El rey Felipe VI, los jueces y la independencia judicial en España

A lo largo de mis artículos, y en especial en los relacionados con la independencia judicial, trato de expresarme de la manera más sencilla posible con el fin de que el amable lector comprenda el contexto jurídico y la importancia que, para un Estado de Derecho, significa contar con un Poder Judicial serio y responsable, que administra justicia de manera imparcial sin estar sujeto a intereses ajenos a la función judicial ni a los dictados políticos, y menos cuando, torticeramente, se pretende utilizar a los magistrados y jueces para crear un “lawfare”, -judicializar un asunto político- o peor aún, valerse del periclitado concepto del “Sippenhaft” para encarcelar a los adversarios con la bendición de un tinterillo que hace las veces de juez, de un Mujiquita.

En anterior columna comenté lo que para nadie es un secreto -porque es público y notorio-, que el Poder Judicial de España se encuentra bajo acoso, por años, desde el campo de la política, tal como lo reseñé en 2021 al afirmar que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vio obligada a aprobar por unanimidad una declaración invitando a los críticos de la función judicial a la “( … ) moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial” (Ver: LA PELIGROSA ZONA DE CONFORT: La debilidad de la Democracia ante la incesante actividad del comunismo y sus adláteres : SARMIENTO SOSA, Dr. CARLOS J., SARMIENTO C., CARLA A.: Amazon.es: Libros).

Esta situación de beligerancia contra el Poder Judicial ha sido una constante que ha arreciado en los últimos tiempos, especialmente con motivo de los pactos que ha tenido que realizar el PSOE con el comunismo y sus adláteres -como los  independentistas- para que Pedro Sánchez pudiera formar gobierno y la promoción de una ley de Amnistía que beneficiaría a ciertos delincuentes políticos y la creación de comisiones legislativas para que revisen las decisiones judiciales y determinen la aplicación del lawfare por los jueces, además de denigrar de éstos  y acusarles de parcialidad en las investigaciones que realizaron o realizan en los procesos que atienen a aquellos delincuentes.

Ante este escenario, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha reivindicado la independencia del Poder Judicial y ha asegurado que la acción de la justicia “( … ) nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. ¡Déjennos en paz!”.

Las palabras de Guilarte fueron pronunciadas recientemente en el acto de graduación de más de 150 jueces de la 72ª promoción de la carrera judicial celebrado en Barcelona, ceremonial que estuvo presidido por el monarca Felipe VI quien, al hacer uso de la palabra, extendió su brazo protector sobre los jueces al declarar que éstos forman parte de «( … ) la esencia del Estado de Derecho…Sois, tenedlo siempre presente, jueces europeos. Vuestra labor resulta imprescindible para aplicar el Derecho Comunitario«.

En su alocución, ceñido a su papel de jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones como indica el artículo 56 de la Constitución de 1978, reiteró que el Poder Judicial es “( … ) pieza clave en la arquitectura institucional ( … )” como “( … ) poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás”.

Con respecto al valor jurídico de las decisiones de los jueces en una democracia, el rey tajantemente expresó:

“El respeto a las resoluciones judiciales dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables en una democracia”; y al valorar la independencia del Poder Judicial como institución, no dudó en afirmar a plena conciencia que “(…) cada juez en el ejercicio de su función jurisdiccional (…) es “(…) la esencia del Estado de derecho (…) todos han de preservarla y respetarla”.

En cuanto a la actuación del juez en ejercicio de sus funciones, el rey recordó a los nuevos jueces que deben actuar con integridad e imparcialidad; y regirse por “(…) un especial sentido del deber (…) evitando (…) cualquier atisbo de impulso o interés personal. Son el interés general de la sociedad y la institución de la que ya formáis parte los que han de prevalecer, siempre y bajo cualquier circunstancia”.

Al admitir que la Justicia es uno de los “valores superiores” del ordenamiento jurídico, el rey revalidó su condición de demócrata al decir que “Sin Justicia, y sobre todo sin una Justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática”. Una declaración que debió avergonzar a esos dictadores y seudodemócratas con fachadas democráticas que interfieren en la administración de justicia y que, a su antojo, utilizan al sistema judicial para judicializar asuntos políticos.

En conclusión, la loable defensa del rey Felipe VI frente a los jueces se puede considerar como un llamado de conciencia a la unidad de los ciudadanos en la defensa de los valores democráticos y de la independencia judicial para asegurar la vigencia del Estado de Derecho en España.