Los miembros de las fuerzas armadas ocupan hoy el centro de las miradas de la sociedad, debido a la consternación que ha producido el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, después de ser sometido a tortura. El hecho ocurrió en jurisdicción militar, en uno de sus lugares de detención y bajo la custodia de sus oficiales, y se conoció debido a que el capitán Acosta Arévalo no pudo ser presentado ante sus jueces naturales debido al estado de postración física, que se pudo observar a simple vista, y concluyó en un lugar de asistencia médica dependiente de las autoridades castrenses.
No hubo manera de ocultar la barbaridad, ninguna autoridad pudo evitar que el suceso corriera por las calles después de iniciar su recorrido en predios dominados por los uniformados. Por consiguiente, estamos ante un fenómeno que concierne directamente al Ministerio de la Defensa, a los miembros del Alto Mando, al resto de los oficiales y al soldado de a pie. Tal vez sea uno de los casos más directamente vinculados con la vida de los cuarteles y con la rutina de sus habitantes de que se tenga memoria en el país. No hay nada que lo pueda relacionar directamente con factores políticos y civiles del resto de la sociedad, aunque se sepa que la orden del cautiverio fuera dispuesta por el fiscal general de la República.
Se tendrá que establecer el vínculo entre la disposición de la Fiscalía y lo que sucedió después, deberá establecerse la relación entre el horror cuartelero y los intereses de la dictadura que metió al capitán Acosta Arévalo en una celda, pero el papel de los responsables militares ocupa un lugar prominente que obliga a pedir especialmente a sus autoridades una conducta distinta de la que hasta ahora han manifestado. Han publicado el comunicado de rigor, a través del cual anuncian la investigación del suceso y comunican el dolor por el horrendo asesinato, pero las cosas no se pueden quedar dentro de un límite tan estrecho. Está en juego el prestigio institucional, no en balde se ha cometido en su seno un delito que se ha hecho público y que ha provocado indignación general.
De allí la necesidad de que expresen una conducta a través de la cual demuestren su alejamiento de la atmósfera putrefacta que condujo a la vejación y a la muerte del capitán Acosta Arévalo. Si ya la petición de que se diferencien cabalmente de la dictadura y de que respeten la Constitución se ha hecho clamor general, el suceso que nos ocupa los obliga, en términos ineludibles, a una manifestación capaz de comunicar pruebas de limpieza y equilibrio que los excluyan del ambiente de declive moral que distingue al régimen usurpador. No solo porque lo disponen sus reglamentos y sus obligaciones con la sociedad, sino también por el honor militar por el cual se desviven en la retórica y por el cual se jugarán la vida, de acuerdo con lo que expresan en sus arengas. Hagan buenas sus palabras y sean realmente representantes de unas fuerzas armadas honorables.