Un hecho relevante en la política internacional ha sido la Resolución del Parlamento Europeo del 23 de enero de 2025, en la que se condena la juramentación de Maduro en Venezuela, considerándola una usurpación, pues ha irrespetado la voluntad del pueblo venezolano, además, exige sanciones contra el dictador, su círculo íntimo y sus familias.
Del pronunciamiento del Parlamento Europeo llaman la atención dos aspectos: el primero, el volumen de estudio realizado por la comisión jurídica y la política del Parlamento para fundamentar la Resolución; el segundo, la votación para su aprobación.
Con relación al estudio lo llamativo es que se examinaron 82 documentos que comprenden diversos instrumentos jurídicos internacionales como: Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y la Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas en 1954, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). También se examinaron diversos informes de la ONU, de la OEA y provenientes del cuerpo diplomático, así como el informe provisional del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales venezolanas, de 28 de julio de 2024, publicado el 9 de agosto de 2024; la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, del 29 de julio de 2024, sobre las elecciones presidenciales en Venezuela; la declaración del Centro Carter, del 30 de julio de 2024, sobre la elección en Venezuela. Pero algo muy importante es que examinaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica de Procesos Electorales venezolana (Gaceta Oficial 5298 de agosto 12, 2009).
Este estudio no abrigó ninguna duda de que la proclamación de Maduro se había dado sin cumplir los requisitos legales que ordena cónsono con lo establecido en el artículo 228 constitucional. La Comisión Jurídica del Parlamento Europeo expresa que quien debe juramentarse por lo dispuesto en el artículo 231 de la Constitución es quien haya obtenido mayoría de votos, conforme a los diversos informes obtuvo mayoría ha sido Edmundo González Urrutia, no obstante, el mismo Parlamento Europeo y diversos países conminaron a las autoridades venezolanas a presentar, conforme a la ley, las actas electorales. En vista de esto, y con base a la misma legislación venezolana, en los artículos 137 y 138, que ordena la sujeción a la Constitución y que toda autoridad usurpada es ineficaz, recomienda no reconocer a Maduro como representante de Venezuela y tenerlo como usurpador.
El segundo aspecto, es la voluminosa votación que aprobó la Resolución, incluyó grupos socialistas y liberales, pero lo más interesante es que pudo haber sido por más votos, puesto que 68 parlamentarios se abstuvieron porque exigían mayor contundencia en la declaración, consideran que el texto no es lo suficientemente duro y debilita la posición europea frente a la dictadura, que debían adoptarse medidas mucho más fuertes contra la dictadura venezolana.
Es incuestionable que en el terreno internacional Maduro y sus secuaces están cercados, considerado su gobierno como carente de legitimidad democrática y desconocido como representante eficaz de Venezuela. Obviamente, el gobierno de la pandilla cívico-militar ha iniciado una estrategia: a través de sobornos y amenazas se asegura el reconocimiento de opositores. Vimos el ridículo espectáculo de la legisladora del Zulia, afín a Rosales, emitiendo su reconocimiento a Maduro. No es de extrañar que salgan otros más. Ya por allí se oyen voces que hablan de negociar, que no se pueden perder oportunidades para nuevos espacios.
El Parlamento Europeo, entre otros documentos que estudio la comisión, están los documentos e informes sobre las diversas iniciativas y compromisos establecidos en negociaciones, que el régimen dictatorial venezolano ha incumplido y quebrantado los acuerdos, se ha burlado de la buena fe de los mediadores. Por esa misma razón, la Comisión expresó: cabe recordar que, a pesar de lo pedregoso del camino, la diplomacia europea había venido apoyando el diálogo en busca de una salida negociada y democrática a la crítica situación política, económica y social de Venezuela, pero ahora, Nicolás Maduro ha endurecido tanto su posición, que no deja espacio a creer que una transición concertada y pacífica es posible.
Muchos creen que no hay que ser ingenuos: frente a la dictadura venezolana, abrir canales de comunicación es reforzar un régimen dictatorial que emplea la mentira, el chantaje, el soborno y el terror para perdurar en el poder. Creemos con MCM y EGU que hay que seguir en la lucha.
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional
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