De acuerdo con un informe anual de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, en tanto en Europa –continente que ha probado los callejones sin salida del Estado benefactor– se avanza hacia los sistemas previsionales basados en la capitalización individual de los fondos, en América Latina algunos políticos demagogos imprudentemente pretenden y proponen regresar a los sistemas de reparto.
Esto es, los planteamientos de reintroducir o fortalecer sistemas de pensiones de reparto o ahorro colectivo a través de la administración pública centralizada y beneficios definidos, que involucran en el fondo traspasar el poder que tienen actualmente las personas afiliadas al sistema para tomar ciertas decisiones individuales a los políticos que moran en el gobierno y el Poder Legislativo. Los afiliados perderían ipso facto sus derechos de propiedad, puesto que ya no dispondrían de sus ahorros para financiar sus pensiones, retiros o dejar herencia en caso de que no existan beneficiarios de pensiones de sobrevivencia. Como tampoco podrían elegir a quién les administre sus ahorros. Serán, entonces, únicamente los poderes Ejecutivo y Legislativo los que decidirán el destino de los fondos colectivos acumulados, los beneficios que se otorgarán y hasta la manera en que se repartirán al interior de una generación o entre generaciones. Este tipo de reformas va en contra de una mayor conciencia y valoración de la propiedad individual de los ahorros por parte de los afiliados de los sistemas de pensiones, que están exhibiendo algunas encuestas en varios países.
En los sistemas de capitalización individual las administradoras de fondos de pensiones invierten los aportes que reciben, obteniendo rentabilidades que aumentan el patrimonio previsional de los trabajadores en beneficio directo de sus pensiones. En contraposición, en los sistemas de reparto no se crea o construye un patrimonio, sino que, como lo dice su nombre, solo se reparten o redistribuyen los ahorros de los trabajadores al interior de una generación o entre distintas generaciones. Ello beneficia normalmente a las primeras generaciones que se jubilan o retiran con altas pensiones, las cuales a la postre no se pueden sostener dado el evidente deterioro financiero que experimentan estos sistemas como consecuencia de las tendencias demográficas además de otros problemas estructurales.
De igual modo, al menos en América Latina, se tiene una abrumadora evidencia de que dicha redistribución perjudica, esencialmente, a los trabajadores más pobres y personas más endebles, que no pueden cumplir las condiciones exigidas para recibir pensión, y beneficia a los trabajadores de ingresos medios y altos que sí las cumplen.
La implantación de un patrimonio previsional de los sistemas de capitalización individual tiene muchas ventajas. Otorga mejores pensiones a los trabajadores si las comparamos con los regímenes de reparto. En estos últimos, la única fuente de financiamiento de las pensiones, excluidos los aportes que pueden provenir del presupuesto público, son las cotizaciones realizadas por los trabajadores, empleadores y el Estado. En tanto, en los sistemas de capitalización individual se suman a las cotizaciones las rentabilidades y ganancias recabadas en la inversión de los fondos, y estas son un porcentaje significativo del saldo final o patrimonio que ha sido acumulado los trabajadores para financiar sus pensiones.
En este contexto, podemos destacar que mediante el sistema de AFP chileno, los ahorros previsionales de las primeras generaciones de afiliados que fueron acumulados para financiar sus pensiones son cuatro veces superiores a los que se hubieran obtenido de haberse conservado el régimen de reparto, para una tasa igual de cotización. Si estudiamos la situación previsional de todas las generaciones que han ingresado al sistema chileno hasta diciembre de 2019, podemos concluir que las rentabilidades acumuladas por las inversiones de los fondos de pensiones entre enero de 1990 y aquella fecha han contribuido con aproximadamente 151.000 millones de dólares al patrimonio previsional de todos los afiliados, lo que ha permitido más que duplicar sus aportes a las cuentas individuales.
Así, 75% del patrimonio acumulado por las primeras generaciones de afiliados proviene de la rentabilidad de las inversiones que las administradoras de fondos de pensiones han hecho con los ahorros de los chilenos afiliados.
En Uruguay, el sistema de previsión es de reparto, y los uruguayos afiliados al mismo cotizan 22,5% de su salario al Banco de Previsión Social, pero increíblemente esto no es suficiente para financiar las pensiones y jubilaciones en este país austral. Mientras que en Chile la tasa de cotización es de 12,5% y la edad para jubilarse es de 65 años.
Los sistemas de pensiones de reparto de América Latina adicionalmente están confrontando serios problemas de sostenibilidad financiera. Estimaciones hechas por especialistas en la materia, explican que hacia el año 2000 la deuda implícita de los sistemas de reparto de la región ya se remontaba en cifras bastante preocupantes: en Brasil representaba 5 veces su PIB, en Uruguay casi 3 veces su PIB, en Costa Rica y Nicaragua más del doble de su PIB, y en Argentina y Ecuador poco más de 100.