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Las diferencias internas en el Partido Popular reavivan el clímax de la política en España. En esta ocasión la protagonista indiscutible es Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo ascenso ha sido meteórico y que se encuentra enfrentada con el presidente de su partido Pablo Casado, en medio de las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la adquisición de mascarillas en China por un valor de 1,5 millones de euros; por lo que acusan de haber obtenido beneficios al hermano de la baronesa, aunque ella ha aclarado mediante un comunicado que él cobró 55.850 euros más IVA, “una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación». El asunto lejos de empañar la imagen de la madrileña, ha desencadenado hasta una manifestación pública en la que centenares de simpatizantes de su gestión gritaron a los 4 vientos: “Ayuso presidenta”, “Casado vete ya”.
La crisis en el PP no ocurre en el mejor momento, aunque el partido ha ganado en las elecciones en Castilla y León, no obtuvieron la mayoría necesaria para gobernar en solitario —una alianza con vox podría permitirles formar gobierno en esa comunidad—y repetir el éxito conseguido en la Comunidad de Madrid en mayo del 2021, cuando obtuvieron una victoria de grandes proporciones con Ayuso.
El pasado jueves, el secretario general del PP Teodoro García Egea, anunció que se abrió un expediente informativo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para investigar la veracidad de las acusaciones de corrupción por el presunto trato de favor a su hermano en un contrato que habría sido adjudicado por la comunidad de Madrid con el que acusan de haber obtenido más de 280.000 euros a Tomas Díaz Ayuso.
Por su parte, los barones del partido exhortaron a Casado a detener la guerra interna. En medio de las acusaciones de ambas partes ha salido a relucir que el partido presuntamente habría contratado a un detective. En información publicada por el diario El País, se reseñó que Julio Gutiez sería el dueño de la agencia de detectives a quien supuestamente encargaron espiar a Ayuso y también a su hermano. Gutiez habría rechazado la oferta por considerarla ilegal.
Por su parte, Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, mantuvo la defensa en la compra de las mascarillas enfatizando que el “contrato es absolutamente irreprochable”
En esta controversia algunos de más importantes diarios españoles, reseñaron que el expediente contra Ayuso pudo resultar en una posible expulsión del partido, en caso de encontrase irregularidades. Por su lado, Pablo Casado se habría jugado su posición dentro del PP. Aunque es muy pronto para saber cómo termine la historia, una de las grandes incógnitas pasa por saber cuál es la fuente que informó del presunto trato de favor, también se plantea una duda razonable: ¿Quién se beneficia con este conflicto? El desenlace de los acontecimientos podría marcar el futuro político de una España en el que los partidos emergentes buscan cristalizar el respaldo del electorado de cara a futuras elecciones y el Gobierno actual aspira a seguir trabajando en la construcción de en una gestión institucional que pueda fortalecer a la actual formación política que preside la nación.
Al cierre de este artículo se dio a conocer en medios de comunicación de España como ABC o RTVE entre otros, que fuentes del PP aseguraron que Pablo Casado comunicó a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que los datos ofrecidos se incorporarán al expediente abierto contra ella, para cerrarlo “satisfactoriamente”, luego del comunicado del gobierno regional que contenía las explicaciones solicitadas sobre el mencionado contrato. Cabe destacar que la periodistaElsa García de Blas, que Cubre la información del PP, se refirió al asunto por Twitter, aclarando que la decisión final le corresponderá al comité de derechos y garantías del PP, que es un órgano independiente.
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