Cristina Fernández de Kirchner / Foto: Archivo
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó públicamente la semana pasada a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y a su exministro de Planificación Julio De Vido, por corrupción durante su gestión. La medida incluye la prohibición de entrada a territorio estadounidense tanto para ellos como para sus familiares inmediatos.
Aunque estas sanciones tienen un alcance limitado en términos prácticos, el mensaje es claro: quien abuse del poder público para beneficio personal, tarde o temprano, pagará un precio.
Luce como una jugada cuidadosamente pensada en un tablero político mucho más amplio. Las democracias —sobre todo las frágiles— se juegan cada día en la arena de los incentivos. Políticos, funcionarios y actores económicos toman decisiones en función de riesgos y recompensas. Si un exmandatario puede enriquecerse ilícitamente, conservar el poder simbólico y aún ser bienvenido en las grandes capitales del mundo, entonces el mensaje para quienes hoy ocupan cargos públicos es devastador: robar el erario puede salir caro.
En esencia, lo que está en juego aquí es un nuevo equilibrio. No es que el gobierno de Trump haya descubierto súbitamente la corrupción de Kirchner y De Vido. Es que eligió este momento, y este acto, para fijar una posición. Y en política internacional, los gestos tienen peso. Son señales que otros leen con atención.
Siempre hay razones, sin embargo, para el escepticismo. Estados Unidos ha sido inconsistente en la aplicación de este tipo de sanciones. Algunos aliados cercanos con prácticas igualmente cuestionables siguen gozando de acceso y legitimidad. Si la lucha contra la corrupción se percibe como selectiva o ideológica, pierde fuerza. Pero si se convierte en una política sostenida, transparente y universal, puede tener un efecto poderoso: elevar el costo de la corrupción a nivel regional.
Cristina Fernández de Kirchner, ya condenada en tribunales argentinos, usará esta sanción como prueba de una supuesta persecución política orquestada desde el exterior. Su base dura la apoyará con más fervor. Pero otros actores —líderes actuales, futuros candidatos, empresarios conectados con el poder— verán esta jugada con otros ojos. Como una señal de que el tiempo de la impunidad algún día tendrá su fin.
En América Latina y el Caribe, donde la corrupción ha sido una trampa recurrente para el desarrollo, no se necesitan promesas grandilocuentes. Se necesitan reglas claras, consecuencias tangibles y coherencia. La sanción de Fernández de Kirchner y De Vido puede parecer pequeña, pero si se convierte en parte de una política sostenida, podría marcar el inicio de una partida distinta.
Y en esa nueva partida, cada decisión cuenta.
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