Desde el 12 de febrero el británico Karim Khan sustituye a Fatou Bensouda como fiscal de la CPI | UN Photo: Loey Felipe
Nace una nueva esperanza en favor de las víctimas de violación sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado venezolano, tal como lo calificó la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU.
La exfiscal Fatou Bensouda solo llegó a emitir un pronunciamiento de existir razones para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, pero no cumplió con impulsar la aprobación del informe preliminar para salir de la fase 3 y que el Tribunal de la CPI diera el gran paso histórico de iniciar por primera vez en Latinoamérica la investigación del primer caso sobre crímenes de lesa humanidad.
Por esa razón, se recibe como un aliciente la designación del abogado experto en derecho penal internacional el británico Karim Khan como el nuevo fiscal de la CPI que viene a sustituir a Bensouda.
La importancia de Khan es su trayectoria en el derecho penal internacional y puede marcar la diferencia con la anterior fiscal, que prácticamente congeló el expediente desde 2018 hasta 2020, cuando lo llevó a la fase 3.
Como defensor de los derechos civiles rechazo la intención del jefe del Estado de asistir al Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU, pues olvida que contra el Estado venezolano la CPI procesa un expediente grave sobre la violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. También olvida las descalificaciones contra los informes de los altos comisionados y en especial el de la alta comisionada Michelle Bachelet, que luego de su visita al país lo consignó ante la ONU y que refleja la cruda realidad en materia de los derechos humanos.
Cabe mencionar también el desprecio al informe de la misión independiente de determinación de los hechos, que tuvieron que realizar basados en testimonios de innumerables víctimas con métodos científicos a distancia porque el Estado nunca les permitió la entrada al país, aunque Venezuela es miembro del Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU.
Se necesita ser «cara dura» para asumir esa conducta tomando en cuenta el historial de descalificaciones y lenguaje encendido por parte del Estado cuando un organismo internacional fija una posición y exige procesar a los autores materiales, tanto de violaciones graves de los derechos humanos como de los horrendos crímenes de lesa humanidad que actualmente procesa la CPI.
Para finalizar, me solidarizo con la exigencia de Amnistía Internacional para que la CPI incluya en su informe las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado en La Vega.
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