El síndrome de Estocolmo es un “estado psicológico en el que la víctima de secuestro, o persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador”. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores en una suerte de mecanismo de defensa inconsciente del secuestrado, que no puede responder la agresión de los secuestradores y, por tanto, se produce una identificación con el agresor, un vínculo que se produce de tener sentimientos de identificación, simpatía, o agrado por su secuestrador, incluso de amor, cuya reacción como ser humano los induce a la necesidad de cohabitar, incluso en los entornos más hostiles
El régimen ha manejado con estrategias conocidas el síndrome de Estocolmo, de esta manera, ha sometido y secuestrado a la población venezolana mediante el soborno, la riqueza fácil, o al contrario, induciendo pobreza e inseguridad. Así, ha provocado su dependencia, para finalmente obligarla a someterse a sus políticas a través de premios y castigos, bonificaciones y privilegios ideológicos controlados. Muchos eventualmente se hacen cómplices del constructor de su desgracia.
La indefensión aprendida, de la que hablaba el psicólogo Martin Solimán, se refiere a “la condición del ser humano de comportarse de manera pasiva, con la sensación subjetiva de no poder hacer nada y no responder a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación de opresión actual”.
Según los expertos, el síndrome de Estocolmo es una “reacción en la que las personas desarrollan una relación de complicidad y de cohabitación con sus victimarios”. No podemos dejar de pensar que en nuestra clase política, en muchos casos por haber padecido persecución, amenazas, chantajes, exilio, cárcel y otras agresiones, terminaron empatizando con sus antiguos verdugos.
Ello podría explicar la forma en que ciertos dirigentes políticos se empeñan en perpetuar y exigir el cumplimiento estricto de la Constitución de 1999 que antes catalogaron como la más perfecta del mundo y cometen la impudicia de violarla sistemáticamente, incluso derivando leyes acomodadas ilícitamente para favorecer la corrupción y que les permita entrar en la categoría de colaboracionistas o cómplices de connotados delincuentes, ya acusados en los tribunales contra el terrorismo y el narcotráfico.
Algunos personajes conocidos, que militan en la oposición, curiosamente se muestran proclives a negociar o alternar con la dirigencia oficial y a estimular el diálogo y afianzar de esta manera acuerdos con persecutores y agresores, es decir, con el régimen. Una actitud que ciertamente no se debe atribuir a una genuina reconciliación, sino del padecimiento de un mal bastante más frecuente de lo que se creía. Un síndrome que, agregado al arribismo social, resulta demasiado perjudicial para un país atado ideológicamente a la corrupción, a las políticas de dependencia cubana y de países antidemocráticos, dominantes a su vez, que encontraron en el sistema, la gran oportunidad de explotar los recursos del país, lucrarse increíblemente, y desarrollar la política antidemocrática de detentar el poder o comprarlo para favorecer una red comercial con las reglas del crimen organizado.
En este crucial momento en Venezuela, esa oposición dependiente ha sido expuesta indirectamente cuando los principales dirigentes del régimen han sido mostrados internacionalmente por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero para confirmar lo que ya anteriormente el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo había sentenciado el pasado año.
Frente a esta circunstancia, algunos de esos dirigentes que mediante todo tipo de recursos y de discursos recogidos en una ola de información sin precedentes, inspirados en su cohabitación y colaboracionismo, claman por negociaciones con el régimen y han exigido celebrar elecciones parlamentarias con la presencia del usurpador mayor.
Por esa razón, entre otras, han quedado al descubierto frente a la ciudadanía sus intenciones, en las cuales han puesto mucho esfuerzo comunicacional y han conducido hábilmente para provocar la adhesión de países que claman por una solución electoral, exigiendo la articulación con el régimen usurpador para llevar a cabo elecciones libres como fórmula de solución a la grave crisis venezolana.
En un entorno de esta crisis espantosa, una población mayoritaria, sin ingresos, sin potencial atención a la salud frente a una epidemia que mutará en pandemia, tendrá graves repercusiones en los próximos días y se manifestará dramáticamente. La ausencia de servicios dentro de una gravísima crisis económica clama por ayuda humanitaria. Esta necesidad aparece como una fórmula desesperada ante países y organismos internacionales. Por supuesto, esta no aparecerá a menos que se rompan los requerimientos conjuntos sustentada en una potencial cohabitación entre oposición y régimen usando demagógicamente la situación precaria de la familia venezolana y la excusa de la pandemia del covid-19 que se nos viene encima.
Es evidente que el panorama político ha cambiado, y quedado en el aire al pretender continuar negociando con delincuentes cuya cabeza tiene precio y la situación se torna emergente a la ayuda humanitaria y anula la pretensión de unas elecciones parlamentarias potenciando la necesidad de un gobierno de transición. Ante estas circunstancias se tiene que precipitar el cambio de modelo de gobierno, romper el esquema dialéctico y falso de “querer cambiar el modelo político para no cambiar nada” y desde luego, para proteger intereses ocultos.
Solo queda un esquema de política sustentado en el apoyo internacional para aplicar decisiones dentro de un entorno en el que existe aún la usurpación del poder nacional producto de elecciones fraudulentas, apoyado en la Fuerza Armada y en una invasión silenciosa de fuerzas internacionales. Este esquema. que cubre al país ha penetrado al continente con políticas antidemocráticas y tiene que ser necesariamente desplazado en beneficio de las libertades públicas y de la democracia.
La legitimidad de la Asamblea Nacional frente al régimen y sus políticas dictatoriales ha quedado expuesta en sus acciones de conciliación o diálogo y es representada por su presidente que, como encargado de un gobierno transitorio, está en la cuerda floja; pero que, ante la desestabilización social, tiene que asumir su responsabilidad y llamar a la sociedad civil para gobernar verdaderamente en un estado de transición.
Sin dilación se llegará a la conformación de un equipo de gobierno de cuyo seno emergerá un nuevo líder evitando los extremos del régimen y de la transición, nombrar a competentes funcionarios en los ministerios y organizaciones claves, integrar el Consejo de Gobierno o Consejo de Emergencia Nacional con toda la capacidad necesaria, pero tomando en cuenta la coyuntura relativa a filtrar la responsabilidad delincuencial de partidos e individualidades cómplices del régimen, especialmente procedentes del chavismo que, ya enriquecidos y con antecedentes irregulares de su comportamiento, son ahora «opositores», o más bien, gatopardos o topos.
En la coyuntura se debe, legal y obligatoriamente, solicitar la presencia de la DEA en el país para que los grupos de inteligencia democráticos internos hagan conjuntamente lo necesario para instrumentar las decisiones judiciales puestas en práctica por la administración de justicia norteamericana al declarar a funcionarios como narcotraficantes y al Estado terrorista, sin olvidar que cualquier relación de cualquier naturaleza con esos personajes con antecedentes, automáticamente los hace cómplices y potencialmente delincuentes, e inevitablemente sujetos a la acción de la justicia.
La sociedad civil representada por organizaciones no contaminadas, personas honorables que han sufrido el desprecio y opresión del régimen y de la misma oposición oficial, debe emerger con toda la fuerza popular organizada y buscar el reacomodo dirigencial pudiendo ofertar sus mejores capacidades para contribuir y terminar la tragedia que se ha cernido sobre el país. Debe ser el catalizador de un cambio de verdad, y contribuir a deponer a la delincuencia organizada con toda la ayuda institucional necesaria y colocarlas en el hábitat adecuado para el cumplimiento de las sanciones aplicadas a los delincuentes sentenciados.
Hay una potencial y positiva esperanza, organicémonos para retomar la conducción democrática de un pueblo sufrido y expoliado cuya contribución será necesaria para reconstruirlo. Los secuestradores ya no tendrán escapatoria, y los secuestrados cuya devoción oportunista les permitió aliarse y que colaboraron con el régimen deben apartarse a redimir sus pecados.
Nuevas fuentes emergentes surgen de la nada, los vientos de libertad comenzaron a desatarse en Venezuela.