El juicio a Maduro y sus secuaces es imparable. Ese proceso va, «contra viento y marea». La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ya dio señales de que nada podrá detener a esa tromba que arrastra montones de pruebas que justifican un desenlace que servirá para hacerles justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El pasado 8 de febrero dicha fiscal hizo el esperado anuncio: “Se inicia el examen preliminar sobre el uso excesivo de la fuerza perpetrados por los cuerpos de seguridad y las detenciones arbitrarias de opositores por agentes del Estado venezolano, durante las protestas civiles producidas en el año 2017.
El blanco de dicha investigación es Maduro y la cadena de mando. Todos los informes acumulados ya en la Corte Penal Internacional tienen a Maduro como il capo dei capi. Es Maduro el que da las órdenes de detener, torturar y asesinar. Las pruebas serán revisadas y si el proceso es impecable, como todos esperamos que sea, no habrá dudas sobre quién recaerá, en primer término, la responsabilidad de ejecutar esa hilera de delitos.
Fue Maduro el que dotó de supuestos legales para que la Fuerza Armada ejerciera el control del orden público (resolución 008610). Maduro tenía que ser consciente de que los militares están formados para disparar, que no tienen formación para controlar protestas civiles. Maduro fue el que los facultó para que portaran y usaran armas de fuego y elementos químicos para controlar esas manifestaciones pacíficas. Fue Maduro el que apadrinó en todos los órdenes el Plan Zamora, desde el mes de abril de 2017, facilitándole el escenario para reprimir a las fuerzas militares junto con las milicias y colectivos. Fue Maduro el que facilitó con sus instrucciones que los civiles detenidos fueran juzgados en estrados de competencia castrense. De todos esos procedimientos hay constancias, tanto en el campo del relato como en las resoluciones, instructivos, leyes reformadas y decretos dictados.
Ahora bien, tal como reza el dicho que “no hay peor cuña que la del mismo palo”, los primeros que están aportando pruebas de la responsabilidad primaria de Maduro, como cabeza de esa línea de mando, son quienes fungieron como sus colaboradores. Lo ha dicho «con pelos y señales» el general Hugo “Pollo” Carvajal. Recordemos que este oficial fue encumbrado, primero por Chávez y luego por Maduro, a la cúspide del aparato de inteligencia de ese régimen. Sus relatos son valiosísimos, como pruebas. Por lo que se sabe, Carvajal da fe de que Maduro era quien daba las órdenes de detener, torturar y liquidar a los disidentes. Otra versión similar ha dado en la mismísima Corte Penal la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ella ha consignado pruebas irrebatibles, desde autopsias hasta exámenes de balísticas que incriminan a los funcionarios de Maduro en la comisión de los asesinatos de los estudiantes durante los años 2017 y sucesivos.
En los últimos días han surgido nuevas versiones que le auguran a Maduro una sentencia incriminatoria en la Corte Penal Internacional. El general Cristopher Figuera, que se mantuvo muy de cerca a Maduro, primero en la Casa Militar, luego como adjunto a la Dgcim y finalmente al mando del Sebin, ha asegurado que “las órdenes de todo las da Maduro”. Incluso, hace referencia al caso del acribillamiento del inspector Oscar Pérez, confirmando que la voz de mando la ejerció Maduro y por lo tanto fue él quien ordenó ejecutarlo en El Junquito. También aseguró el general Figuera que fue Maduro quien daba las órdenes de que se torturaran al concejal Fernando Albán y a los oficiales detenidos en la Tumba y en los calabozos de la Dgcim, como fueron los lamentables casos del capitán Rafael Acosta Arévalo y del capitán Caguaripano.
Finalmente, quiero dejar muy claro que no nos animan sentimientos bajos de venganza, lo que sí esperamos es que nada interfiera la justicia para las víctimas, para tranquilidad espiritual de sus familiares y como ejemplo de lo que nunca más debe pasar en este mundo.