El voto es una expresión libre de la voluntad popular que realiza el ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos. Se trata en esencia de manifestar su predilección por una determinada alternativa electoral. El carácter popular deriva de su inmanente vinculación al soberano o el pueblo en una consideración transversal, que incluye a todos y cada uno de los estratos sociales –esto lo diferencia del voto censitario, reservado a grupos determinados de personas, con prescindencia de los demás–. Así pues, la participación ciudadana en los procesos políticos se materializa en el ejercicio del voto que elige a los representantes en el parlamento, así como también a quienes están llamados a ejercer funciones de gobierno, cuando se trata de sistemas democráticos republicanos. Es el pueblo quien tiene la facultad de ejercer el poder, delegándola en sus elegidos, quienes están obligados a rendir cuentas de tiempo en tiempo. En definitiva, quienes ejercen su derecho al voto en las democracias republicanas, buscan afianzar y proteger la libertad de elegir, fundamentada en el estado de derecho como expresión de una voluntad soberana, a la que no pueden sustraerse los gobiernos legítimos.
En su contenido ideológico, la república claramente se diferencia del modelo que propone la oligarquía autoritaria o la dictadura, sistemas en los cuales la voluntad popular no tiene cabida. Es preciso hacer la distinción de los regímenes parlamentarios, incluidas las monarquías parlamentarias, en los cuales igualmente se manifiesta y se respeta la voluntad popular mediante el ejercicio y validación del voto en elecciones libres. Los principios y valores del republicanismo –i.e. libertad, igualdad, fraternidad, civilidad–, se desdoblan en la participación ciudadana fundamentalmente materializada en el ejercicio del voto popular. Se trata pues de asegurar el bien común, el imperio de la ley y la estabilidad política como rasgos esenciales del sistema de gobierno.
En tiempos recientes se ha hablado con insistencia de ruptura democrática en los Estados Unidos, de un sistema electoral manipulado por intereses partidistas –incluso foráneos–, de quienes supuestamente han conculcado la voluntad del soberano en las últimas elecciones. Si bien no se han aportado pruebas de semejantes asertos, sin duda procede una revisión del sistema, toda vez que como tal no puede ser un procedimiento estático en el tiempo y en el espacio. Los cambios y ajustes periódicos se han expresado en diversas oportunidades con el correr de los años, habiéndose llegado a la eficiencia y seguridad que provee la automatización –el uso de tecnologías que minimizan la intervención humana–. La sospecha levantada –por ahora– no ha desvirtuado la confianza que merece por parte de los electores. Se trata de un tema hoy recurrente en las democracias occidentales, por lo cual la discusión permanece abierta y exige seriedad y mesura.
Lo antes dicho nos lleva a la dicotomía entre el voto electoral –registrado en el sistema– y la voluntad popular. Son dos conceptos distintos. Hay maneras de condicionar el voto antes de ser consignado en el sistema automatizado. Así las cosas, el voto registrado puede ser resultante de la coacción o amenaza, incluso del engaño agenciado por las parcialidades políticas. Pero ese no es el punto que queremos destacar en este breve espacio de opinión. El ciudadano común es libre de expresarse conforme su leal saber y entender, o de dejarse coaccionar o convencer por un tercero interesado en su voto. El sistema está llamado a registrar y validad su preferencia, no sus motivaciones.
La voluntad popular es el sustento imprescindible de toda autoridad legítima y como tal es resultante de elecciones libres y verificadas de manera auténtica. La libertad en el ejercicio del voto supone las fases de deliberación y decisión, y como tal es condición fundamental para una debida correlación con la voluntad popular. Esa libertad es lo que están llamados a garantizar los sistemas electorales en cualquier circunstancia.
En la Venezuela de nuestros días, de cara al proceso electoral del próximo 28 de julio, no hay tal cosa como una opinión pública dividida en dos extremos opuestos –es lo que quieren hacer creer los fabricantes de narrativas imaginarias que favorecen el continuismo–. La voluntad mayoritaria se ha expresado a favor del cambio político como bien registran todos los sondeos de opinión –aún más, es lo que se siente y vibra en las calles de pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país–. Y ese deseo de cambio se enfrenta a un menguado oficialismo, anquilosado en sus prácticas, costumbres y políticas desatinadas –ya insostenibles, como demuestran los hechos–.
No hay pues dos visiones de país enfrentadas –no hay polarización–, antes bien, hay una voluntad mayoritaria que tiene en sus manos el poder del voto y que está decidida a ejercerlo como expresión democrática empeñada en restablecer la soberanía nacional.