Oscar Murillo, coordinador general de Provea. / Foto: AFP
El régimen sigue a la suya. Excarcela presos tras “exhaustivas investigaciones” y abre una carpeta para nuevas citaciones. El turno ahora es para el coordinador general de Provea, Óscar Murillo. Periodista y profesor universitario, Murillo es defensor de derechos humanos y eso se castiga en Venezuela. La escalada represiva iniciada después del 28 de julio no tiene fin.
En la mira del régimen madurista están las organizaciones no gubernamentales. Un vasto conglomerado cívico que ha contribuido en tantos campos a evitar la ruina total del país y sus habitantes. También a dar a conocer la dura realidad política, social y económica de este país destrozado sin que hubiera habido una guerra, ni una sucesión de huracanes destructivos.
Provea, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, es una veterana organización creada en octubre de 1998, antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, que se dedica a educar y apoyar jurídicamente a sectores vulnerables víctimas o potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos. En 36 años de actividad ha atendido a 5.000 víctimas —el producto más notorio de un cuarto de siglo de hegemonía “revolucionaria”—, ha formado a miles de personas y producido 35 informes anuales, además de 600 publicaciones diversas.
No se sabe por qué proceso se cita a Murillo, ni en calidad de qué es citado. Pero de cualquier manera él decidió atender la citación. “Firmeza y compromiso histórico”, escribió en un post de la red X, a lo que añadió: “Seguiremos adelante, enfocados y serenos, contribuyendo en la construcción de una sociedad libre, inclusiva y democrática. La que todos merecemos”.
El máximo tribunal de este país sin ley es el programa televisivo de Diosdado Cabello, que lleva un nombre que retrata con exactitud al personaje: Con el mazo dando. El teniente, que unas horas es ministro del Interior y en otras locutor/juez, anunció que serían citados por el Cicpc, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes dudaron de la versión oficial sobre la muerte de Edwin Santos, dirigente de Voluntad Popular, cuyo cadáver fue hallado al borde de una carretera en el estado Apure después de varios días desaparecido.
La familia de Santos, un hombre apreciado en la comunidad de El Nula, en Apure, denunció en un video la desaparición del dirigente político. Hallado su cadáver, el director del Cicpc, Douglas Rico, dijo que la muerte se había producido como consecuencia de un accidente de motocicleta. El informe policial ya avisaba que se tomarían medidas contra quienes difundieran versiones distintas a la oficial. Provea exigió al Estado una investigación.
Dieciséis miembros del equipo de Provea, incluido Murillo, tienen medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril de este año en virtud de que se encuentran en una situación de riesgo para desarrollar sus labores como defensores de derechos humanos.
La citación de Murillo ha suscitado una amplia solidaridad nacional e internacional. “No es instigación al odio la exigencia a los órganos del poder público de investigar de forma transparente. Es un deber y un derecho ciudadano”, coinciden los mensajes de apoyo. El mazo anda suelto.
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