Durante la república fundada por el Pacto de Puntofijo se realizaron nueve elecciones muy limpias. En estos comicios salieron buenos la mayoría de sus gobiernos con la excepción del de Luis Herrera Campíns, en el cual, en un ambiente de elevados precios petroleros, se produjo un control de cambios, que fue además prolongado irresponsablemente por su sucesor, Jaime Lusinchi.
Posteriormente, al llegar a la presidencia por segunda vez, Carlos Andrés Pérez, se encontró sin reservas internacionales y tuvo que salir corriendo a pactar con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo rechazar el pago de más de 2.000 millones de dólares. Se presentaron dos hechos terribles, el primero fue el llamado “Caracazo” mediante el cual se produjeron saqueos y otros fuertes disturbios, al punto de que se tuvo que emplear al Ejército para evitar más desmanes y destrucciones de propiedad privada, y el segundo, fue el intento de golpe de Estado en el cual la gran mayoría de la clase política dejó solo a Carlos Andrés Pérez en tan peligrosa andadura y otros como el expresidente Rafael Caldera hasta defendieron esta intentona como resultado de un fallo de la democracia, en cadena de televisión.
El coordinador y motor principal de ese movimiento, el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías aprovechó la situación y logró acceder a la Presidencia de la República. Casi en el acto, increíblemente el sector político en especial, y algunos juristas deseosos de alcanzar mayor “fama” procedieron a permitir una nueva Constitución en Venezuela mediante una Asamblea Constituyente que no estaba prevista en la anterior Constitución de 1961. Apenas vimos en la prensa un artículo del historiador Manuel Caballero alertando ante tal cambio peligroso de las reglas de juego de la democracia. Poco a poco, la nueva Constitución permitió que todos los poderes públicos quedasen en manos de Hugo Chávez. Y empezó la lucha contra la libertad de prensa y de medios audiovisuales. El canal Radio Caracas Televisión fue clausurado y Venevisión fue amonestado para que se quedara quieto si quería seguir funcionando.
Posteriormente, durante algún tiempo Ramón Guillermo Aveledo, amanuense del expresidente Luis Herrera Campíns estuvo viajando tanto a Estados Unidos como a Europa buscando apoyo contra el gobierno, sin llamarlo dictatorial o comunista, sino simplemente un gobierno autoritario, expresión que suena a pleonasmo. Las elecciones legislativas del año 2015 fueron ganadas por la oposición, pero inutilizadas por el gobierno mediante una nueva y anodina Asamblea Constituyente, para nada legítima. Así, por fin, creíamos que se habían convencido todos, o casi todos, en la oposición de que las dictaduras no salen con buenos modales como pretende Sadio Garavini y otros que también han sido diplomáticos. “Dolce farniente”
Sea como fuere en los actuales momentos, un grupo de 25 ciudadanos autoproclamados como “representantes del sector privado y la sociedad civil” ha enviado en estos días una carta dirigida al presidente Biden de Estados Unidos y otras autoridades del país del norte, en donde instan a Estados Unidos a aliviar las sanciones y permitir que las empresas petroleras occidentales regresen a Venezuela (se olvidan los firmantes de tal esperpento que las empresas petroleras vendrían a Venezuela si hay un buen ambiente jurídico y económico). Enseguida los principales voceros del gobierno castro-madurista han felicitado a los firmantes de la petición. Y ya Ramón Guillermo Aveledo se animó a respaldar a estos colaboracionistas. ¡Total, ese es su principal trabajo!
La respuesta llegó como un huracán mediante un artículo de Antonio Ledezma, ex preso político y exilado, titulado: ¿Qué tienen que ver las sanciones con la crisis etrolera? Allí nos dice los siguientes hechos:
- Chávez destruyó la meritocracia despidiendo a más de 22.000 trabajadores y técnicos de Pdvsa. Además, desbarató la Marina de esta empresa y liquidó refinerías en Suecia, Inglaterra, Alemania, República Dominicana y Cuba.
- Chávez y Maduro comprometieron en créditos acciones de Citgo y están enredados con los bonistas de Pdvsa.
- Desmontaron la apertura petrolera, y modificaron la Ley de Hidrocarburos, y rescindieron acuerdos con empresas internacionales.
- Desaparecieron el fideicomiso de los trabajadores, mientras que engrosaron la nómina de Pdvsa con activistas políticos del PSUV.
- La Ley de Tierras que impuso Chávez en octubre de 2000 originó una catarata de expropiaciones, asaltos a fincas agropecuarias, decenas de hatos fueron invadidos, asaltaron empresas lácteas, mataderos frigoríficos, cerraron la empresa Agroisleña, etc.
- Politizaron el Banco Central, monetizaron el déficit y se perdieron miles de millones de dólares en un control de cambios exageradamente prolongado.
- Es falso que no se permiten importar alimentos y medicinas por las sanciones. Es más fácil traer salmón y caviar de Miami que gallinas de Camaguán a Caracas. En las alcabalas se piden y exigen coimas y mordidas. ¿Cómo se surten la red de farmacias y los bodegones y restaurantes de lujo que funcionan en el país?
- El sistema eléctrico está en crisis desde hace muchos años. No se ha culminado el proyecto Tocoma. El autor no lo dice, pero se sabe que el gobierno Chávez-Maduro despilfarró 45.000 millones de dólares destinados a mejorar el sistema eléctrico.
- La salud está en crisis. ¿Las endemias reaparecieron por las sanciones? La malaria, mal de Chagas, sarampión, dengue, desnutrición infantil, falta de insumos para enfermos renales, seropositivos, cáncer de mama, etc. Todo esto ocurre y no es por las sanciones.
- Existe una crisis en el suministro de agua y en el del gas. La razón principal es la politización de empresas públicas como Hidrocapital y Cantv. Hay agua almacenada en Taguaza-Camatagua, pero no se puede bombear debido al desmantelamiento de los sistemas del Tuy.
Ahora bien, según José Manuel Puente, economista de prestigio, quien publicó en el portal Prodavinci un documento titulado “Bases para el diseño de un programa de reconstrucción nacional” en donde se explica que durante los años 2005-2014 se extrajeron 48.925 millones de dólares al BCV –sin ninguna contrapartida o pago alguno– y a Pdvsa 83.044 millones de dólares, para la creación de un Fondo para el Desarrollo Nacional, carente de toda transparencia, o fiscalización de la Contraloría General de la República.
Esto es una suma impresionante bajo todo punto de vista, 131.969 millones de dólares. También Chávez, en una de sus rabietas, convirtió gran parte de las reservas internacionales en oro, cuyo precio es más volátil que el dólar o el euro.
De modo que la destrucción del aparato productivo venezolano y de la economía en general del país no tiene sino un solo culpable: el gobierno “revolucionario” que ha imperado Venezuela desde 1999. Quienes salen a hincarse de rodillas para conversar con el gobierno, o actúan de mala fe o ignoran todos estos hechos sufridos por una población que al parecer sigue emigrando y exilándose en Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, México y Europa. “La verdad os hará libres dice el Evangelio”. Y al parecer, el enorme aparato de propaganda del gobierno está comprando a conocidos encuestadores y formadores de opinión pública, puesto que ya no le basta la red de televisoras, radios, medios de prensa, etc. Es la versión moderna del palo o la zanahoria.