Familiares de los detenidos en las protestas poselectorales son otras víctimas de la arbitrariedad del sistema judicial
Hoy condeno desde todo punto de vista la conducta asumida por los funcionarios del sistema de justicia de restringir las visitas de familiares de los detenidos en forma arbitraria por cuerpos de seguridad del Estado y víctimas de imputación colectiva de jueces sin rostros por el delito de terrorismo, sin el derecho a la defensa y la presunción de inocencia como lo establece el artículo 49 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela.
Es inaudito que contemos con una cifra récord, oscura y lamentable, de detenciones arbitrarias por razones políticas en la región.
El recién actualizado informe de la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirma que las violaciones graves y crímenes de lesa humanidad en Venezuela ya se han vuelto uso y costumbre por parte del Estado, es decir, responden a un patrón establecido.
La gravedad está en la inacción del defensor del pueblo, que cada día se aleja de sus atribuciones y misión principal, como es asumir la defensa de las víctimas exigiendo al Estado la reparación del daño.
Como defensor de los derechos humanos exijo la liberación los detenidos para reivindicar el debido proceso y así reparar un poco el daño que se le ha hecho a la justicia y al ciudadano.