El memorando de capitulación

La delegación del interinato al encuentro con los delegados del régimen de Maduro firmó un documento que en sus dos primeras líneas implica la renuncia a lo que había significado la presidencia de Guaidó: “Las partes designadas a efectos de este proceso, como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela”, PUV –dicen al inicio- y por allí se desparraman.
El planteamiento que fundamentó la presidencia interina era que no había en Venezuela un presidente legítimo instalado en Miraflores y que, desde luego, Maduro no lo era. Así se inició el proceso de 2019, el reconocimiento de “más de 60 países” y toda la historia conocida. Con ese memorando mexicano se acepta que hay un gobierno legítimo encabezado por Maduro y representado por Jorge Rodríguez en el aquelarre reciente.
Es posible que ese proceso haya sido el resultado del desinflamiento evidente del interinato, convertido progresivamente en un fantasma de la llanura; sin embargo, en vez de ser el producto de una reflexión por la derrota de una política encabezada por Guaidó y el G4, y un llamado a buscar alternativas diferentes en las luchas por el rescate de la libertad, se convirtió en un acto de rendición frente al que había sido enemigo y que, en virtud del acuerdo, solo era una contraparte discrepante aunque fundada en principios comunes.
En el momento en que el régimen opresivo e ilegítimo se transforma en “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela” y el interinato se transfigura en “la Plataforma Unitaria de Venezuela” bajo la rúbrica de la delegación opositora, se tiran al pajón discursos, sacrificios, propuestas e ideales, sin nada que lo sustente o justifique. Es posible que los contertulios hayan llegado a la conclusión de que toda la lucha se perdió y que, por tanto, hay que admitir a Maduro como gobierno; pero un mínimo de decencia republicana habría demandado que se le dijera al país su planteamiento y sus razones.
Resulta que a ese régimen que se le ha señalado de ser parte orgánica de grupos criminales, al lado de guerrilleros extranjeros, expoliadores de varias latitudes, y títere de los cubanos, ahora, con la firma del G4 y anexos, es el “gobierno”. Se dirá, como asegura la tesis cohabitante, que es una dosis de realidad porque quien contesta el teléfono en Miraflores es Maduro y no otro; sin embargo, cabe recordar que Pérez Jiménez atendía el mismo teléfono de noviembre de 1948 a enero de 1958, y que los adecos y los comunistas no le dieron legitimidad alguna, y los urredistas y copeyanos se la negaron desde 1952 en adelante después del fraude electoral.
¿Dónde quedan todos los que entregaron sus luchas, sus vidas, su libertad, sus esfuerzos para hacer de Guaidó el presidente de la transición, una vez que cesara la usurpación? ¿Qué le dicen? Si la lucha se perdió; si hubo una derrota monumental, hay que decirlo pero, sobre todo, hay que explicarlo. Nadie ha acertado completamente en la lucha porque el hecho irrefutable es que Maduro sigue allí; pero, cuáles son las razones, qué se hizo mal, cómo es posible que toda la inmensa fuerza acumulada se haya ido por el desaguadero de las ilusiones y proyectos.
Desde ese lugar de la capitulación, “el gobierno” y el interinato caído hasta admitir ser la PUV, comparten unos principios comunes entre los que destacan: “Convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención”, “Atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y de su actuación, que son los de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, “Comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política”, “Convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación”, “Dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, con todas las garantías”, “Entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”, “Rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones”, “Comprometidos con la estabilización y defensa de la autonomía nacional, productiva, diversificada y solidaria”, “Saludando las iniciativas humanitarias tomadas, particularmente la Mesa Nacional de Vacunación y el Programa Mundial de Alimentos”, “Reconociendo la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto para todas las venezolanas y todos los venezolanos”, y después de esta enumeración de principios comunes, pasan a la agenda.
Aparte del abuso del gerundio, lo que consta en estos principios compartidos no es que el régimen se atribuya tenerlos, pues siempre lo hace, sino que los opositores corroboren con su firma que esos son también principios de Maduro y su banda. No es que los cumpla medianamente como las buenas almas condescendientes admitirían, sino que no cumple absolutamente ninguno, en ninguna de las maneras posibles.
Este potingue es lo que algunos lamentables asesores llaman “volver a la política”; lo que es un planteamiento esencialmente falso. Volver a la política es transitar la disputa por el poder en contra del poder autoritario; esta “vuelta” no es sino seguir en el mejunje de la cohabitación y el colaboracionismo.
Al final, el régimen se reserva no sólo el derecho de que la PUV certifique sus “principios” sino el derecho de admisión: aspira a escoger –y vetar– a sus interlocutores. Esta novela pendular seguirá; es posible que obtengan beneficios; es posible que en la guerra de los relatos que va a venir argumenten sus victorias; pero, lo que es cierto es que por allí no se vislumbra la libertad de todos los presos políticos, el retorno de todos los exiliados, la suspensión de los juicios y persecuciones a todos los acosados, un CNE independiente, y tampoco la libertad.