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La educación pública en Venezuela se encuentra al borde del colapso, enfrentando una crisis sin precedentes que amenaza el futuro de generaciones enteras. La alarmante escasez de docentes pone de manifiesto la magnitud de un problema que se ha gestado durante la última década, en un contexto de devastación económica y social. Las medidas impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro, que incluyen el llamado a jubilados a reincorporarse y promesas de créditos, son insuficientes y reflejan un profundo desconocimiento de la realidad que enfrentan los educadores.
Los salarios de los docentes, que apenas alcanzan la subsistencia, han llevado a muchos a abandonar sus aulas en busca de otras actividades que les permitan garantizar una vida digna. En un país donde la hiperinflación ha devastado el poder adquisitivo, ser docente se ha vuelto una tarea prácticamente inviable. La falta de servicios básicos en las instituciones educativas —como el acceso limitado a agua potable, la escasez de alimentos y la inestabilidad eléctrica— crea un entorno inhóspito para el aprendizaje, convirtiendo el derecho a una educación de calidad en una utopía inalcanzable para la mayoría de los jóvenes.
Este colapso educativo refleja no solo una crisis del sistema académico, sino también una crisis institucional más amplia que impacta negativamente en el desarrollo económico y social del país. Venezuela es, quizás, el único país de la región cuyo sector de educación superior ha enfrentado amenazas tan diversas: políticas legales y gubernamentales adversas, la persecución de profesores y estudiantes universitarios, y severas restricciones presupuestarias. La existencia de las universidades y la generación de conocimiento se ven comprometidas, poniendo en riesgo valores esenciales como el pensamiento crítico, la independencia y la responsabilidad individual, que son fundamentales para la vida democrática.
Para revertir esta situación, es imperativo adoptar medidas de fondo. Aumentar los salarios de los docentes y garantizar condiciones laborales dignas son pasos esenciales para atraer y retener el talento educativo. Sin estos cambios, el sistema educativo seguirá erosionándose, condenando a las nuevas generaciones a un futuro incierto. La democratización de las instituciones educativas es igualmente crucial; respetar la autonomía universitaria y asegurar la transparencia en la gestión de recursos son elementos indispensables para restaurar la confianza en el sistema educativo.
Asimismo, la internacionalización de las instituciones, a través de programas de intercambio académico, se presenta como una estrategia no solo para elevar la calidad educativa, sino también para ampliar las perspectivas de los estudiantes en un mundo cada vez más interconectado. Es fundamental que organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a universidades e instituciones políticas de todo el mundo, monitoreen la crisis en Venezuela. Deben exigir a las autoridades que protejan la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación, asegurando que las universidades estén adecuadamente financiadas, independientemente de su ideología.
La crisis en la educación pública de Venezuela es un llamado urgente a la acción. Sin una respuesta contundente, el país se verá atrapado en un ciclo de subdesarrollo y exclusión social, privando a sus jóvenes de las oportunidades que merecen. La recuperación del sistema educativo no es solo una cuestión de política pública; es una cuestión de justicia social y de futuro.
Pedro Adolfo Morales Vera es economista, jurista, criminólogo y politólogo.