Que los accidentes y naufragios en altamar en aguas venezolanas se estén haciendo comunes y muy reiterados solo revela, como todas las acciones ramplonas del régimen en materia de administración pública, que el mal llamado Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) es otro parapeto madurista, que ni siquiera planifica cómo deben efectuarse los zarpes hacia nuestro mar territorial y mucho menos supervisa las embarcaciones del país en cualquiera de sus dimensiones.
Así tenemos una historia reciente de naufragios en Venezuela que es parte del drama de emigración que el madurismo ha generado en el país, a causa de su infeliz y desgraciado gobierno, que ha empobrecido a la población hasta un grado que hombres y mujeres –incluso llevándose a sus niños– prefieren morir en altamar que hacerlo por inanición por culpa de un régimen violador de los derechos humanos; que además ha condenado a todos los trabajadores de la administración pública y pensionados a ser simplemente unos limosneros del ámbito social, cuando apenas si perciben miserables ingresos que en el mejor de los casos jamás totalizan más de 3 dólares mensuales.
En tal sentido, haciendo un poco de memoria sobre los naufragios en aguas territoriales venezolanas, La Voce d’Italia publicó que entre el 23 de abril y el 15 de mayo de 2019 un total de 57 personas que zarparon de nuestras costas venezolanas desaparecieron en altamar, después de que naufragaron las 2 pequeñas embarcaciones que los trasladaban desde Güiria (Sucre) hasta Trinidad y Tobago. Testimonios de familiares de los desaparecidos, que el portal reseñó, mencionaron que eran “personas que huían de la crisis política y social de Venezuela, que buscaban mecanismos para producir dinero en moneda extranjera que pudieran enviar en forma de remesas” ¹. O sea, queda claro que el hambre obligó a esos venezolanos a poner en riesgo sus vidas.
Además, sobre esos mismos naufragios, ocurridos con las embarcaciones de nombres “Jhonaili José” y “Ana María” que llevaban 38 y 29 personas respectivamente, los familiares denunciaron la falta de atención inmediata y eficaz de las autoridades ante lo que evidentemente fue un hecho de negligencia e ineficacia en las labores de rescate de tales desaparecidos por parte del madurismo.
Por si fuera poco, los residentes de Güiria afectados por esos hechos de 2019 señalaron que para ese entonces diariamente estaban zarpando desde esas costas, sin cumplir con los protocolos de navegación, entre dos o tres embarcaciones y por lo general en horas nocturnas. Otra prueba de que el INEA es un parapeto, sobre lo cual tendríamos que agregar que la autodenominada Guardia Nacional Bolivariana (costera) y la Armada también quedan en evidencia en sus nulos controles marítimos.
Aun cuando fue dramático lo sucedido, la historia fue prácticamente ocultada para evitar el despliegue mediático de críticas y condenas contra el madurismo y sus ineptos funcionarios e “instituciones”. Lo que no pudieron hacer con el lamentable y catastrófico naufragio en el que perdieron la vida 31 venezolanos en su ruta hacia Trinidad y Tobago², ocurrido en diciembre de 2020. El hecho impactó el escenario informativo mundial por la forma en que fueron hallados los cuerpos flotando en el mar, lo que también hizo evidente la desidia del régimen madurista, quien nunca tiene una respuesta oportuna para evitar este tipo de tragedias. Casi siempre aparece, a posteriori, Tarek William Saab “anunciando detenciones”, como si eso fuera a devolverles la vida a esos venezolanos que precisamente huían del madurismo.
Insólito, por ejemplo, es cuando Saab reconoce que este tipo de embarcaciones zarpan clandestinamente en horas nocturnas, en este caso desde Güiria y hasta menciona los posibles sitios donde se originan semejantes riesgos, pero calla ante la evidente ineptitud del INEA y los grupos militares responsables de vigilar nuestras costas, mar territorial y, por supuesto, el destino en donde realizan el atraque o fondeo de las embarcaciones en las distintas jurisdicciones marítimas de Venezuela, desde la más compleja hasta la más simple. Para qué preguntar si Saab investiga la actuación del INEA en cuanto al registro de pasajeros de todas las embarcaciones que zarpan de nuestras costas, y si estas, aunque sea a través de un celular con el llamado sistema GPS, o mecanismos de radio mantienen el control estricto de contacto con las autoridades durante la ejecución de su trayecto o travesía marítima en los tiempos requeridos, y a su vez, si esas mismas embarcaciones cumplen los mecanismos de rigor de seguridad industrial y marina, y lo más importante, el respeto al número máximo de tripulantes y pasajeros, antes de emprender cada viaje hacia altamar.
Claro que sería muy numerosa la lista de naufragios que ocurren en el país, como el que se registró en abril de este año hacia Delta Amacuro³, del que aún no se sabe si hallaron a los desaparecidos que iban en ese viaje marítimo.
Otro hecho que ha impactado de manera incuestionable a la población fue el naufragio de la embarcación deportiva llamada “Thor”, matrícula AGSM-RE-0733, la cual zarpó desde Higuerote el 3 de septiembre de 2021 con destino a la isla de La Tortuga y no fue sino 72 horas después que tal lancha fue clasificada como desaparecida con 9 personas a bordo. En este drama lo que hizo la madre de dos niños, que a la postre falleció después de permanecer 5 días en altamar, no puede ser sino catalogado de milagroso en la sobrevivencia de los más pequeños.
Y ante lo que fue un fatal accidente, en parte de quienes integraban esta travesía, nos preguntamos: ¿cómo es que zarpa una embarcación desde un puerto y cuando no vuelve a comunicarse con las autoridades de guardia en los lapsos respectivos, no se activan inmediatamente los protocolos de alerta de navegación para los entes civiles y militares que deberían ser los responsables en nuestro mar territorial? ¿O es que tales comunicaciones no existen entre las autoridades y el tráfico marítimo del país, y menos protocolos de alerta? ¿Cuántas embarcaciones de rescate y de resguardo marítimo tiene cada jurisdicción marítima y adscritas al INEA? ¿Cuentan con helicópteros para las labores de búsqueda y rescate? Pleonástico decir que es una irresponsabilidad del INEA haber emitido un comunicado oficial 8 días después de tal hecho, y peor, en un signo de evidente mea culpa, decir que a partir de esa fecha, palabras más, palabras menos, van a “redoblar esfuerzos” para garantizar la “seguridad de la navegación”.
Y como si lo anterior fuera poco, otra embarcación de nombre “Don Rafa Junior”, identificada con la matrícula ARSH-1960 (extraoficialmente propiedad de quien fuera el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel), también naufragó el 17 de septiembre de 2021. Había zarpado en horas nocturnas del puerto de Chacachacare, en la isla de Margarita, con destino al archipiélago de Los Roques, con 23 personas a bordo entre tripulación y pasajeros. En este accidente falleció una persona.
Sobre este transporte marítimo, uno de los primeros rescatados aseguró que el motor de la embarcación se habría incendiado. Nuevamente viene a colación: ¿es que el INEA no mantiene comunicación con las naves que zarpan desde los distintos puertos? Y si la mantiene, ¿qué hace cuando por alguna razón la tripulación no emite llamado o respuesta alguna a las autoridades? Este hecho, aunado con el resto de los accidentes marítimos comprueba que la comunicación pareciera no ser fundamental entre el INEA y quienes se encuentran en control de las embarcaciones.
Y si hablamos de ausencia de inspección y vigilancia, cómo explicar que la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela (ONSA) asegura que esta embarcación llevaba “13 pasajeros en apoyo a la Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda y 10 tripulantes, pero su capacidad según Licencia de Navegación era de 15 tripulantes”⁴. ¿Es que para el INEA no cuentan las normas marítimas, menos si el “beneficiado” de tal violación jurídica es un acto que resulta en “favor de la revolución”? En esta oportunidad hay que dar gracias a la acción oportuna de pescadores y lancheros, fundamentalmente de Los Roques, que salvaron a todos los que viajaban en tal nave, porque sobran los testimonios de que las autoridades ni siquiera tenían lanchas de rescate.
Venezuela está a la deriva en todas sus dimensiones de Estado e instituciones. Obviamente que si tenemos un país con 2.000 kilómetros de costas, y en promedio desde tierra firme hasta el archipiélago de Los Roques alrededor de 200 kilómetros en línea recta, lo cual sería unas 1.080 millas náuticas a lo largo de nuestras costas y 107 millas en línea recta hacia el parque nacional mencionado, sin incluir los espacios que superan estas direcciones hacia la isla de Las Aves, Venezuela debería contar con una nave de inspección y vigilancia marítima cada 10 millas náuticas, o lo que es lo mismo, redondeando hacia abajo, cerca de 100 embarcaciones oficiales para cubrir todas nuestras costas y otras 900 para hacer efectiva la supervisión y vigilancia en todo el mar territorial en forma paralela hasta el archipiélago de Los Roques, y con una tripulación también en promedio de 10 efectivos, estaríamos hablando de un mínimo de 10.000 funcionarios. Lamentablemente, además de que no existe planificación de políticas públicas, lo que impera es la demagogia y la corrupción, pero en nada hay una propensión a la defensa de la soberanía e integridad del mar territorial, y menos en políticas de salvamento y rescate ante emergencias marítimas.
El país requiere un cambio profundo no solo de ideas en lo político, económico y social, sino también de integridad territorial, y quienes hoy gobiernan con el madurismo, además de ineptos, ramplones y burócratas, son unos grandes ignorantes en materia de Estado.
¹https://voce.com.ve/2019/05/20/412845/zozobra-embarcacion-con-29-venezolanos/