Tribunal Supremo de Israel
En «Leyes buenas o malas y justicia independiente» expresé:
“En Israel, el gobierno de Netanyahu ( … ) no cesa en la presión del gobierno para lograr la promulgación de un controvertido proyecto de ley cuyas líneas fundamentales atentan contra el equilibrio de los poderes públicos ( … ): modificar el sistema de elección de los jueces con mayor peso del voto del Ejecutivo, eliminar la cláusula de anulación del Supremo para prohibirle impugnar leyes redactadas en la Knéset ( … ) que contravengan las “leyes fundamentales” de Israel y quitarle al tribunal sus competencias para inhabilitar a altos cargos del gobierno”.
Pues bien, en sentencia del 1 de enero de 2024, el Tribunal Supremo de Israel (“TSI”) ha anulado la primera ley básica -la que suprimía el “criterio de razonabilidad” de los jueces del TSI- dejando sin efectos la cuestionada iniciativa de Netanyahu que perseguía disminuir las facultades de la alta instancia del país hebreo.
Afirma el TSI que la ley anulada dañaba las «características fundamentales de Israel como Estado democrático», y con ella se garantiza la preservación de uno de las principales facultades del TSI para revisar decisiones y nombramientos gubernamentales.
Actuó como ponente la jueza Esther Hayut, quien meses atrás había declarado:
“( … ) los principios del Estado de Derecho y la independencia judicial ( … ) son el aliento de vida de Poder Judicial ( … ) el papel clave que tenemos como jueces para salvaguardar los valores y principios fundamentales sobre los que se estableció el país”.
En esa oportunidad, Hayut expresó su disgusto criticando los cambios en el sistema de justicia, a los que calificó como un “( … ) ataque desenfrenado al sistema de justicia”, y agregó:
“Israel pronto cumplirá 75 años de independencia como Estado judío y democrático. ( … ) si se lleva a cabo el plan de cambio que se ha presentado, el año 75 será recordado como el año en el que la identidad democrática de Israel sufrió un golpe fatal ( … )”.
Hasta el momento, Netanyahu ha guardado silencio, lo que hace presumir un respeto por la decisión judicial en medio del estado de emergencia que rige en Israel por su guerra contra el grupo terrorista Hamas y las crecientes críticas -unas acertadas, otras inaceptables por ser clara manifestación del odio y de la desinformación- contra el comportamiento bélico israelí en la zona de Gaza; pero en cualquier caso, hay que resaltar la independencia del TSI de Israel que, en tales condiciones, ha dictado un fallo que precisamente evita que esa independencia se vea socavada.
En otro lado del mundo, en la Argentina, el presidente Javier Milei ha propuesto al Congreso un proyecto de ley que otorga poderes extraordinarios al jefe del Estado y, entre otros aspectos, una reforma del sistema laboral a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el que flexibiliza las relaciones laborales, reduciendo indemnizaciones y extendiendo los periodos de prueba de los empleados; y, además, recortando parte de la financiación a los sindicatos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) interpuso una petición de medida cautelar para paralizar los efectos del la propuesta de reforma laboral, y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con el voto de dos jueces y el voto salvado del tercero, acordó la solicitud del grupo sindical declarando que en el DNU «no se evidenciaría objetivamente la necesidad de adoptar tan numerosas medidas», y que el gobierno no demostró ni la necesidad ni la urgencia de eludir la facultad legislativa del Congreso para legislar.
Ante este escenario del tribunal laboral, el gobierno de Milei se limitó a informar que apelará la medida de suspensión, lo que hace presumir que respeta la independencia judicial.
El otro caso es la decisión que acordó el decomiso y su devolución a Estados Unidos de un avión retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y que fuera solicitado en octubre de ese mismo año por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos) a las autoridades argentinas, por presumibles vínculos con el terrorismo internacional.
La medida fue adoptada por un juez federal con fundamento en un dictamen de una fiscal argentina y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, en el que se invocó el tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos con el que ambos países “( … ) se comprometieron a brindarse asistencia mutua … (y) … cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.
El gobierno de Milei no se ha pronunciado, lo que permite pensar que no tiene intenciones de intervenir en un asunto que corresponde al Poder Judicial. Pero, en contrario, el decomiso acordado no fue del agrado de Nicolás Maduro, quien calificó la orden de “servil (sic) a intereses imperiales” y que “La conducta de pillaje, piratería y vasallaje de la Justicia y Gobierno argentinos transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica”.
Si se observa el caso del avión, se verá que prácticamente el proceso se cumplió en los tiempos del gobierno del expresidente Alberto Fernández, conocido por su posición pro Maduro; y durante ese tiempo bien pudo haber una influencia del Ejecutivo argentino sobre el juez para que devolviera la aeronave a Venezuela, lo que no sucedió, sino que a escasos días del cambio de gobierno fue cuando se produjo la decisión, lo que induce a considerar que la justicia goza de independencia en el país austral. A ello me referí en “Un Poder Judicial independiente: clave de una democracia moderna y de un Estado de Derecho saludable” al referirme al intento de Fernández para controlar el Poder Judicial mediante un cambio legal centrado en el aumento del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia para llevarlo de 5 a 25 magistrados so pretexto de establecer una Corte Federal (https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/un-poder-judicial-independiente-clave-de-una-democracia-moderna-y-de-un-estado-de-derecho-saludable/).
Los casos comentados ponen en evidencia el poder de la justicia independiente. Por ello, acierta la jueza Hayut cuando afirma que la independencia judicial es el “alma de los tribunales” pues sin ella, los jueces estarán impedidos de cumplir sus funciones como administradores de justicia.
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