El régimen-plaga

Foto AFP

Venezolanos que han hecho travesías que superan los 4.000 kilómetros, les niegan el ingreso a Estados Unidos y los devuelven en la frontera con México: huidos del régimen-plaga.

Venezolanos que atraviesan la selva de Darién a pie ―entre el noreste de Colombia y el sureste de Panamá―, más de 100 kilómetros habitados de toda clase de acechanzas y riesgos reales para la vida, son muchos los que mueren enfermos o a causa de heridas infectadas, asesinados por delincuentes, muchos los que desaparecen o son violados, robados, torturados o vejados: víctimas del régimen-plaga.

En México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia hay, ahora mismo, migrantes venezolanos durmiendo en las calles, mendigando, protagonizando escenas de miseria y degradación, venezolanos apostados en las puertas de las oficinas públicas pidiendo ayuda para comer o para atender a una enfermedad: más víctimas del régimen-plaga.

En los últimos cinco años, una realidad que no tenía antecedentes: venezolanos que, con alta recurrencia, encabezan las noticias de sucesos en varios países de América Latina como víctimas o victimarios. Mujeres a las que prostituyen y explotan; niños a los que reclutan las narcoguerrillas de Colombia o bandas de delincuentes en Perú o Guatemala; pobres que son ejecutados por no honrar una deuda con un prestamista; trabajadores, formales o informales, que son agredidos verbal o físicamente por nacionales en acciones cargadas de odio xenófobo; bandas delincuenciales que se deslizaron entre los millones que han salido del país, y que han ido a otros lugares ―Colombia, Ecuador, Perú y Chile, principalmente― a violar las leyes y la convivencia en ciudades de esos países. Son secuelas del régimen. Del régimen-plaga.

En Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago y más, la situación de los migrantes venezolanos ha escalado y es un asunto prioritario, recurrente y problemático para gobiernos y autoridades. Atrás ha quedado la excepcional política de acogida y legalización que el expresidente de Colombia Iván Duque activó y puso en movimiento en marzo de 2021, con el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en Colombia. La tendencia, especialmente en los últimos meses, es de hostilidad: expulsar (como ha ocurrido en Guatemala), prohibir, crear limitaciones y reglamentos feroces, alentar el rechazo y los prejuicios en contra de nuestros compatriotas. Mientras todo esto ocurre, la Organización de Naciones Unidas testifica que hemos cruzado la línea de los 7,1 millones de migrantes, y que la tendencia de huida del país se mantiene. Esto quiere decir que la nación venezolana, tras haber perdido ya una cuarta parte de su población, se encamina a una cifra mayor, sin antecedentes en la historia del continente: perder un tercio de sus habitantes en dos décadas, resultado de una sociedad que huye del régimen, del régimen-plaga.

Pero el espanto de la acumulación de sufrimientos no termina en lo señalado hasta aquí. Apenas comienza. La llegada de una copiosa temporada de lluvias no solo ha acabado con numerosas vidas (¿60, 70, 80 personas en 3 o 4 semanas?), sino que ha destruido centenares de casas, decenas de calles y carreteras, ha bloqueado vías en 8 estados, ha colapsado varios miles de kilómetros de desagües y sistemas de drenaje, ha interrumpido lo que ya estaba interrumpido, ha deteriorado lo que ya funcionaba mal, ha empeorado lo que ya venía del mal en peor: la debacle de los servicios públicos. Debacle creada y extremada por el régimen-plaga.

El país que recibe por los grifos agua amarillenta o marrón o negra ―como si la primera plaga bíblica, en la que el agua se convierte en sangre, se materializara―; el país que sufre constantes cortes eléctricos de duración varia, mucho más prolongados en la provincia que en Caracas; el país que paga por servicios de Internet precarios, intermitentes e irregulares, sin derecho a protestar; al país que debe pagar comisiones en dólares para que los técnicos de la empresa telefónica gubernamental arreglen los fallos que ellos mismos han creado; el país que pasa semanas y hasta meses sin acceder al servicio de gas doméstico, en manos de mafias que revenden las bombonas a precios de lujo. Evidencias del régimen-plaga.

El país que va a cualquier oficina pública a solicitar un documento, una autorización o a cumplir con un deber reclamado por alguna ley, y se encuentra con que no hay energía eléctrica, o el sistema informático no funciona, o no hay papel, o no hay tinta, o no hay planillas, o no hay estampillas, o el funcionario encargado de firmar no ha ido a cumplir con su trabajo en días y el día que aparece no le provoca cumplir; al país que debe pagar coimas para obtener una cédula de identidad, o un pasaporte, o una copia de la partida de nacimiento o de matrimonio, o para apostillar una titulación académica o cualquier otro documento, coimas que deben pagarse en dólares; el país al que le tiran la puerta a la cara, funcionarios amparados por su filiación al PSUV/régimen. El país que todos los días, sin tregua, recibe como respuesta un no. Siempre no. El no eterno del régimen-plaga.

Los ciudadanos a los que amenazan o detienen por protestar porque no tienen agua; los líderes naturales o sindicales a los que siguen y espían por oponerse a que los despojen de sus derechos; los familiares de los presos políticos, civiles o militares, que son testigos del deterioro de la salud de sus familiares, y que además son extorsionados, amenazados o perseguidos. Víctimas del régimen-plaga.

Los venezolanos que viven en zonas controladas por las narcoguerrillas, o que son testigos del modo en que se está destruyendo la Amazonia venezolana, por la acción depredadora de la minería. Testigos del régimen-plaga.

Todos estos venezolanos aquí mencionados, la inmensa y abrumadora mayoría, saben que no son diez sino cien o más las plagas. El régimen-plaga no se detiene: destruye, arruina, empobrece.