El silencio administrativo en España es típico de una conducta sinuosa ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Universidades a variadas solicitudes presentadas de acuerdo con sus procedimientos por profesionales homologantes de títulos otorgados por universidades internacionales con residencia en el país y que desean ejercer sus profesiones universitarias legal y dignamente aportando una contribución científica y profesional al país que legalmente los acogió, pero se aprecia de manera notable esa conducta interpretada como un rechazo oculto al margen de reglamentos e instrumentos legales que pone de manifiesto por parte de los funcionarios incumplimientos legales, los cuales se han hecho extensivos a algunos directivos del sector universitario cuya resistencia viola sus propios estamentos y pone claramente de manifiesto la desobediencia a las leyes españolas y acuerdos internacionales y que por negligencia no responden o no fijan posiciones obligantes por las respectivas reglamentaciones y normativas del caso.
Esta falta de respuesta, que puede prolongarse indefinidamente, ha generado una serie de problemas y consecuencias para aquellos que nos vemos afectados por esta situación, este fenómeno del silencio administrativo como una forma de maltrato institucionalizado tiene implicaciones éticas y legales que surgen de esta práctica. Cuando una entidad administrativa no emite una respuesta en un plazo determinado ante una solicitud o trámite puede ser positivo, cuando la falta de respuesta se considera como una aceptación de la solicitud; o negativo, cuando se considera como una denegación implícita. El negativo es el que está creando mayores controversias.
En primer lugar, genera incertidumbre y desamparo, ya que no recibimos una respuesta clara y precisa sobre el estado de las solicitudes. El impacto emocional y psicológico significativo en todos los profesionales de psicología, ingeniería, odontología, medicina, enfermería está generando estrés, ansiedad e incluso depresión, nos sentimos desprotegidos y desatendidos por parte de las instituciones encargadas de velar por nuestros derechos y en franca violación de los derechos humanos.
Desde el punto de vista ético, es maltrato, ya que viola el principio de trato digno y respetuoso hacia los ciudadanos. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de responder de manera oportuna y adecuada a las solicitudes no impidiendo el ejercicio de este derecho fundamental. Legalmente, están generando vacíos jurídicos y vulnera el principio de seguridad jurídica ya que los ciudadanos tienen el derecho de recibir una respuesta fundamentada y motivada por parte de las entidades administrativas lo cual y como consecuencia afecta la confianza en el sistema legal español y es digno de un debate entre los parlamentarios ante tal situación y poner en orden las funciones del poder ejecutivo que genera un sentimiento de impunidad por parte de dichas administraciones. La falta de respuesta socava este derecho fundamental y genera una sensación de desprotección y desatención por parte del Estado. Tiene un impacto devastador en la vida de los homologantes. Donde la incertidumbre generada por la falta de respuesta afecta aspectos cruciales como el acceso a servicios básicos, la obtención de empleo o la resolución de situaciones urgentes. Estamos en un limbo burocrático, sin saber si sus solicitudes han sido aceptadas o rechazadas, lo que genera estrés, ansiedad y desesperación.
Esto refleja la falta de responsabilidad por parte del ministerio, el CRADO. Las instituciones destinadas a servir y proteger a los ciudadanos, pero el silencio muestra una negligencia y desinterés alarmantes. ese desamparo institucional nos deja sin una vía clara de recurso o apelación, generando una sensación de impotencia frente al poder estatal. Lo usan como una forma de poder y control por su parte al mantener a los homologantes en un estado de incertidumbre y dependencia el cual puede interpretarse de varias maneras incluyendo la xenofobia y creando una dinámica de sumisión y subordinación. Esta manipulación permite que el Ministerio de Universidades ejerza su poder de manera discrecional y sin rendir cuentas, perpetuando una relación asimétrica entre Estado y homologantes. Éticamente, es una afrenta a la dignidad humana, merecemos ser tratados con respeto y consideración.
Además, desde una perspectiva legal, el silencio plantea serias preocupaciones. El Estado tiene el deber de actuar dentro de los marcos legales y brindar un entorno jurídico seguro y predecible. Sin embargo, al no emitir una respuesta, el Ministerio de Universidades evade su responsabilidad de justificar y fundamentar sus decisiones. Esto genera un vacío jurídico y crea en una posición de indefensión a los peticionarios que en realidad aportarían sus conocimientos al desarrollo científico y profesional al país.
Es fundamental destacar que no solo afecta a los homologantes en términos individuales, sino que también socava la confianza en el sistema y en las instituciones democráticas. Cuando los afectados perciben que no se les brinda una respuesta adecuada por parte de las del Ministerio de Universidades, se genera un sentimiento de impunidad y descontento. Esto erosiona la legitimidad del Estado y socava la participación ciudadana en el proceso democrático. La legislación establece plazos para que el Ministerio emita una respuesta a las solicitudes presentadas. Sin embargo, es necesario ir más allá de la legislación, de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en la administración pública.
En conclusión, el silencio administrativo representa una forma de maltrato institucionalizado que afecta a los homologantes en múltiples niveles. Ante las graves implicaciones del silencio administrativo, es crucial las reformas y soluciones efectivas. En primer lugar, se deben establecer plazos claros y estrictos que deben ser realistas y razonables, evitando dilaciones innecesarias que prolonguen la incertidumbre de los homologantes. La falta de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública las entidades administrativas deben estar obligadas a proporcionar información clara y detallada sobre el estado de las solicitudes, mejorar los sistemas de gestión de trámites y utilizar tecnologías que faciliten el seguimiento y la comunicación eficiente entre las partes involucradas.
Es necesario dar cabida a los mecanismos de apelación y revisión para que los homologantes puedan impugnar las decisiones tomadas en su contra o presentar recursos en caso de falta de respuesta, deberían ser ágiles, accesibles y garantizar una evaluación imparcial y democrática de los casos. Solo a través de estas acciones podremos erradicar esta práctica y construir un sistema administrativo más justo, eficiente y responsable.