Todo gobierno que pretenda perpetuarse en el poder tiene que callar a la prensa. Esa es una ley fáctica. El gobierno que Hugo Chávez comenzó en 1998 tenía esa idea entre ceja y ceja. Los medios son útiles cuando se está en la oposición y se persiguen esos fines ocultos tan apetecidos. Una vez al mando de los controles la cosa cambia, porque saben por experiencia propia que el denominado “cuarto poder” no les pertenece. No es un ministerio, ni una institución pública a la que puedan mediatizar mediante el nombramiento de personajes entregados a la causa. Hay que ser, por tanto, más persistente, más sutil en principio y todo lo severo que demande el proceso de «adecentamiento y de protección del interés público».
Después de que el entonces presidente Chávez salvó su pellejo en el revocatorio de 2004, vino la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). Desde la visión totalizadora de su artículo uno se percibe el germen en desarrollo de la pandemia mediática que se ha padecido a lo largo de 20 años. Dice así:
– Esta ley tiene por objeto establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, proveedores de medios electrónicos, los anunciantes, los productores y productoras nacionales independientes y los usuarios y usuarias, para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la nación, de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Él que no entendió, no entendió, pero allí ya estaba todo o casi todo en un sólo párrafo. El gobierno le transfiere a terceros sus deberes pero solo con el interés de sancionarlos por su mayúscula irresponsabilidad. Si un medio electrónico se dedicara a promocionar, por ejemplo, solo las ideas socialistas, ¿eso sería fomentar el desequilibrio democrático? ¿Por qué? ¿No puede escoger un medio la temática que prefiera como centro de su preocupación profesional y política? La culpa de que la educación, la salud, el desarrollo social y económico de la nación sean la calamidad que son, ¿es responsabilidad de los medios?
Todo empieza mal en realidad desde la propia Constitución, cuyo artículo 58 establece que: “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley”. La ley no puede establecer deberes y responsabilidades por encima de la ley de leyes, cuyo cumplimiento haga que la comunicación no sea ni libre ni plural. Ese remate del inicio del artículo 58 es el acta de nacimiento de la Ley Resorte. También es cierto que, conocidas las intenciones de lo que ahora es un régimen dueño absoluto del poder y todos sus resortes, cualquier otro texto, o la simple ausencia de él, serían vía libre para mucho más que controlar la prensa y los medios: lo que ha ocurrido en Venezuela es un “genocidio» de medios en razón de la utilidad de la cúpula al mando.
El primer objetivo estaba claro desde el día uno: acabar con los medios, comprarlos y luego dejar que se mueran de inanición; amedrentar a dueños y periodistas que se mantengan independientes; bloquear por todas las vías imaginables la difusión de información; abrir la ruta del exilio o las rejas de la cárcel para quien persista en el intento de hablar frente a un micrófono o escribir. “Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado”, dice la carta magna. En este contexto, suena a amenaza.
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