El reciente episodio que protagonizó el ministro de la Defensa de Colombia, al dar de baja a 11 oficiales y a un general de sus Fuerzas Armadas, pudiera tener una explicación más oscura –más enrevesada quizá– que la que salta a la luz en una primera instancia.
Todo partió de acusaciones hechas por un conocido medio colombiano, el que al fin no mostró ni una prueba de lo que argumentaba. De acuerdo con su tesis, algunos militares de alta gradación habían usado tecnología proveniente de la cooperación norteamericana de la época de las negociaciones de paz con la guerrilla para espiar políticos, periodistas y otros militares con fines inconfesables. Una acusación de ese calibre ponía en entredicho, evidentemente, a todo el sistema de inteligencia militar del país vecino. También arrojaba una nube de sospecha sobre el control del gobierno sobre las actividades de sus uniformados y por último le asestaba un buen navajazo al sistema democrático colombiano.
La reacción del ministerio del ramo fue inmediata y radical. El ministro de la Defensa no tardó mucho en defenestrar un grupo de oficiales y un general presentó su renuncia, antes incluso de que se efectuara una profunda y bien concienzuda investigación. De manera atolondrada, por decir lo menos, estos fueron puestos en la picota pública, sin respetarles el debido derecho a la defensa. Hoy no se sabe aún ni quién ordenó la operación ni quiénes serían los beneficiarios últimos de la data recogida mediante la supuesta intercepción electrónica de los mensajes digitales de los ciudadanos afectados.
Ni mención hay que hacer de los efectos que estas acusaciones causan en la visión que desde el exterior se tiene de la actitud correcta, justa y proba del gobierno de Iván Duque. Para el presidente este asunto no puede ser visto con ligereza. No son una pequeñita piedra en su zapato. Se trata de un poderoso cuestionamiento del apego ético y moral que tienen las Fuerzas Armadas. No hay que recordar que estas tienen un récord muy largo y pesado de corrupción y de violaciones de derechos individuales dentro de Colombia.
Pero lo propio es recordar, por igual, el daño que se le hace a un país que cuenta con un asiento muy privilegiado en la OTAN desde el año 2018 y contra la voluntad de los regímenes de Venezuela y Cuba. Dice el prestigioso analista colombiano Eduardo Mac Kenzie que Colombia participa “en virtud de ese acuerdo, en las actividades de la OTAN relacionadas con la seguridad marítima, así como en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y en asuntos de guerra híbrida y ciberseguridad”. Difícil cuestionamiento el que enfrentan, pues, en Bogotá.
Realmente todo el tema es tan confuso como el que tuvo lugar, por los mismos días, del otro lado de la frontera en Venezuela, con el capítulo de la supuesta invasión para capturar a Nicolás Maduro.
Cuesta entender entonces cómo es que el Palacio de Nariño no actuó con una cabeza más fría frente a un deliberado escándalo que ponía en tela de juicio la regularidad en las actuaciones de sus altos oficiales. Hay quienes aseguran, y escriben, que en Colombia existe todo un soterrado juego político evidente solo para los muy agudos observadores. Tendría que ver con una relación particular del gobierno del anterior presidente, Juan Manuel Santos, con la revista que publicó el supuesto entramado de espionaje. No hay sino que investigar el tema con el detenimiento debido.