El régimen instalado en Miraflores hace un cuarto de siglo considera su continuidad como una especie de derecho adquirido. Un beneficio basado en el dominio de la Fuerza Armada y las demás instituciones del Estado, logrado tras décadas de control. La casta gobernante niega la alternancia en el poder y desprecia el voto popular como instrumento para elegir las autoridades de los poderes públicos. Viola constantemente la Constitución que ellos mismos aprobaron por amplia mayoría en 1999.
Con el paso de los años mantener la hegemonía se les ha ido complicando cada vez más. Nicolás Maduro no posee el carisma de Hugo Chávez, ni el caudal de petrodólares en el cual navegó el comandante, regalo divino que le permitió aplicar políticas populistas diseñadas para comprar y deslumbrar a las masas. Chávez durante un cierto período pudo ganar elecciones sin verse obligado a recurrir a amenazas, extorsión y fraude. En algunos momentos su popularidad llegó a superar 70%. Maduro no posee ese encanto. Solo lo une al caudillo fallecido su apetito insaciable y el goce obsceno que él y su camarilla sienten por el poder. Maduro está frente al reto de preservarse en la cúspide con el respaldo de menos de una cuarta parte de la población.
Por el lado opositor, el desafío se centra en hacer valer el peso de la inmensa mayoría que rechaza al gobierno –cerca de 80%– por su inconmensurable ineptitud, pero que no cuenta con grandes partidos; ni con federaciones, sindicatos y gremios poderosos; ni con un movimiento estudiantil que actúe como factor de agitación; ni con una sociedad civil bien tramada capaz de proteger sus derechos. En estas condiciones de debilidad, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y María Corina Machado (MCM) les exigen a los jerarcas del régimen que se ajusten a lo establecido en las leyes, especialmente a lo señalado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
Aunque la presión internacional es intensa, no se ve factible que Maduro admita concurrir a unos comicios competitivos y justos, como aparece señalado en los acuerdos de Barbados. Sin embargo, tampoco le está resultando fácil repetir la historia de 2018, cuando le ordenó al CNE fabricar un traje a la medida de sus ambiciones. En esta ocasión son muchos los sectores afectados. Los gobiernos de la región serán los primeros perjudicados si Maduro decide imponer su voluntad de por las malas, más allá de lo que ya lo ha hecho.
En las elecciones del 28 de julio es posible que la oposición triunfe y que se inicie la transición hacia la recuperación de la democracia y la reconstrucción nacional. Para que esa meta se logre deben superarse algunas barreras. Destaco las siguientes.
En primer lugar, hay que poner de acuerdo a la PUD, MCM y Manuel Rosales. La desintegración de esa trilogía significaría renunciar a la posibilidad de conseguir la victoria. Luego –a pesar de los obstáculos, amenazas y la represión inocultables–, hay que abandonar las posturas fatalistas y derrotistas basadas en análisis teleológicos. Es decir, en ese tipo de “análisis” que parte del presupuesto según el cual el gobierno no va a dejarse arrebatar el mando mediante el voto popular. Sea quien fuere el candidato, consideran quienes así piensan, esa figura será inhabilitada si despunta en las encuestas y se convierte en una seria amenaza para las pretensiones continuistas de Maduro y su claque. A partir de esa visión, lo más coherente y honesto con la gente sería llamar desde ya a la abstención, para no “legitimar” ni “blanquear” el manchado rostro de Maduro, con unos comicios que desde su propio nacimiento están viciados y su resultado escrito con anticipación.
El otro prejuicio que debe combatirse sostiene que sólo MCM encarna las posibilidades de cambio, y si no es ella o Corina Yoris la aspirante, no vale la pena acudir a las urnas electorales. Yo he sido un entusiasta seguidor de MCM. Voté por ella en la primaria. Considero que es la dirigente política que mejor se conecta con la gente. Estimo que sería una excelente candidata y una extraordinaria presidenta. Pero, admito que estamos acorralados por un régimen hegemónico que busca perpetuarse pisoteando el Estado de derecho, y que deben aprovecharse las rendijas que abre para intentar colarse por ellas con el fin de construir una alternativa que haga posible reencontrarse con la democracia y la prosperidad.
Si se acepta que nos encontramos atenazados por el cepo de un gobierno autoritario, y que carecemos del músculo organizativo para salirnos de esa cuadrícula y fijar nosotros las reglas, o al menos lograr que se cumplan las existentes, entonces la consecuencia lógica es que actuemos según las normas impuestas, con el fin de modificarlas cuando poseamos la capacidad de hacerlo.
De acuerdo con lo establecido por el CNE, el candidato de la PUD deberá salir de los doce aspirantes admitidos por el organismo. Edmundo González, Manuel Rosales y Enrique Márquez representan las opciones reales. Con cualquiera de ellos es posible triunfar, pero se necesita el apoyo activo de MCM.
En este momento conviene recordar la trágica experiencia de Nicaragua: En 2006, los liberales –demócratas que constituían la amplia mayoría– se enfrentaron divididos a Daniel Ortega, pensando que cualquiera de las dos facciones podía derrotarlo. Desde hace 18 años se instaló en ese país una de las tiranías más oprobiosas y estables del mundo.
@trinomarquezc
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