Foto: The New York Times
Para quienes no conozcan el genocidio registrado en Ucrania, Holodomor es un término de origen ucraniano cuyo significado es matar de hambre y fue atribuido a la hambruna que devastó el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, Kubán, Ucrania Amarilla y otras regiones de la URSS, en el contexto de la colectivización de la tierra emprendida por la URSS en los años de 1932-1933, bajo la dictadura de Josep Stalin. Se calcula que murieron de hambre entre 1,5 y 12 millones de personas. Hoy lamentablemente esa nación vive de nuevo un holocausto ante la agresión del dictador ruso Putin.
Casualmente, este acontecimiento se conmemora el cuarto sábado de noviembre de cada año, tanto en Ucrania como en las comunidades de ese país en el mundo y lo traje a colación por la tragedia que sufren los trabajadores venezolanos a causa de una política de Estado que lo que ha hecho es generar pobreza extrema a millones de ciudadanos por los miserables ingresos y el nulo poder adquisitivo. En esta oportunidad nos referiremos a los pensionados y jubilados de este país.
No hay ninguna duda de que el impacto es brutal para todos los sectores laborales del país, sin capacidad para adquirir la canasta alimentaria calculada en 530 dólares mensuales y mucho menos la canasta general de bienes y servicios (alimentos, vivienda, vestido, salud, educación) que sobrepasa los 1.200 dólares. Es ta crítica la situación que los expertos indican solo ¡10% de la población tiene ingresos para adquirirlas.
En este contexto, si la situación es difícil para un trabajador activo cuyos ingresos mensuales en promedio en el sector privado rondan los 250 dólares, más aún lo es en el sector público, donde el monto ronda los 125 dólares, pero hay que hacer la salvedad de que en realidad el salario ha sido minimizado y sustituido por los bonos, llámense de guerra, independencia, de Navidad, lo cual constituye un fraude al concepto de salario establecido en la Constitución, en el DLOTT y contratos colectivos, hoy ilegalmente suspendidos.
Para los pensionados y jubilados la tragedia es aún mayor al conducirles la política estatal a una situación similar al Holomodor ucraniano, a la hambruna y al exterminio, al serles inaccesible un sistema de salud básico, que evidencia las condiciones precarias extremas de un sector laboral que supera los 6 millones de trabajadores inactivos (pensionados del IVSS, jubilados de la administración pública, eensionados de la Misión Amor Mayor).
Ahora bien, esta lucha por la justicia social lleva un largo recorrido que se inicia en la última década del siglo XX. Edgar Silva recordó que el 11 de noviembre de 2024 se cumplieron 33 años de la creación del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
Silva, presidente de esta instancia, precisó que desde su creación, el 11 de noviembre de 1991, el comité inició una campaña mediante movilizaciones públicas a fin de demandar la atención de la opinión pública y en especial la del gobierno de entonces, sobre la crisis económica y social de los pensionados y jubilados de la época. Subrayó que con cada gobierno desde Carlos Andrés Pérez, Caldera y Chávez se obtuvieron avances que están plasmados en la Constitución del 99 y en Leyes de Seguridad Social».
“Sin embargo, hoy día son letra muerta, por voluntad de quien detenta el poder político y económico de la nación, pero que serán rescatadas una vez que restablezcamos la nueva institucionalidad democrática y la nueva gobernanza que nos hemos decidido dar en julio de este año”.
Veamos en detalle la actual composición de la población jubilada y pensionada y sus ingresos; los pensionados, es decir, los 6 millones reciben una pensión mensual de 130 bolívares mensuales cuyo valor actual ante el dólar es de 2,3 dólares y un bono de guerra económica de 42 dólares. Entretanto, los jubilados de la administración pública reciben un monto por jubilación que varía según la deprimida escala salarial de cada ministerio, que en promedio no sobrepasa los 50 dólares y un bono de guerra económica aproximado de 92 dólares. Hay trabajadores de gobernaciones y alcaldías cuyas jubilaciones registran solo 250 bolívares mensuales, casi 4,6 dólares.
Con estas irrisorias cantidades como pensionados y jubilados no pueden aspirar a una vida digna, algunos se ven obligados a regresar a la vida activa a pesar de las mermadas condiciones físicas y otros perciben remesas de familiares. El resto, como anuncia el gremialista de la salud Luis Cano: “¿Qué se puede comprar con 5 dólares?, medio aguinaldo y pensión como una condena para los 6 millones de pensionados y jubilados, sin medicinas, ni comida, esta política equivale a una condena de muerte anticipada … Sufrimos la incapacidad de adquirir medicinas contra la prostatitis propia de nuestra edad y causa de muerte de decenas de compañeros junto a otras enfermedades crónicas”.
Más adelante Servando Carbone, directivo de la central sindical Únete, en agudo análisis sobre el salario y pensiones, explica cómo el gobierno congela el aumento de salarios durante casi 3 años, asigna discrecionalmente bonos en grandes campañas publicitarias, como el de guerra económica entre otros y luego te los esquilma en el pago de servicios borrón y cuenta nueva de la electricidad, el IVA al 16%, las deducciones del SSO, Cantv, Hidrológicas, Transporte, afectando el menguado ingreso a la cloaca de la corrupción, ya que ninguno de los servicios públicos puede ser calificado de calidad aceptable.
En resumen, esta tragedia se particulariza para cada sector laboral, social y económico, aun cuando existan voceros que pretenden pasar la página de la terrible crisis nacional que padecemos, no dudamos que el pueblo venezolano recuperará la condición de vida digna y la democracia como valientemente lo ha demostrado.