Las recientes declaraciones de la ahora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, en funciones desde el 5 de enero del presente año y anteriormente ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, no deja de sorprendernos, esta vez por la intervención que tuvo en la institución de la cual es miembro de su directiva, el pasado jueves 10 de junio y la cual va en contra de todo lo que dijo mientras fue ministra para el Servicio Penitenciario, cargo que ejerció desde la creación del misml el 26 de julio de 2011, hasta casi su lanzamiento como candidata a la Asamblea Nacional, con un pequeño intervalo de tiempo en que fue miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente convocada por la dictadura de Nicolás Maduro. Lo dicho en la sesión de la Asamblea Nacional del jueves 10 de junio es un recule completo, a la posición que sostuvo mientras fue Ministra para el Servicio Penitenciario.
En los últimos años mucho he escrito y declarado públicamente del caos que vive el sistema penitenciario venezolano y la irresponsabilidad absoluta del Ministerio para el Servicio Penitenciario en asumir este desastre, porque según el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio, es a ellos, a quien le corresponde velar por los derechos humanos y garantizar las condiciones de vida de todos los hombres y mujeres privadas de libertad, sin importar si están procesados o penados, ni el lugar donde se encuentren.
Durante los años en que permaneció la señora Varela como ministra penitenciaria, una de las características principales de su gestión fue que siempre dijo que el sistema penitenciario venezolano era perfecto, no había hacinamiento, retardo procesal y hasta se atrevió a decir que Venezuela tenía el mejor sistema penitenciario del mundo y que desde otros países la llamaban a solicitarle consejos para hacer mejoras.
Ahora resulta que en una visita que hicieron un grupo de diputados miembros de la Comisión de Política Interior recientemente, entre los que ella estaba, estuvieron en tres organismos de detención en Carora, estado Lara, en los que hay privados de libertad, pese a no cumplir las condiciones de tener detenidos de manera permanente. La diputada Varela, en su intervención en la Asamblea Nacional, precisó que en las sedes de los destacamentos de la Guardia Nacional (GN) y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hay privados de libertad, en reducidos espacios y «en condiciones críticas y alarmantes».
Igualmente habló del retardo procesal existente, donde hay presos que tienen hasta 6 años esperando se les haga la audiencia preliminar. Debo aclarar que esta audiencia debería realizarse en los primeros 3 meses de detención aproximadamente, según establece nuestra legislación.
Realmente resultaron asombrosas las declaraciones de la señora Varela sobre esta situación, pareciera que olvidó por completo que la responsable de velar por las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos, de los hombres y mujeres privadas de libertad en Venezuela, en los últimos 10 años, fue ella. No recuerda la ahora diputada, que ante las graves denuncias que hacían las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Una Ventana a la Libertad de la cual soy su coordinador general, así como familiares, ella guardo silencio y se escurrió el bulto, como decimos en criollo, diciendo que eso no era su responsabilidad.
Se le olvida a la exministra de Asuntos Penitenciarios que el desastre que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales es responsabilidad de ella, cuando prohibió el ingreso de reclusos a las cárceles, si el ministerio que dirigía no lo autorizaba previamente; lo cual trajo como consecuencia que estos sitios se convirtieran en las nuevas cárceles venezolanas, como ella misma lo definió «en condiciones críticas y alarmantes».
Ojala que este recule de la diputada Iris Varela sirva para mejorar las condiciones de vida de las y los privados de libertad, en que se busque eliminar el retardo procesal tan alarmante que se vive en Venezuela, que aunque no hay cifras oficiales desde hace muchos años, ronda por el 70% de la población penitenciaria sin sentencia definitiva y que los calabozos policiales o centros de detención preventiva recuperen su función de tener reclusos solo por lapsos de 48 horas.
Es el momento de que arregle el desastre que ella creo.
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