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El autor checo Franz Kafka escribió una obra entre 1914 y 1915 que se considera una de las más influyentes del siglo XX. Aunque quedó inconclusa al momento de su muerte en 1924, fue publicada de manera póstuma en 1925 por Max Brod con el título El Proceso.
La narrativa de la historia consiste en describir, en un mundo de ficción, lo sucedido a Josef K., un gerente bancario que sin haber cometido ningún crimen es arrestado una mañana por una razón que desconoce. De hecho, la obra comienza con la famosa frase: “Alguien tenía que haber calumniado a Josef K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo”.
En esta magnífica obra de ficción, el protagonista, Josef K, vivía en un Estado de Derecho, en todas partes reinaba la paz, y todas las leyes permanecían en vigor, pero “¿quién osaba entonces atropellarle en su habitación?”. En medio de esta situación se preguntó: ¿Cómo puedo estar detenido?, y exclamó a los vigilantes: “Aquí están mis documentos de identidad, muéstrenme ahora los suyos y, ante todo, la orden de detención”. Le respondieron: ¿Y qué nos importan a nosotros? (…). ¿Qué quiere usted? ¿Acaso pretende al hablar con nosotros sobre documentos de identidad y sobre órdenes de detención que su maldito proceso acabe pronto? Somos empleados subalternos, apenas comprendemos algo sobre papeles de identidad, no tenemos nada que ver con su asunto, excepto nuestra tarea de vigilarle diez horas todos los días, y por eso nos pagan. Eso es todo lo que somos. No obstante, somos capaces de comprender que las instancias superiores, a cuyo servicio estamos, antes de disponer una detención como ésta se han informado a fondo sobre los motivos de la detención y sobre la persona del detenido. No hay ningún error. El organismo para el que trabajamos, por lo que conozco de él, y sólo conozco los rangos más inferiores, no se dedica a buscar la culpa en la población, sino que, como está establecido en la ley, se ve atraído por la culpa y nos envía a nosotros, a los vigilantes. Eso es ley. ¿Dónde puede cometerse aquí un error?
––No conozco esa ley, dijo Josef K.
––Pues peor para usted, dijo el vigilante; y enfatizó diciéndole: Ya sentirá sus efectos.
En resumen, Josef K. se enfrenta a una maquinaria administrativa y judicial inaccesible, alienada, burocrática, sobornada y opresiva. No sabe qué tribunal le está acusando. Se encuentra rodeado de burócratas e incluso personajes que parecen tener la intención de querer ayudarlo, pero son igualmente impotentes y corruptos. Está atrapado en una lucha por comprender su situación y buscar respuestas en un mundo absurdo y burocrático ya que en un proceso judicial donde la ley es incomprensible, la justicia parece inalcanzable (Un proceso llamado “kafkiano”).
Sin duda alguna, El Proceso es una obra literaria fascinante que ha sido objeto de numerosos análisis y debates sobre el sentido de la justicia en una atmósfera opresiva y laberíntica.
Ahora bien, en Venezuela, pudiera encontrarse cierto parecido entre la tragedia ficticia de Josef K. (personaje de ficción) y la tragedia real de muchos venezolanos que, como lo ha denunciado Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas), organizaciones no gubernamentales y demás formas de organización de la sociedad civil, se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, acusadas de supuestos planes de magnicidio, acciones violentas contra Venezuela, delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Colma la atención, la forma de los procesos judiciales seguidos contra los privados de libertad. Como ejemplo, el reciente proceso seguido contra la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, detenida el pasado 9 de febrero, junto con algunos familiares, situación que el fiscal general de la República calificó de una aprehensión “acorde a la Ley”, llamando “mitómanos y tarifados” a los defensores de varias organizaciones que habían denunciado que esas personas fueron víctimas de desaparición forzada conforme con lo dispuesto en nuestro Texto Constitución y el Código Penal, además de lo previsto en la específica Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El fiscal general indicó en una conferencia de prensa: “Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”. Además, dijo: “¿Cómo explican que hasta ahorita haya gente diciendo de una desaparición forzada? Todo es para enlodar la democracia venezolana. Mienten y al mismo tiempo delinquen al decir esas mentiras”. Todo esto es parte de una trama que el propio fiscal Saab ha llamado Brazalete Blanco, y en la que un video que muestra la declaración del exmilitar Anyelo Heredia, detenido el pasado diciembre, es la única prueba del caso.
Los abogados de Rocío San Miguel han denunciado irregularidades en este proceso. Fue trasladada desde la sede del Sebin de El Helicoide al juzgado para la audiencia de presentación, 4 días después de su detención. Hasta este 5 de marzo lleva más de 20 días privada de libertad y se ha suspendido 3 veces su traslado al Juzgado Segundo de Terrorismo de Caracas, lo que impide que juramenten abogados defensores de confianza que puedan revisar el expediente para responder y desvirtuar los cargos e imputaciones en su contra. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron su residencia, Saab dijo que poseer mapas y las gacetas oficiales donde se crearon las zonas de seguridad es una cuestión pública, aunque dijo considerar que su acumulación sistemática es parte de “un trabajo de inteligencia sostenido” y retuvieron mapas y otros elementos de trabajo de la abogada.
En resumen, los defectos prevalentes en el sistema de justicia penal en Venezuela podrían ser descritos como “kafkianos”, haciendo referencia a un entorno de situaciones laberínticas que vulneran de forma manifiesta los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa.
Recomendamos la lectura de El Proceso y solicitamos la libertad de Rocío San Miguel.