En el año 2017, por primera vez dentro del marco de lo que establecen las leyes, la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela produjo un acto institucional de mucha trascendencia y connotación jurídica y política: designó a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de acuerdo con lo que señala nuestra carta magna.
Fue un proceso de elección complicada y salpicada por algunos obstáculos políticos y de ambiciones partidistas y personales, pero que lograron solventarse y un grupo de conocedores del Derecho en las áreas de su dominio recibieron el visto bueno de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, la intolerancia de un régimen que ya había dado suficientes muestras de irrespeto por las leyes y muy especialmente por la Constitución Nacional emprendió una persecución para evitar tal acto de justicia y democracia, contra los seleccionados y también contra los que en principio integraban la lista de participantes y seleccionados.
Por supuesto, lograron su cometido y algunas individualidades negociaron con el régimen y algunos partidos políticos cedieron al chantaje político y económico.
Muchos de ellos tuvieron que salir por los caminos verdes para lograr marcharse al exilio y vivieron momentos de angustia, tantos ellos como sus familiares. Pero como fueron y son legítimos de origen y valoran los principios de su elección siguieron y siguen luchando por la reinstitucionalización del país.
Siete años ya hace de aquellos acontecimientos que sorprendieron al mundo entero, a las civilizaciones y por sobre todo a la justicia y al obligado control jurídico que debe privar sobre todo contrato social.
Pero la determinación justiciera de los recién nombrados magistrados del TSJ los llevó a constituirse en el exterior y a producir valiosas decisiones y pronunciamientos que en gran parte fueron motivo para que sus propios creadores los dejaran solos y olvidados cuando desde allí pudo y aún se puede iniciar la reinstitucionalización del país. Ellos son el producto más acabado del cumplimiento de la ley y de la independencia de los poderes públicos. Justicia es que se les reconozcan todos sus esfuerzos por la democratización y reinstitucionalización democrática de Venezuela.
El autor es abogado, especialista en gobernabilidad. Doctor en Educación y analista político.
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