El país tutelado: sin sanciones, sin excusas

El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el Aissami, se da la mano con el presidente de Chevron Venezuela, Javier La Rosa, en una conferencia de prensa sobre un acuerdo con Chevron, en Caracas, Venezuela, el 2 de diciembre de 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Finalmente, Estados Unidos emitió las tan esperadas “licencias” de la OFAC, a través de las cuales le siguen indicando al gobierno de maduro lo que “puede hacer” con el petróleo, el oro, el manejo del mercado secundario de bonos y otras áreas económicas del país.

Esto se produce como resultado de las “negociaciones secretas” entre Estados Unidos y el gobierno de maduro, cuyos alcances verdaderos nadie conoce y que la oposición “firmó” en Barbados, como un acto formal, pero sin tener ninguna incidencia en su contenido.

¿Cómo terminarán estos acuerdos?, nadie lo sabe. El gobierno ha  liberado cinco presos políticos (nos alegramos por ello), pero faltan cientos, tanto de la oposición, como del Chavismo; además, los voceros del madurismo, dicen que no habilitarán a María Corina Machado, por lo que, el Departamento de Estado amenazó con retirar las Licencias otorgadas. Sin embargo, habría sido la oportunidad para que Estados Unidos exigiese la habilitación de todos los candidatos, incluido los del chavismo, para la contienda electoral. Pero en fin, es un acuerdo solo entre ellos, donde los venezolanos no tocamos ningún pito. Veremos.

En el sector petrolero, resultan extrañas las motivaciones para el levantamiento de las sanciones, aunque están condicionadas y serán revisadas cada seis meses, resultaría interesante conocerlas. Habrá que esperar.

Estados Unidos sabe, mejor que nadie, que Venezuela actualmente  no tiene ninguna relevancia en el mercado petrolero internacional; con una producción de 730.000 barriles día de petróleo, incidimos tanto como lo puede hacer Colombia o Ecuador.

Además, las autoridades norteamericanas y sus especialistas petroleros, conocen perfectamente de las dificultades que presenta el país y el sector petrolero nacional, por lo que no abriga ninguna esperanza de que Venezuela pueda influir en el corto y mediano plazo en el mercado internacional de petróleo y, mucho menos, como dice el madurismo, que pueda sustituir la producción de petróleo de Rusia y “abastecer” a Estados Unidos, en conflicto con ese país y con China.

El lobby petrolero norteamericano, los acreedores del país y tenedores de bonos, quieren que Venezuela pueda exportar petróleo a Estados Unidos para cobrar sus deudas, a la vez de obtener ventajas de ensueño para sus futuros negocios en el país, en los términos y condiciones dictados por ellos mismos.

No deja de ser indignante observar cómo, la incapacidad y entrega de este gobierno, ha llevado al país a la situación absurda de que sea otro, una agencia extranjera, la que le tenga que decir “qué puede hacer” con nuestro petróleo y cómo gestionar nuestra economía. Esto es el resultado de un gobierno que ha abdicado de su soberanía.

Con este gobierno, las licencias de la OFAC pasan a ser leyes, como ha sucedido con el caso Chevron, donde, por encima de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución, la transnacional se lleva el petróleo venezolano, sin pagar regalías e impuestos, ni siquiera el dividendo correspondiente a Pdvsa como socio mayoritario, y maneja nuestro petróleo a su antojo en el mercado internacional.

Esto ha sido un desastre, un precedente que ha hecho retroceder a nuestro país más de cien años, en cuanto a política petrolera y derechos soberanos se refiere.

Pero nada de esto le importa al gobierno, ellos están “negociando”. Es evidente que la entrega del petróleo a Chevron, haber guardado silencio y permitir a la Exxon explotar petróleo en el Esequibo, y entregar el gas de la Patria a la Shell, en Trinidad y Tobago, son parte de las concesiones y “gestos” graciosos que el gobierno hace para “facilitar” los acuerdos secretos, donde –como hemos alertado, una y otra vez– están dispuestos a entregar la patria para mantenerse en el poder o gozar de inmunidad, en una eventual transición política en el país.

Cada acción del gobierno en este sentido, probablemente le sirve a ellos (la cúpula del madurismo), para sus propósitos e intereses grupales y personales; pero en el camino, van entregando nuestro futuro, nuestros recursos, nuestras posibilidades de salir del abismo, cediendo nuestra soberanía y convirtiendo a Venezuela, la patria de Bolívar, en un país tutelado.

Pareciera que estos hechos tan graves, de implicaciones estratégicas, no le importan a nadie en el poder, ni al PSUV, ni a los militares, todos subordinados a la absurda consigna de que “aquí se hace lo que diga maduro”.

Existe una especie de algarabía en las cúpulas, con lo que sucede en el país. Pero allá abajo, bien abajo, dónde está el pueblo pobre, los profesionales empobrecidos, los trabajadores-esclavos, los pensionados y ancianos abandonados a su suerte, los que sobreviven en el barrio o en los campos y los que escapan del país, hay una profunda desesperanza y tristeza.

Es a ellos a quienes debemos explicar lo que sucede y orientar políticamente, porque son los únicos que lucharán por recuperar nuestra patria.

No son las sanciones 

Nosotros siempre hemos estado en contra de las sanciones norteamericanas, lo hemos dicho y escrito. Pero también hemos demostrado, con datos precisos, que las sanciones no son las responsables del colapso de Pdvsa y de la economía nacional.

En mi artículo del pasado 17 de septiembre, titulado “No son las sanciones”, explico cómo el país colapsó entre 2015-2019, producto de las políticas y decisiones del gobierno de maduro.

En estos cuatro años, el gobierno de maduro dilapidó todos los recursos y Fondos de Pdvsa, Fonden, Fondo Chino, Bandes y asaltó las empresas e instituciones de la economía del Estado, para colocar a sus incondicionales y desarrollar su propia política económica de derecha.

Cuando Estados Unidos impuso sanciones a Pdvsa, en enero de 2019, ya la producción de petróleo había caído de 3 millones de barriles día en 2013 a 1,3 millones de barriles día, una caída de 57%; mientras que la economía se había desplomado y había sufrido una contracción de 82%.

Para ese momento, antes de las sanciones, ya el gobierno había arremetido en contra de Pdvsa, el Ministerio de Petróleo y sus trabajadores, encarcelando a más de 120 gerentes y trabajadores, muchos de los cuales continúan en prisión; la empresa ya estaba militarizada y arrasada por el general Manuel Quevedo.

Con el Decreto 3.368 (2018) y la Sentencia 155 del TSJ (2017), se entregaron ilegalmente los campos de petróleo y gas de Pdvsa, además de la comercialización del petróleo, taladros, buques y otros activos esenciales de la empresa, a las transnacionales, a los particulares, civiles y militares de la “nueva burguesía” del madurismo.

El paquetazo de maduro se impuso en 2018, antes de las sanciones, entregando la economía al sector más agresivo y especulativo del capitalismo que, según el mismo maduro dijo, “tendría muchas cosas que enseñarnos”, para luego calificar al gobierno de Chávez de “un falso positivo del socialismo”.

Se dolarizó la economía, a la vez que, el bolívar sufrió una megadevaluación y quedó solo para pagar salarios y “bonos” de control social, mientras que se eliminaban todas las conquistas y beneficios laborales de los trabajadores de la administración pública y empresas del Estado.

Es como consecuencia del colapso del país, que se produce el éxodo de más de 7,7 millones de venezolanos que, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), han abandonado el país entre 2015-2023.

Ahora sin sanciones y sin excusas, ¿qué se puede esperar?

Se ha querido vender la ilusión, nuevamente, de que “ahora sí” se arreglará el país, pues ya no hay sanciones. Como si la OFAC pudiera determinar, como si fuese el “suiche” de la luz, que todo cambiará o que el gobierno, después de diez años de fracasos, ahora sí hará las cosas bien.

Pero esto no es así. En el sector petrolero, el deterioro es enorme y ninguna “licencia” cambiará esta situación sustancialmente (al menos en el mediano plazo), si no cambian las condiciones del país y no se resuelve el problema político en Miraflores.

El principal problema que tenemos hoy día es que en el gobierno no existe la voluntad, ni la orientación política, para recuperar la producción de petróleo, ni a Pdvsa como nuestra empresa nacional.

El gobierno derogó de facto la Política de Plena Soberanía Petrolera, tiene otro plan, otra visión: seguir entregando el petróleo y destruyendo Pdvsa, hasta convertirla en un cascarón vacío, que solo administre la privatización del sector y la entrega del petróleo y el gas. Es por esto que al frente de la empresa colocan personajes, que surgieron de la nada, sin conocimiento ni capacidad para manejar la industria en esta situación tan compleja.

El gobierno ha desmantelado y herido de muerte a Pdvsa, ha barrido con su talento humano y destrozado sus capacidades operativas; es decir, allí, actualmente a nivel de dirección, no hay la capacidad, ni el compromiso, para hacer frente al desafío que representa recuperar la producción y la empresa, como un todo.

Lo más grave es que han neutralizado cualquier posición patriótica de sus trabajadores y cuerpo gerencial, persiguieron y estigmatizaron el espíritu de la nueva Pdvsa, la roja rojita, la Pdvsa del pueblo, que permitió derrotar el sabotaje petrolero y recuperar y estabilizar nuestra producción de petróleo, sosteniendo el crecimiento del país durante más de 10 años, entre 2003-2014, mientras estuvo vigente nuestra política de Plena Soberanía Petrolera.

Existe una posición extendida en el gobierno y en actores económicos del país, que aplauden y estimulan la desaparición de Pdvsa y quieren aprovechar la actual coyuntura política y, sobre todo, las licencias de la OFAC, para terminar de privatizar el sector y liquidar a Pdvsa (insisto, sólo mantendrán el cascarón), con el argumento de que nuestra empresa nacional “no puede” levantar la producción y el gobierno no tiene dinero.

Este argumento es falso. Nosotros estuvimos al frente del Ministerio de Petróleo y luego de Pdvsa cuando derrotamos el Sabotaje Petrolero y logramos recuperar nuestra producción, que llegó a caer en cuestión de semanas a 23.000 barriles día, mientras todas nuestras refinerías fueron paralizadas o saboteadas y nos quedamos sin buques de transporte.

Una situación extrema, pero fuimos capaces, no sólo de levantar nuestra producción de petróleo a 3 millones de barriles día, así como reactivar nuestras refinerías y demás instalaciones, sino que mantuvimos nuestras capacidades operativas al máximo y de manera estable por más de diez años.

En el país no había dinero, todas nuestras instalaciones fueron saboteadas, el sector económico nacional quería tumbar a Chávez y llevaron la violencia a las calles. A pesar de eso, logramos recuperar Pdvsa y su producción petrolera, el secreto: conocimiento, planificación, disciplina, compromiso con el objetivo político de recuperar la empresas, compromiso patrio, la movilización de los trabajadores y, sobre todo, la unidad de mando en el gobierno y el liderazgo del presidente Chávez.

En las actuales condiciones, nada de esto existe, agravado por el hecho de que la acción de maduro en contra de Pdvsa ha empeorado de manera exponencial la situación del sector. Incluso, maduro le ha hecho mucho más daño a Pdvsa, que el provocado por la Gente del Petróleo en el Sabotaje Petrolero, pero no solo a Pdvsa, sino a toda la economía nacional, por lo que en este momento, decir que la situación se recuperará porque levantaron las sanciones, es como decirle a un paciente que está en terapia intensiva que está autorizado para ir a correr un maratón.

La recuperación petrolera no se puede ver como un hecho aislado, necesita recuperarse Pdvsa, que es nuestra operadora nacional y se requieren condiciones mínimas en el país para alcanzar los objetivos trazados. Es un todo: dirección política, compromiso, capacidad técnica, planificación, dignificación de los trabajadores, infraestructura, electricidad, agua, transporte, empresas nacionales de servicios, insumos, un país y una economía que sostengan el esfuerzo, marco jurídico, Estado de Derecho.

Habiendo sido el desmantelamiento de Pdvsa una acción deliberada del gobierno, es decir, una política, lo que probablemente va a suceder con el levantamiento las sanciones es que los grupos económicos favorecidos por el madurismo, con los contratos de servicios petroleros, otorgados por Quevedo y Tareck el Aissami, van a tratar de recuperar deudas, haciendo que Pdvsa les pague vendiendo petróleo en inventarios, es decir, el petróleo que está almacenado.

Va a ser muy cuesta arriba que las empresas tradicionales del sector petrolero vengan a invertir para producir petróleo, en un ambiente de tanta incertidumbre y bajo unos acuerdos tan precarios. Todo el que venga, o el que está en el sector, tratará de tomar su dinero e irse, operaciones de muy corto plazo.

Ni el gobierno ni Pdvsa han presentado al país una planificación detallada, no han mostrado ni cronogramas, ni actividades, ni recursos, ni prioridades, ni las condiciones para alcanzar la recuperación de la producción petrolera. Las reiteradas promesas que ha hecho maduro y sus sucesivos presidentes de Pdvsa o ministros de petróleo, lo que deja en evidencia que están perdidos en este tema tan complejo y, a la vez, neurálgico para el país.

El gobierno obtendrá dinero vendiendo petróleo de inventario a Estados Unidos para “engrasar” su maquinaria política preelectoral, seguir favoreciendo a sus grupos de poder y fortalecer su precaria situación interna, mientras dure el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

Un asunto paradójico es que, levantándose las sanciones norteamericanas, maduro tendrá que rendirle cuentas al país de la economía nacional y, particularmente, de Pdvsa; ya no se sostiene el argumento del secreto, de hecho, el gobierno tendría que derogar la inconstitucional Ley Antibloqueo y, estará obligado al hacer transacciones comerciales con Estados Unidos, a mostrar las cifras reales, los detalles de las mismas.

El gobierno de maduro no tiene excusas para mantener desmantelamiento de los sistemas de control administrativo de Pdvsa y mecanismos de rendición de cuentas del Estado, no puede mantener el silencio y la impunidad que provocó el desfalco multimillonario a PDVSA, durante la gestión de Tareck el Aissami y Asdrúbal Chávez, donde se robaron 25.000 millones de dólares en petróleo entregado a sus operadores económicos.

Tampoco tendrá excusas para decir que no puede aumentar el salario mínimo por las sanciones, ni podrá justificar el colapso de salud, de los medicamentos, del sistema eléctrico, la falta de gasolina, la falta de agua, la diáspora, todo aquello lo que ha sido su eje temático para justificar su fracaso.

Para los venezolanos, los acuerdos secretos, de espaldas al país, no significan un cambio en la terrible situación que se vive actualmente. No puede ser que el gobierno “conceda”, como una gracia, aplicar o desaplicar la Constitución, a conveniencia o entregar nuestro petróleo y nuestra economía en los términos impuestos por una agencia extranjera.

El pueblo venezolano está cansado de lo que decidan las élites, el campo chavista y bolivariano está llamado a reasumir, con valor, la conducción de las luchas populares, por nuestra Constitución, por nuestros derechos, por nuestro futuro. La patria de Bolívar debe recuperar su esencia y volver a ser ejemplo en nuestra Patria Grande y el mundo, un mundo cruel, injusto e hipócrita, que guarda silencio ante el asesinato de miles de niños palestinos y el genocidio en Gaza, y una Patria Grande amenazada por el fascismo.