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La sociedad venezolana se caracteriza, actualmente, por una creciente apatía hacia los asuntos políticos, lo cual dificulta el fortalecimiento y desarrollo de las acciones que pueda realizar la oposición democrática en contra de las arbitrariedades del régimen madurista. Esta apatía no se debe a la ausencia del natural repudio que suscita el gobierno de Nicolás Maduro, sino al desencanto y frustración que le causa a amplios sectores sociales la reprochable incapacidad de la dirigencia política opositora para construir un sólido movimiento unitario, conducido por un liderazgo reconocido y acatado, que tenga la suficiente idoneidad para establecer una definida estrategia, un conjunto de acciones y un mensaje común que logre entusiasmar nuevamente a la inmensa mayoría de venezolanos víctimas de la tragedia que vivimos. Esta realidad le permite al gobierno de Nicolás Maduro mantener una amplia estabilidad derivada del férreo control que ejerce sobre los poderes públicos, los medios de comunicación, la Fuerza Armada Nacional y demás organismos de seguridad del Estado en medio de una permanente acción represiva. Sin embargo, su absoluta ilegitimidad ha generado un creciente rechazo y un amplio e inmanejable aislamiento en el campo internacional.
Esta realidad se agudizó a partir de la firme posición asumida por los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Grupo de Lima de imponer sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro y a algunos de sus altos funcionarios, así como a empresas en Venezuela y en el exterior, después de la írrita elección presidencial del año 2018 y de las graves violaciones de los derechos humanos. El objeto de dichas sanciones ha sido debilitar al gobierno madurista limitando su capacidad para beneficiarse de las operaciones petroleras estatales, de la explotación minera, y de otras transacciones comerciales. El régimen ha tratado, infructuosamente, de justificar el rotundo fracaso de su incompetente gestión escudándose en el efecto de esas sanciones. Sin embargo, importantes estudios económicos, como los realizados por la Universidad de Harvard y el Instituto Brookings, sostienen que “al analizar varios resultados socioeconómicos en Venezuela, a lo largo del tiempo, se observa que el peso del deterioro de las condiciones de vida ocurrió antes de que las sanciones fueran aplicadas en el año 2017”. De igual manera, la confianza en la economía venezolana ya se había perdido para ese año, en virtud de la inseguridad jurídica y de los numerosos hechos de corrupción.
La responsabilidad de Nicolás Maduro en la actual tragedia venezolana es ineludible y debería constituir la principal bandera de la oposición democrática en su lucha contra el régimen madurista. Lamentablemente, y de manera inexplicable, su dirigencia no ha sido capaz de organizar y conducir, como un todo, un vigoroso movimiento de protesta, en todos los ámbitos de la vida nacional, en contra de la gravísima situación económica y de las permanentes arbitrariedades del desgobierno madurista. Igualmente ha fallado ante la necesidad de constituirse en un interlocutor que coadyuve en los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir a la superación de la grave crisis venezolana. Tan inaceptable conducta ha traído como consecuencia un sensible debilitamiento de ese invalorable apoyo. Esta situación se debe recuperar con urgencia y es justamente el reto que tiene la oposición: crear una nueva organización que represente la totalidad, o, por lo menos, a los sectores más representativos de la oposición venezolana. Esa nueva organización, con un liderazgo reconocido y acatado, debería concertar conversaciones con dichos sectores a fin de establecer una sólida estrategia para enfrentar el desgobierno madurista y un convincente mensaje que rompa, de manera definitiva, con la reinante apatía.
Es verdad que, durante estos veinte años de lucha por recuperar la democracia, se logró crear algunas organizaciones unitarias que al final no tuvieron el éxito esperado, porque fueron establecidas fundamentalmente con fines electorales y porque los egos y las absurdas rivalidades condujeron a su fracaso y desaparición. Sin embargo, la experiencia de esos años indica que una organización como lo fue, por ejemplo, la Mesa de la Unidad Democrática, puede ser el camino, pero con un fin más permanente y con una dirección con suficiente representatividad y fuerza. Para ello, me atrevería a sugerir unas elecciones primarias gestionadas por ANCO. El rotundo éxito obtenido en la Consulta Popular es un gran aval. La dirigencia opositora debería asumir este reto y empezar conversaciones, a la brevedad posible, a fin de crear el ambiente necesario para poder organizar esas elecciones en las cuales deben presentarse planchas para dirigir dicha organización. Esta idea, que he querido transformar en un reto para la dirigencia opositora, no ha sido, hasta ahora, discutida en el seno de la oposición democrática. Me surge de la angustia que produce ver a Venezuela en tan trágica situación. La única respuesta que espero es una acción que permita fortalecer y capacitar a la oposición democrática para la difícil tarea de enfrentar, con mayor eficiencia, al régimen madurista.