La Constitución es el marco dentro del cual todos estamos obligados a jugar. No es una opción, es una obligación. Saltarse la Constitución es saltarse la regla y una vez que usted se la salta, se convierte en un forajido.
Esta Constitución fue aprobada por el chavismo en 1999, pero defendida por la oposición cuando intentaron reformarla en 2007, sus propios propulsores. Así que une al país.
Esta Constitución ha sido ultrajada desde el 28 de julio por quienes juraron cumplirla. Vulneraron el artículo 5 sobre el sufragio, el 57 sobre la libertad de prensa, el 67 sobre la libertad de asociación política, el 68 sobre el derecho a protesta, el 268 que obliga a la FANB a mantenerse al margen de bandos políticos y el artículo 141 sobre rendición de cuentas.
Esta Constitución está derogada de facto, y todo venezolano, revestido o no de autoridad, está obligado, no es una opción, a restituir su vigencia según el artículo 333.
La Constitución de 1999 no salvaguarda al presidente electo en una elección, sino a los electores. Ellos, depositarios de la soberanía, son la voluntad que la Constitución obliga a respetar. De manera que nuestra lucha, la de los millones de venezolanos que nos hemos opuesto al fraude electoral del 28 de julio, no es por un sujeto, sino para que se acepte y obedezca el mandato ordenado en las urnas.
Así pues, las órdenes de captura han ido en sentido contrario. Nadie, por participar en una elección o arengar, o denunciar un fraude, comete delito, porque todo eso está dentro del marco de la Constitución. Delito ha cometido quien, desde el CNE, debía publicar resultados creíbles y verificables y no lo hizo, saltándose la regla constitucional que obliga a los funcionarios a actuar según el artículo 141 con eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Toda esa gramática constitucional ha sido torcida por el señor presidente del CNE.
El gobierno tiene el derecho de reclamar para sí una victoria; nadie tiene problema con eso. Lo único que los venezolanos pedimos es pruebas de que ganó. Y no las hay. Se ha llegado al extremo de que la Sala Electoral ha dictado una sentencia que dice que es inapelable. Eso es subvertir el Estado de Derecho, porque la Sala Constitucional está por encima de todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí se apelan todas las sentencias.
Las actas que han sido publicadas en Internet por la oposición no constituyen ningún delito. Las actas son un documento público emitido por las máquinas del CNE en un escrutinio que es público. Al ser público, no es delito publicarlas, bajo la ley electoral vigente. Por eso nadie persiguió al PSUV cuando las publicó en su página en el año 2013.
No hay posibilidad de política ni de diálogo franco sobre la base de un fraude y violación de la constitución.
Los ciudadanos tenemos el derecho de luchar porque se reconozca la voluntad popular expresada el 28 de julio, y lo vamos a hacer. Soy un pacifista y un devoto empedernido del voto, pero el arrogante llamado que hace el gobierno a una megaelección para ponernos en el dilema de escoger es inaceptable.
Como ha dicho el presidente Lula, el gobierno tiene la obligación de demostrar cómo supuestamente ganó. Y empezaba este mensaje hablando de no saltarse la regla, porque no es una frase mía, sino de quien mediara en 2017 para que yo saliera de la cárcel, el presidente Zapatero. Así que al Gobierno le digo: escuchen a Lula y prueben que ganaron y cómo. Y escuchen a Zapatero y no se salten la regla.
Termino llamando al pueblo a mantenerse en la lucha por la vigencia de esta Constitución y que se cumpla la soberanía popular. Y al gobierno les pido que tengan el mínimo honor de liberar a las personas que están presas. Porque, como dice el evangelio sobre los inocentes, más les vale no meterse con ellos; sería mejor ponerse una rueda al cuello y tirarse al mar. Dios bendiga nuestra nación.