«Desde el momento cuando tomaron el poder en 1917, el Estado Soviético atacó de forma sistemática a todas las instituciones que podían competir con él como fuentes de autoridad sobre la sociedad rusa: partidos opositores, la prensa, sindicatos, empresas privadas y la Iglesia. Para 1930 quedaban instituciones bajo el mismo nombre, pero no eran ni la sombra de sus versiones originales, estaban totalmente controladas por el régimen. Lo que quedaba era una sociedad, cuyos miembros habían sido reducidos a átomos desconectados e impotentes, que no contaban con ninguna institución mediadora ante el formidable poder del Estado Soviético. Habían logrado su objetivo: ¡destruir todo el tejido de la sociedad civil a fin de lograr el control total sobre la vida de los ciudadanos!».
Me cito a mí mismo en el capítulo XXXV de En las sombras del bien, la cual como obra transgenérica –según la poeta María Antonieta Flores dixit– contiene dentro de sus páginas un hilo ensayístico. Y traigo a colación este párrafo porque en los recientes tiempos me he venido preguntando: ¿Qué tanto habrá avanzado el régimen chavista en su particular proceso de demolición del tejido institucional? Al día de hoy, debe resultarnos obvio que desde su arribo al poder no han cejado ni un solo instante en la replicación local de ese modelo de control totalitario.
Pueden mostrar en su haber logros concretos: sindicatos fantasmas, absolutamente vaciados de su otrora representatividad; partidos políticos, la mayoría diezmados de su dirigencia de base, unos intervenidos, otros infiltrados por alacranes, algunos abiertamente cooptados; la Iglesia, es la que ha resistido con más hidalguía pero, en mi opinión, ha carecido de la voluntad colectiva necesaria para asumir el liderazgo que ella estaba llamada a ejercer –se han producido impulsos caracterizados por una inexplicable fugacidad–. De los empresarios, bueno, en mi columna del pasado sábado, «La década del deslave”, me referí a la conducta colaboracionista de quienes les representan.
Precisamente, en las líneas finales del mencionado artículo aludí al omisivo silencio de la sociedad civil, frente al desvergonzado intento del régimen de imponer una narrativa que persigue excusarles de su responsabilidad, en cuanto a la progresiva consolidación en el país de un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). Según su descarado relato, apuntan como causales a unas sanciones económicas cuya aplicación arrancó en 2019. Cuando las evidencias estadísticas, obtenidas a partir de datos reales, demuestran de rotunda manera que la gestación y sostenido agravamiento de la EHC está, mayormente, explicada por el hundimiento de nuestro signo monetario en esa década que he retratado recurriendo a la metáfora del deslave. Todo siendo succionado hacia abajo a través de un precipicio húmedo e insondable: salarios, economía, escuelas, hospitales, servicios de apoyo social y alimentario, infraestructura, etc. El resultado es ese gran caos en el que han convertido a nuestro país, donde un porcentaje muy mayoritario de ciudadanos trata de muy insólitas y diversas maneras de sobrevivir rasgando miserias en una economía zombie.
Pero lo peor no estriba en que el régimen intente que su falso relato impere, para colmo de males: individualidades y organizaciones de las élites económicas, políticas y actuariales se integran en coro para reforzar comunicacionalmente tal falacia. Es entonces cuando uno se hace la pregunta: ¿Y la “sociedad civil” qué? No me refiero a individualidades. Somos unos cuantos los que rechazamos de manera pública todo este contexto que tiene ya algún tiempo incubándose. Me refiero a las organizaciones de la sociedad civil que son las que, por su carácter de representación colectiva y de reconocida experticia por parte de los ciudadanos en áreas específicas, pueden y deben amplificar el sentir de la opinión pública con la requerida fuerza argumental. ¿Qué tienen que decir al respecto de lo que denuncio las Academias, los Consejos Universitarios, las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, las ONG, los grupos de opinión nacionales y locales?
Pero no sólo está en el tapete el tema de las sanciones, también se echa en falta la opinión y participación discursiva de la sociedad civil en lo atinente a la primaria, quizás el acontecimiento político más importante desde 2015 de cara a la posibilidad de conseguir una vía de salida a esta pesadilla. ¿Nos vamos a calar la operación del descarte de candidatos inhabilitados hasta llegar a aquel con el cual Maduro quiera medirse? ¿Sólo los políticos tienen derecho a opinar sobre este tema? Lo pregunto porque también con relación a este “topicazo” el omisivo silencio es resonante. Venezuela pareciera haberse convertido en una nación carente de organizaciones referentes, ¡en todos los dominios! De allí esta otra interrogante concatenada con la que plantee al inicio: ¿Será válida la hipótesis de que el proceso de demolición del tejido social ha sido ya completado en 100%?