Foto Forbes
Aparte de Rubén Cortés en su «Canela fina», no he visto que alguien en la comentocracia haya detectado la conexión que hay entre la ofensiva del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral y sus crecientes ataques a la OEA, y en particular a quienes se encargan de la observación de elecciones. Sin embargo, ambas embestidas van de la mano.
La primera y más clara manifestación de este combate del gobierno actual reside en la declaración conjunta firmada por AMLO y Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia. Como se recordará, el informe de la misión electoral de la OEA sobre el fraude electoral en Bolivia a finales de 2019 fue clave para impedir la reelección ilegal de Evo Morales, y contribuyó a su renuncia. El grupo informal de países antes llamados del Alba –la asociación formada por Hugo Chávez- y que hoy cuenta entre sus integrantes a México, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Cuba, siempre consideró que el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, fue parte activa del “golpe de Estado” contra Evo Morales. Por eso, López Obrador y Arce “coincidieron en la importancia de promover el carácter técnico, objetivo e imparcial de las misiones de observación electoral de la OEA”.
En otras palabras, que la OEA no diga si hubo fraude o no, ni quién ganó, ni si los comicios en determinado país se atuvieron a la legalidad vigente en ese país, y a los convenios internacionales correspondientes. Es decir, que no observe. Ahora bien, en muchos casos, quien invita a la OEA (o a la ONU o al Centro Carter) es la autoridad electoral, que por definición suele ser autónoma en América Latina. En México, lo es. De allí el dilema: ¿Cómo impedir que observe la OEA si el INE la invita?
En efecto, el INE ya invitó a la OEA para que envíe una misión para observar las elecciones de junio. Lo que es más, la OEA ha participado como observadora en todas las principales votaciones en México desde 1994. Lo hace en todos los países, cada vez, bajo un régimen que implica el otorgamiento de “inmunidades y privilegios” por parte del gobierno anfitrión. En México, la instancia responsable de ello es, lógicamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde la época de Salinas, a todas las misiones de observación de este tipo se les ha brindado ese estatuto, con las obligaciones y responsabilidades pertinentes. Sin dichos “inmunidades y privilegios”, ni la OEA ni nadie puede asistir a una elección.
Ya empezaron las campañas. Estamos a dos meses de los comicios más grandes de la historia de México, que se celebrarán en plena pandemia. Se trata de una coyuntura en la cual la presencia internacional es por lo tanto especialmente útil. Y en vista del deterioro de la imagen del INE, debido a los ataques constantes del gobierno, especialmente necesaria.
Pero hasta ahora, la SRE no ha mandado los documentos indispensables a la sede de la OEA en Washington. Tal vez el motivo sea solo el caos en la Cancillería, o la excesiva carga de trabajo: comprar pipas, mendigar vacunas, perseguir hondureños, en fin… O quizás la Secretaría no quiere que la OEA despache una misión de observación a México, o en todo caso, que llegue lo más tarde posible, porque no quiere a Almagro, porque es intervencionista, porque derrocó a Evo (“hermano, ya eres mexicano”), y porque es amiguito de Lorenzo Córdova y el INE. ¿Será?