La pasada semana Nicolás Maduro, al frente del régimen “híbrido” imperante en Venezuela, viajó a Sharm el Sheikh, en Egipto, para asistir a la 27ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se reunía del 6 al 18 de este mes de noviembre. Dado su cada día mayor aislamiento, no podía perder la oportunidad de mostrarse que le brindaba la más grande reunión en la agenda internacional del año a la que concurrían representantes de gobiernos, de instituciones privadas y de los medios de comunicación. Deambuló por los salones, pero no habló del Arco Minero del Orinoco.
Nadie debería objetar la presencia de representantes de cualquier país en la referida Conferencia de la ONU (y especialmente de uno que posee enormes reservas naturales). En ella se analiza anualmente la situación del problema que muchos consideran el mayor desafío que enfrenta la humanidad. Se escucha la opinión de los expertos y se conocen las novedades y estudios sobre la materia. Además, se revisa la implementación de la Convención Marco (1992), del Protocolo de Kioto (2012) y del Acuerdo de París (2015) y se adelantan negociaciones para acuerdos bilaterales o multilaterales. Los dirigentes preocupados del mundo (político, empresarial, social, académico) asisten. Solo se eximen quienes se ven impedidos por razones de fuerza mayor. Sin embargo, la participación de Nicolás Maduro fue casi unánimemente criticada . Con su estilo característico, The Guardian, que lo calificó de “infractor climático”, tituló: “Es como pedir a un pirómano que apague un incendio”.
Venezuela debía estar representada en ese foro internacional. Y el régimen intentó que así fuera (aunque no porque le interesaran los temas en discusión): la delegación que acompañó a Nicolás Maduro fue –y de lejos– la más numerosa que asistió al evento. Dicen que se requirieron tres grandes aviones para trasladarla, lo que contrastaba con la sobriedad mostrada por las enviadas por las grandes potencias o por países especialmente preocupados en el asunto. Pero no resaltó ninguna intervención de esos viajeros en las asambleas y foros, ni se firmaron nuevos acuerdos. Tampoco aportaron ningún estudio que ofreciera nuevos conocimientos o revelara hechos esperanzadores. Más grave aún, en las palabras del jefe de la delegación no se hizo mención a ninguna investigación sobre los delitos (que algunos califican de ecocidios) cometidos en la explotación del Arco Minero del Orinoco. Tampoco se informó de medidas tomadas para evitar que se repitan.
Venezuela tiene larga tradición conservacionista. Imponían normas de protección de la naturaleza las leyes coloniales. Y el Libertador dictó varios decretos en la materia: el más conocido (no el único) es el firmado en Chuquisaca (19 de diciembre de 1825). No faltaron iniciativas durante la República, aun durante las dictaduras. La Ley para la Conservación de los Bosques (25 de junio de 1910), de Juan Vicente Gómez, prohibía talar o quemar los de las cabeceras de los ríos y vertientes y obligaba a su replanteamiento. Más tarde, se multiplicaron las acciones: entre las más interesantes, la creación de los parques nacionales. A los primeros (Rancho Grande en 1937 y Sierra Nevada en 1952) siguieron otros 43 (41 durante la democracia) que cubren 21,7% del territorio nacional. Una más debe mencionarse: el establecimiento de los estudios forestales en la Universidad de Mérida en 1948 (primeros a ese nivel en América Latina).
Temprano algunos venezolanos mostraron interés por el problema del cambio climático. Figuraron entre los pioneros en la lucha por la conservación del medio ambiente. En 1972 representaron al país en la Conferencia de Estocolmo, primer gran evento mundial sobre el tema, cuya “Declaración sobre el Medio Humano” asentó: “La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero”. También asistieron en 1992 a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo final “es proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras”. En el entretanto, para adelantar planes nacionales, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se estableció el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (1977) y se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica (1978).
Diversas organizaciones (locales o internacionales) han denunciado los daños causados al medio ambiente en espacios bajo soberanía venezolana en dos áreas de especial significación ecológica: la Amazonía y la Guayana. En aquella se ha permitido la instalación de aventureros de todo tipo (muchos brasileños), que han despojado de sus tierras ancestrales a indígenas venezolanos que las protegían. En la otra, agentes del régimen, protegidos por la fuerza armada, en afanosa búsqueda de oro y otras riquezas, han provocado daños irreparables al medio ambiente y perturbado gravemente la forma tradicional de vida de miles de personas de 27 etnias originarias. Miles de hectáreas de bosques han desaparecido en el llamado Arco Minero del Orinoco, lo que en muchos casos ha afectado las nacientes de ríos de enorme importancia para el desarrollo regional y nacional, pues son fuente principal de energía. Lo muestra en forma dramática la disminución del embalse del Guri.
En febrero de 2016, Nicolás Maduro declaró al Arco Minero (111.843 km o 12,2% del territorio venezolano) como “Zona de desarrollo estratégico nacional”. Abarca áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima o parte de la reserva de biosfera del Delta reconocida por la Unesco en 1991. Más grave aún, pronto la zona, gestionada por la fuerza armada (que permitió la intervención del ELN y disidentes de las FARC), se convirtió en espacio reservado a actividades de extracción intensiva y depredadora (ejecutadas por esos cuerpos armados con métodos precarios, algunos expresamente prohibidos) para aprovechamiento particular. Un ecocidio. Esas condiciones de explotación han sido denunciadas por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Universidad de los Andes y diversas ONG (como Provea). En 2020 la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció que allí los trabajadores están sometidos a abusos y violencias (con saldo de 149 muertes).
Según informaciones difundidas por los medios (incluidos los oficiales), pareciera que el jefe de la delegación venezolana se hubiera dedicado a deambular por los pasillos del centro de convenciones y pasear por las playas cercanas del balneario egipcio. Sin duda, esperaba encontrar por allí a alguno de los dirigentes del mundo. Y, efectivamente, así pudo hablar durante 90 segundos con Emmanuel Macron. Se sintió complacido, pues el mandatario francés le dijo: «Presidente, lo voy a llamar, una vez que esto pase. Me contentará poder conversar más largamente”. En otra ocasión, al abrir una puerta interrumpió una reunión de expertos con John Kerry, enviado especial de John Biden al evento. Ante la sorpresa general, avanzó para saludar al antiguo secretario, quien se levantó para estrecharle la mano que le extendía y lo despidió con palabras y gestos que, a juzgar por las imágenes de video, no fueron del todo gratas.
Poco eficientes, los servicios de la Cancillería venezolana apenas organizaron un encuentro con Gustavo Petro, quien estuvo acompañado del presidente de Surinam Chan Santokhi , y otro con Antonio Costa, primer ministro de Portugal. No se preocuparon de preparar su presentación en la asamblea. Pocos delegados escucharon sus palabras (los de solidaridad obligada) porque todos conocen su historial antiambientalista. La escena parecía la de un film surrealista: mientras en la tribuna el dictador afirmaba “Estamos a tiempo” y explicaba cómo se podía salvar al planeta, que ha sufrido “grandes daños en las últimas décadas … (por) los efectos del sistema capitalista depredador”, en el Arco Minero continuaba el despojo de las riquezas nacionales y la destrucción de una de las mayores reservas forestales del mundo, ante la mirada complaciente de la fuerza armada. Entretanto, en Caracas, ¡jóvenes universitarios de todas las tendencias rechazaban la conducta del régimen de Nicolás Maduro!
Esa “irrupción” en la COP27 contrasta con la actividad discreta, pero trascendente, de nuestros gobernantes del pasado. Con solemnidad republicana, el canciller Caracciolo Parra Pérez propuso en la Conferencia de San Francisco (1945) el establecimiento de una organización para la educación, la ciencia y la cultura (lo que dio origen a la Unesco). Sin parafernalia, el ministro Juan Pablo Pérez Alfonzo firmó en Bagdad (1960) el tratado de creación de la OPEP. Sirven de ejemplo para la acción en días de decadencia. Es bueno recordar que Venezuela ha hecho importantes aportes al logro de un mundo mejor y más justo.
@JesusRondonN
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional