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En la opinión pública se debate sobre si Maduro, finalmente, se juramentará el 10 de enero como “presidente constitucional” de la República. Al respecto de la posibilidad de que ese escenario se materialice, es conveniente escrutar con toda rigurosidad y sentido de la realidad el contexto político actual (nacional e internacional) y sus posibles desarrollos.
A día de hoy, de continuar las cosas como van, lo más probable es que Maduro se juramente el 10 de enero. Para que ello no ocurra debe generarse una convulsión política en el país de tal magnitud que ponga en cuestión la gobernabilidad del régimen y trastoque el posicionamiento actual de la FAN respecto de los resultados electorales y del fraude. Y algo así no pareciera ser posible en lo que resta de tiempo hasta enero. A lo anterior habría que agregarle la poca posibilidad de que las manifestaciones de rechazo al fraude de la comunidad internacional democrática trasciendan lo declarativo debido, entre otras razones, a los conflictos en el Medio Oriente, Ucrania y los comicios presidenciales en Estados Unidos. Ciertas señales parecieran indicar que para los Estados que rechazan el fraude las acciones para hacerle pagar altos costos al régimen se materializarían a partir de lo que suceda en enero.
En otras palabras, no se aprecia, por ahora, la existencia de la suficiente presión endógena y exógena ni su acción simultánea y coordinada para barajar de tal forma el contexto político y evitar que Maduro se juramente. El régimen está compelido a echar el resto utilizando a fondo su control de las FAN, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los colectivos para garantizar a todo evento que la juramentación se materialice. Otra conducta es impensable después del fraude y demostraría una debilidad letal.
La eventual juramentación de Maduro no es un hecho inocuo, demostraría el control de la situación y contribuiría a cimentar sus esfuerzos para reducir la esperanza en las posibilidades de cambio político y reforzar el mensaje de que llegaron para quedarse en el poder sine die y de que lo adecuado es “pasar la página”, adecuarse a la situación o emigrar. La juramentación no es el principio de nada, ni siquiera un parteaguas, es la continuación lógica de la vuelta de tuerca dictatorial que padece el país desde el desconocimiento de la soberanía popular en la noche del 28 de julio.
Sin embargo, la situación del régimen no es sencilla. La juramentación no le proporciona ni legitimidad de origen ni legalidad. Tampoco capacidad de conseguir legitimidad de gestión porque carece de los medios, experticia y cuadros gerenciales para afrontar y resolver la emergencia humanitaria compleja en progreso y las demás penurias padecidas por la sociedad. Por otro lado, conservar el poder apalancándose fundamentalmente en la razón de la fuerza ha demostrado que a la larga no es sostenible.
Las razones y causas que llevaron a convertir el proceso electoral en una confrontación entre la sociedad y el régimen persisten y escalarán. Por lo tanto, la confrontación tenderá a reproducirse en otros escenarios y formatos acorde con la nueva situación de dictadura abierta e impondrá sus tiempos. Seguramente, el repliegue que experimenta la causa democrática tendrá su fin porque la contradicción antagónica sociedad-régimen sigue viva. Es por ello que titulamos estás reflexiones: “El mundo no se acaba en enero”.