Hace unos meses estuve en la oficina del congresista Jim McGovern. Allí me recibió Kimberly Stanton, jefa del personal del congresista, quien junto con Zakiya Carr, asesora del congresista Gregory Meeks, me parecen las dos personas más claras en el Congreso estadounidense sobre la realidad venezolana.
Hubo un momento en el que Stanton, una mujer bastante clara al hablar español y directa, me dijo: «Leocenis, el tema es que en Venezuela se debe dejar de actuar basándose en lo que las partes quieren estrictamente y comenzar a moverse con base en el mundo de lo posible».
La frase me impactó.
Pero en Washington no hay frases solitarias, porque DC es una ciudad cuyo principal motor es el pensamiento. No en vano los principales tanques de pensamiento de la política mundial están allí.
Claramente había una corriente importante dentro del Partido Demócrata buscando destrabar lo que no avanzaba en la relación entre Washington y Caracas, las amenazas que se cernían sobre los intereses energéticos y democráticos en la región, y especialmente en Venezuela, que es el principal reservorio de petróleo de todo Occidente. Y el líder de la cultura occidental es Estados Unidos.
No es verdad que exista una discusión previa puntual sobre el tema de inhabilitaciones puntuales en Barbados o México. Y no es verdad porque uno de los casos de inhabilitaciones en Washington ha sido el mío. En 2021, cuando lideré las encuestas para la Alcaldía de Caracas, fui inhabilitado sin haber sido candidato, funcionario o haber tenido una sentencia. El propio Keith Mines, exjefe de la oficina Andina del Departamento de Estado y actual jefe del programa de Haití y Venezuela del USIP, le escribió a Jorge Rodríguez.
He mantenido contacto directo tanto con Tomás Guanipa como con Gerardo Blyde, y no conozco que se haya tocado puntualmente el tema de la inhabilitación de este u otro candidato. Porque, en todo caso, en Venezuela somos un total de 1.409 inhabilitados en todo el país.
La única respuesta que hubo sobre ese particular fue, según supe, que se revisarían aquellos casos que hubieran presentado alegatos ante el Tribunal Supremo de Justicia, si se llegara a un acuerdo.
Lo importante ahora es el acuerdo, que no solo es un acuerdo económico, sino sentar las bases para construir un clima de normalidad política que permita un punto medio de convivencia y eventualmente una transición a la democracia.
Poner en riesgo el acuerdo de Barbados bajo la premisa de que si el gobierno no habilita a alguien hay que desechar todo, es una gran tontería, infantil política. Estados Unidos lógicamente va a tratar los temas que le soliciten con el gobierno, y sin duda el tema de la persona que triunfó en las primarias estará en discusión. No tengo dudas al respecto.
Pero tampoco tengo dudas de que Estados Unidos no retrocederá en su levantamiento de sanciones. No lo hará. Puede ser que si el régimen insiste en no habilitar a una persona sensible, la administración Biden no avance en más levantamientos de sanciones, pero no revertirá los que ya se han levantado. Eso no ocurrirá.
Y no ocurrirá por lo que he explicado en el pasado: el precio del petróleo y el gas se disparará debido al conflicto en Israel y a la situación en Ucrania. El principal reservorio petrolero de Occidente no puede estar en manos de enemigos de Occidente, es decir, China, Rusia e Irán.
El próximo año habrá elecciones en Estados Unidos y no está claro que Biden vaya a perder esas elecciones, a pesar de las dificultades que enfrenta después de cada alusión o caída en bicicleta. El Partido Republicano parece no tenerlo fácil para ganar. En resumen, el tema de las sanciones y la máxima presión es una tesis heredada por la administración Biden de Trump. No les pertenece.
Dentro del mundo de lo posible, es necesario avanzar con el acuerdo de Barbados. Continuar respaldando la excelente actuación de Blyde, Stalin y el hábil Tomás Guanipa. Esa es la vía: negociar, llevar gradualmente al régimen a alcanzar un acuerdo electoral, involucrarse en el camino democrático. Porque para poder salirnos con la nuestra, tenemos que jugar con la de ellos. Por más difícil que parezca, es así.
No podemos volver a caer en la trampa. Abandonar la política, lanzarnos a las calles, aplaudir a personas en tanques, buscar el mejor selfie de una calle en llamas, una protesta o una pelea callejera.
Todo ese disparate absurdo mina al país. Ya no es hora de los chamanes. Es hora de la política.
Un chamán es un engañador, un sujeto dedicado a preparar fórmulas fantásticas para los miembros de una tribu, arrastrados en el lodo, sin ciencia, sin razón, cuya única alternativa es el conjuro y la hechicería.
Un chamán rechaza la ciencia y el método científico. Un chamán es incompatible con la política.
Un chamán se aferra al rito, a los brebajes y las hierbas, como un lobo incapaz de alimentarse sino a través del robo y el saqueo de la presa conquistada por otro.
El método del chamán (del brujo) es la conquista de aquellos que someten a los ciudadanos. El chamán no entra en escena para domar cuerpos, sino espíritus. Para él, las emociones son herramientas, y los deseos tienen prioridad sobre las ideas. La solución del chamán es creer que lo que él percibe es una realidad superior, donde sus deseos son omnipotentes. Donde A no es A. Donde sus afirmaciones (que son falsas) se vuelven ciertas. Es la falsificación de la realidad objetiva.