país la población económicamente activa o en edad de trabajar (que se ubica generalmente entre los 15 y los 60 años de edad) supera en cantidad a las personas económicamente dependientes. Esta es una situación ideal para el desarrollo de una nación, entre otras cosas porque es un período en el cual, al inclinarse la balanza hacia las personas que están trabajando, se puede generar mayor ahorro e inversión en el país, recaudar más tributos para la inversión social, aumentar la tasa de crecimiento económico y mantener baja la presión económica que significa la manutención de las personas dependientes y la administración de programas de jubilación y seguridad social.
Hace dos décadas se señaló que esta situación de bono demográfico –que se vive muy pocas veces en la historia de una nación- significaba una inmensa ventaja comparativa con la que contaba Venezuela, y una envidiable herramienta para apalancar su desarrollo. Se hablaba de la posibilidad cierta de seguir el ejemplo de los llamados “tigres asiáticos” de la década de los noventa –Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur– que aprovecharon exitosamente su bono demográfico. Según las proyecciones del INE, y producto de una transición demográfica “normal”, en la que la pirámide poblacional va cambiando con el tiempo, este valioso bono demográfico nos acompañaría hasta el año 2050. Lo cierto es que ya hoy, apenas en 2020, lo perdimos, o para usar de nuevo las palabras exactas, nos fue expropiado por el modelo de dominación madurista.
Hoy, producto del exilio forzado, del impacto brutal de la delincuencia (en Venezuela, más de 70% de los homicidios se comete contra jóvenes menores de 25 años, al punto de que la principal causa de muerte en jóvenes en el país es justamente el asesinato, lo que nos ubica como el país más violento y peligroso del mundo para personas de edades entre 10 y 25 años), de la destrucción del aparato productivo y empleador, y del ataque persistente a los servicios e instituciones de educación y salud, nuestra población joven disminuyó tan ostensiblemente que perdimos ya el bono demográfico. Este envejecimiento prematuro de la población venezolana significa, entre otras cosas, mayores problemas sociales relacionados con la tercera edad (especialmente atención alimentaria y de salud), mayor presión fiscal sobre el Estado, menor capacidad de generación de riqueza y reducción de la población.
Hace unos pocos años, Genni Zúñiga, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, alertaba que por el camino que estaba siguiendo el modelo oficialista de dominación “el peligro inminente es que vamos a tener una población en edad de trabajar muy empobrecida y sin capacitación ni oportunidades de inserción; y además un creciente volumen de personas que requerirá atención que no podrá recibir por la falta de servicios institucionalizados”. Y por esos mismos días Jorge González Caro, representante auxiliar en Venezuela del Fondo de Población de las Naciones Unidas, planteaba la urgencia de cultivar tal oportunidad única que representaba el bono demográfico o, en caso contrario, convertir al país en un conjunto de “personas que no generaron ahorros durante su juventud, viviendo en una sociedad sin personas que produzcan para mantenerlos. Es decir, tendríamos un país envejecido y pobre”. Para desgracia de los venezolanos, ambas alertas se han transformado hoy en lamentable realidad.
En muy pocos años, el régimen encabezado por Maduro lo logró. Nuestro ticket dorado para el desarrollo y el despegue económico fue expropiado por una clase política tan hambrienta de poder como indigente en sensibilidad social, y para quienes la justicia y la igualdad, más allá de los discursos con los cuales engañar a los incautos, nunca fueron otra cosa que disfraces para ocultar sus obscenas apetencias de riqueza y dominio.
Por estas y otras muchas razones hay que seguir insistiendo. El cambio político ya no es una opción, es una necesidad patria. Sin él, no será posible iniciar el trabajo de reversión de esta tragedia, y correremos severamente el riesgo de ser un país que solo existirá en el recuerdo.
@angeloropeza182