Lo sucedido el 28 de julio sigue teniendo profundas repercusiones dentro y fuera de Venezuela. Basta tan solo con percatarse del posicionamiento que los actores políticos están teniendo tras las elecciones para percibir que simplemente el país no es el mismo. En principio, la brutal represión. El régimen de Nicolás Maduro pasó de algo menos de 300 presos políticos, una cifra de por sí ya suficientemente escandalosa, a 2.000 presos y la construcción acelerada de campos de concentración para los arbitrariamente detenidos. Algo totalmente incompatible con el supuesto triunfo anunciado por el CNE.
Por otra parte, actores políticos que no participaron en las primarias de la Plataforma Unitaria o respaldaron tardíamente a Edmundo González Urrutia, o apoyaron otras candidaturas o de plano se abstuvieron en las elecciones, como por ejemplo Leocenis García de Prociudadanos y Enrique Márquez del partido Centrados, o el Partido Comunista y la Plataforma Bloque Histórico, han pasado a ejercer un rol protagónico en la exigencia cívica de la publicación de las actas electorales, con tanta intensidad y riesgo como el asumido por la misma Plataforma Unitaria. De hecho, mientras escribimos estas líneas Leocenis García permanece arbitrariamente detenido. Al ver los eventos y declaraciones a la distancia, el 28 de Julio sirvió como catalizador de una mayor unidad y cohesión de todos los actores políticos que aspiran a la restitución de la vigencia de la Constitución de 1999 que ha sido, de facto, suspendida.
Ahora bien, en el plano internacional, se ha manifestado un movimiento de solidaridad con la causa democrática venezolana totalmente inédito. Particularmente, tras el exilio forzado al que ha tenido que recurrir el presidente electo, Edmundo González Urrutia. Empezando por el Congreso de los Diputados de España y luego por el Parlamento Europeo, crece el reconocimiento institucional al ganador de las elecciones presidenciales venezolanas y, al unísono, el desprecio por las prácticas represivas y violentas de la dictadura.
Incluso, por estos días, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; en ocasión de ser presentado un nuevo informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en el cual se documentan las masivas detenciones arbitrarias ya referidas y que incluyen a 158 niños y adolescentes, la denuncia de 25 fallecidos en las protestas del 29 y 30 de julio y la detección de actos de torturas, tratos crueles e inhumanos; permitió a la casi totalidad de los países representados en dicho foro expresar su total rechazo a semejante barbarie.
Todo esto ocurre en tiempo real, todo y todos a la vez, sin embargo, aunque esperanzador, no significa automáticamente que el régimen dictatorial proceda a rendirse y permitir una transición democrática de conformidad con la voluntad popular. Al menos no hay indicios en ese sentido. Todo parece indicar, por el contrario, que la dictadura se apresta a convertirse en un régimen antidemocrático tal como Cuba, Nicaragua o Corea del Norte. Aunque no es satisfactorio, eso de por sí ya representa un parteaguas: desde el 28 de julio, Nicolás Maduro es considerado presidente de facto, sin legitimidad democrática y, por más dinero que pueda repartir entre incontables especialistas internacionales en bulos, relatos, marketing y blanqueamiento, por más intensa labor de lobby global y “mujiquitas” influencers de lo que queda de Podemos en España, nadie pondrá en duda que el pueblo votó por Edmundo González Urrutia.
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