El regreso de la revolución judicial

Después de unos meses desaparecida, desde el pasado fin de semana ha retomado su trabajo la Comisión para la Revolución Judicial, que recordemos fue creada por Nicolás Maduro el 21 de junio del año pasado, con el objetivo principal de  eliminar el hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela, que como he dicho muchas veces se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

Para esto en aquella oportunidad dio un plazo de 90 días para cumplir con su trabajo y aunque lograron disminuir un poco el hacinamiento de estos lugares, el mismo sigue siendo muy crítico.

La organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, en su último informe correspondiente al año 2021, respecto al trabajo de la comisión dijo: “Si el objetivo fundamental de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial era, como dijera el presidente de la república, acabar con el hacinamiento, lograron disminuirlo, es cierto, pero aún este supera en 161% el total de cupos disponibles en los 302 calabozos o Centros de Detención Preventiva que fueron revisados en diciembre del 2021. Para esta fecha el hacinamiento había bajado en 130,75%. Evidentemente mejor  que los niveles que había antes de la creación de la comisión, pero no precisamente un éxito. Aún, hoy en día, con los nuevos detenidos y el incumplimiento del debido proceso, la situación sigue amenazando en volver a la anterior y esperamos que no la supere pronto”.

Es evidente que el regreso de esta comisión, que aunque nunca fue eliminada, dejó de visitar los centros de detención preventiva del país para cumplir con la labor encomendada, es una clara muestra de que el problema continúa y que en su primera fase no lograron cumplir con los objetivos asignados.

Pienso que en la primera fase de trabajo de la Comisión para la Revolución Judicial se caracterizó por la improvisación y falta de coordinación entre los diferentes actores que forman parte de ella, aunado con eso no existía un plan de trabajo común para aplicarlo en todos los estados del país. Igualmente, se generaron falsas expectativas a la población reclusa y sus familiares, que ante la falta de claridad en la información que se daba, creyeron, erróneamente, que se iban a liberar todos los presos, cosa imposible de que sucediera.

Esperamos que en este regreso de la Comisión para la Revolución Judicial se hayan aprendido de los errores del pasado y logren realmente erradicar la mala praxis, usada hasta ahora, de convertir a los centros de detención preventiva o calabozos policiales en centros de permanencia indefinida cuando su uso es para instancias cortas, no superiores a las 48 horas.

Igualmente, hay que pensar en la creación de nuevos espacios, que reúnan las condiciones físicas que garanticen el respeto a los derechos humanos de las y los privados de libertad, pues es claro que en las cárceles tradicionales tampoco hay espacio suficiente para el número de reclusos que tenemos en Venezuela.

Finalizo este artículo con un texto tomado del último informe de Una Ventana a la Libertad: “Dijimos y ratificamos que no se pueden improvisar medidas que se vinculan directamente con la calidad y condiciones de la vida humana, en ningún contexto que esta se desenvuelva. Acabar con el hacinamiento no se logra de la noche a la mañana, sin previamente generar las condiciones que lo hagan posible y permanente, a fin de acabar con esta caótica condición de vida para las personas detenidas o presas en Venezuela. Cuando la violación de los derechos humanos fundamentales es permitida durante tanto tiempo, dejar de hacerlo no es fácil; por ello vemos que se mantuvo el hacinamiento en 16 estados del país, y allí, se mantienen las mismas condiciones de vida que antes y se continúa con la misma impunidad violando los derechos humanos de todas las personas detenidas por una u otra razón. La más básica las condiciones de habitabilidad en los saturados calabozos y la convivencia forzada de detenidos/as enfermos con los sanos”.

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