OPINIÓN

El régimen venezolano y la decisión de la Corte Penal Internacional

por Carlos E. Aguilera Carlos E. Aguilera

CPI

Ante la pregunta que nos inquieren algunos asiduos lectores, acerca de los lapsos que fijó la Corte Penal Internacional para tomar decisiones sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, coincidimos con el colega José Ángel Borrego, quien en su diaria columna «Ensalada de Vainitas», subraya que «es  comprensible la exasperación, que reina en el régimen de Maduro», por la decisión que tomará el máximo organismo mundial de la justicia, en este caso delicado por su trascendencia.

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente, basado en un tratado, que investiga y enjuicia a los autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen de agresión.

La Corte tiene en curso investigaciones en algunos de los conflictos más violentos del planeta, la Fiscalía de la CPI es un órgano independiente de la Corte. Lleva a cabo exámenes preliminares e investigaciones y es la única entidad que puede llevar casos ante la Corte.

A lo largo de los primeros veinte años de sus operaciones, la CPI ha juzgado y resuelto causas importantes para la justicia internacional, arrojando luz sobre los crímenes de civiles inocentes. Gradualmente, mediante sus fallos en causas ejemplares, ha ido creando una jurisprudencia autoritativa; abierto varias causas, y sus magistrados han emitido condenas y absoluciones.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de carácter supranacional, creado por acuerdo de los Estados, o por organizaciones internacionales, y su función es la de enjuiciar y condenar por los delitos más graves de relevancia internacional, como los de genocidio;  lesa humanidad, etcétera, cometidos por personas individuales.

La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, con vocación universal, de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado por medio del Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, Países Bajos, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente involucrados en hechos violatorios contra los derechos humanos.

La Corte Penal Internacional investiga, procesa y, en última instancia, condena a personas por los crímenes internacionales más graves. Está constituida por una Presidencia y dos vicepresidentes. Cuenta con tres secciones: Apelaciones, de Primera Instancia y una de Cuestiones Preliminares, que es la que decide dictar una orden de detención o de comparecencia contra algún presunto responsable, a petición del fiscal.

Es importante no confundir la Corte Penal Internacional con el Tribunal Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, que juzga los litigios entre Estados.

Hasta la presente fecha han sido procesados por la Corte Penal Internacional: Muamar el Gadafi, Libia, 2011; Laurent Gbagbo, Costa de Marfil, 2011; Omar al-Bashir, Sudán, 2009; Slobodan Milosevic, Serbia y Yugoslavia, 2001; Jean Kambanda, Ruanda, 1997.

El gobierno de Nicolás Maduro se encuentra bajo escrutinio de la Corte Penal Internacional, tras la apertura de una investigación sin precedentes en América, por presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2017, por lo que le fue abierta una investigación que constituye una nueva página en la historia de los procesos judiciales de la Corte Penal Internacional, que desde su fundación en 1998 ha procesado a tres mandatarios en todo el mundo.

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