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En un giro oscuro y perturbador que profundiza la crisis en Venezuela, Nicolás Maduro ha desatado un nuevo ataque contra la oposición al emitir una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial que había encarnado una esperanza en medio de la tormenta. Este acto, indignante y revelador, no solo refleja la brutalidad del régimen, sino también la desesperación de un gobierno que teme perder su control absoluto.
González Urrutia, nacido en 1949, se graduó como internacionalista en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en la American University, en Washington, D.C. Su carrera diplomática ha sido destacada: fue director del Comité de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1990 y 1991, embajador en Argelia de 1991 a 1993 durante los mandatos de Carlos Andrés Pérez y Ramón José Velásquez, y director general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1994 hasta 1998. Más tarde, se desempeñó como embajador en Argentina desde 1998 hasta 2002, siendo nombrado por el presidente Rafael Caldera y permaneciendo en el cargo durante los primeros años del mandato de Hugo Chávez.
La orden de arresto emitida contra él, cargada de acusaciones infundadas y desproporcionadas, es una manifestación clara del miedo que el régimen tiene hacia aquellos que se atreven a desafiarlo. Los cargos de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público» y «instigación a la desobediencia de leyes» no son más que pretextos para silenciar a González y ocultar el fraude y la corrupción que han marcado la administración de Maduro. En lugar de enfrentar la crítica y la evidencia de la corrupción, el régimen elige recurrir a la represión y al miedo como herramientas de control.
Este arresto no es un acto aislado, sino parte de un patrón más amplio de represión sistemática y violaciones de derechos humanos que han caracterizado al gobierno de Maduro. Las recientes elecciones presidenciales, que debían ser un reflejo de la voluntad del pueblo, se han visto empañadas por la violencia y la falta de transparencia. La represión de las protestas, que han dejado un saldo de al menos 27 muertos y más de 2.000 detenidos, es un testimonio de la brutalidad con la que el régimen mantiene su poder. La libertad de expresión, el derecho a la protesta y la justicia han sido sacrificados en el altar de un régimen que prefiere perpetuar su propia existencia a expensas de su pueblo.
El reciente nombramiento de Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores agrava aún más la situación. Cabello, conocido por su historial de represión y abuso de poder, ahora supervisará los organismos de seguridad del Estado. Este movimiento no solo intensifica el control represivo del régimen, sino que también consolida el poder de aquellos responsables de numerosas violaciones de derechos humanos. La designación de Cabello es una señal clara de que el régimen no solo busca mantener su poder, sino profundizar su control autoritario y reprimir cualquier forma de disidencia.
La respuesta de la comunidad internacional ante esta crisis ha sido, hasta ahora, decepcionantemente tibia. Aunque algunos países y organismos han expresado condena y han prometido sanciones, estas medidas han demostrado ser en su mayoría simbólicas y sin un impacto real. Las sanciones han afectado principalmente a la población venezolana, mientras que los líderes del régimen continúan operando con impunidad. La falta de acción decisiva refleja una hipocresía internacional alimentada por intereses económicos, especialmente dada la riqueza petrolera de Venezuela. El petróleo venezolano es un recurso estratégico que muchos países prefieren no tocar, a pesar del sufrimiento que este privilegio implica para el pueblo venezolano.
El debate sobre una posible intervención militar en Venezuela ha resurgido, planteando una opción que podría ofrecer una solución directa al problema. La idea de una intervención busca desmantelar el poder corrupto y restaurar el orden, pero también conlleva riesgos significativos. A pesar de estos riesgos, la intervención militar podría ser vista como una medida necesaria para enfrentar un régimen que ha demostrado repetidamente su disposición a violar los derechos humanos y a reprimir a su propio pueblo.
En esta encrucijada crítica, la comunidad internacional enfrenta una decisión crucial. La falta de acción efectiva hasta ahora solo ha servido para prolongar el sufrimiento y la opresión en Venezuela. Es imperativo que los países y organismos internacionales actúen con determinación para apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la justicia. La inacción y las respuestas simbólicas ya no son suficientes; es momento de considerar medidas que tengan un impacto real en el régimen de Maduro y que ofrezcan una verdadera esperanza de cambio. La situación actual exige un compromiso genuino con los principios de justicia y derechos humanos, y una acción decisiva para respaldar a aquellos que luchan por un futuro mejor en Venezuela. La comunidad internacional no puede seguir ignorando la crisis en Venezuela; es imperativo que tome medidas inmediatas y decisivas. El reloj avanza y la urgencia se hace más evidente; la acción no puede postergarse más; el cambio debe comenzar ya.
Pedro Adolfo Morales Vera es economista, jurista, criminólogo y politólogo.