Las huellas más profundas que quedarán marcadas en el futuro de nuestro país son las provocadas por dos factores claves, la destrucción del sistema educativo y el hambre que cubre a más de 65,7% de la población. La gravedad de ambos aspectos radica en su carácter determinante de efectos irreversibles en las capacidades y potencialidades de los habitantes de este país.
El balance final de la escuela venezolana en 2023 corresponde a un sistema calificado por los mejores expertos, entre ellos el Dr. Luis Bravo, como una institución hipercentralizada, desorganizada, atrasada, arruinada y desintegrada. Calificativos que le atribuyen los evaluadores del sistema educativo para nuestro gran pesar. A estos atributos se suma uno quizás el más grave de todos, ser una sociedad con escolares en una mayoría desnutrida o mal nutrida, con cifras que incluyen 60% de la matrícula, en casos encontrados en diversos estudios y la suma de otra quizás más grave “30% de los niños venezolanos acusan pérdida de capacidades, de su potencial de desarrollo de forma irreversible.
“Según (ENCOVI)” entre 2017 y 2021 se ha reportado un aumento sostenido de los hogares venezolanos que sufren de inseguridad alimentaria.
Actualmente, más del 94% no cuentan con los alimentos suficientes para vivir. Las poblaciones más vulnerables al impacto del hambre son los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las personas de la tercera edad.
El 30% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, lo cual ubica a Venezuela como el segundo país de Latinoamérica con mayores niveles de desnutrición crónica infantil”
El balance es realmente negativo, no hay un solo aspecto del sistema educativo venezolano que pueda ser descrito como eficiente, exitoso, que responda a las expectativas ciudadanas para construir un país próspero y en libertad. El sistema educativo es un área totalmente abandonada, sin importancia para los regímenes que han ejercido el poder en las últimas dos décadas en Venezuela.
Si comenzamos por los datos de la matrícula escolar estos acusan una perdida creciente de estudiantes. En 2006, por cada 100 personas en edad escolar, 51 estaban inscritos en el sistema educativo. Hoy, por cada 100, apenas 32 reciben formación. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, en Venezuela 28 % de los escolares no asisten a clases por falta de agua, 22 % por carencias de alimentos en el hogar y 13 % por el incumplimiento de la dimensión alimentaria en la escuela.
La crisis educativa también derivó en la pérdida de escuelas. El INE indicó que, desde 2016, han desaparecido 1.275 planteles educativos: 848 escuelas públicas y 427 privadas. De 30.687 planteles educativos que había en 2016, quedan 29.412. En abril del año pasado, Maduro expresó que “a pesar de la guerra económica, no se ha cerrado ni se cerrará jamás una escuela”
Los maestros, una insustituible misión en cualquier sociedad, hoy en Venezuela están en su crisis más profunda a nivel salarial, conminados a abandonar las aulas de clase, a buscar otros empleos y a emigrar. En 2019 estaban en sus posiciones 527.538 maestros hoy quedan 263.769, un proceso que continúa de forma indetenible. Según datos de UDSE 50% de los profesionales en educación integral, especial, matemáticas, física, química, biología e inglés, ya no están en las aulas de clases. Los maestros en Venezuela apenas pueden adquirir 5% de la canasta básica de alimentos. El docente de mayor rango percibe un poco menos de 10 dólares al mes. Mientras que el de menor escalafón no llega a los 5 dólares. Una consecuencia de la escasez de maestros ha sido la aparición de los llamados maestros “piratas”, según el experto en educación Leonardo Carvajal, a veces, con 17 años, carecen de la titulación adecuada para impartir las clases que se les asignan. También carecen de autoridad, ya que con frecuencia apenas son mayores que los niños que se supone que deben enseñar. Uno de los programas usados irresponsablemente para suplir la ausencia de maestros es el denominado “Chamba Juvenil” que ofrece ocupación a jóvenes que no estudian ni trabajan y que no han llegado a concluir la educación media.
En cuanto al Programa de Alimentación Escolar (PAE) definido como una política social creada para contribuir con el buen rendimiento escolar, a través del mejoramiento de las condiciones nutricionales de niños, adolescentes y jóvenes atendidos en el Sistema Educativo Bolivariano, el balance realizado por Transparencia Internacional señala que este Programa, gestionado por el Ministerio de Educación, funcionaba sin los mínimos controles fiscales. Empresas cooperativas inflaban facturas y defraudaban al Estado en detrimento de la alimentación de miles de niños, niñas y adolescentes en planteles venezolanos. El Programa de Alimentación Escolar “adolece de fallas en la planificación, supervisión y control interno”, apunta un informe publicado en junio de 2013 por la Contraloría General de la República (CGR), que había inspeccionado, solo en Distrito Capital, 42 planteles educativos que atienden una población de 37.968 estudiantes.
Entre los resultados se enunciaban: falta de soportes, facturas, órdenes de compra, notas de entrega y comprobantes; ausencia de control fiscal y registros contables, irregularidades en contrataciones, pagos dobles, retrasos en pagos y opacidad en el manejo de recursos, entre otras irregularidades.
Más allá del diagnóstico, también se estableció las responsabilidades del Viceministerio, la Dirección de Administración, la Coordinación Nacional, las Zonas Educativas, coordinaciones, planteles y proveedores, entidades que incurren en graves faltas: “Realizan procesos de forma aislada y no cuentan con criterios técnicos ni legales; no se mantiene la continuidad y uniformidad; persisten las deficiencias administrativas y organizativas que van en detrimento de la eficiencia y eficacia de las operaciones e inciden en la inoperatividad del programa”.
“El PAE fue creado en 1996 funciona sin personalidad jurídica bajo la tutela del Ministerio de Educación con dos modalidades: el plato servido en comedor, preparado por “madres procesadoras” que cocinan alimentos en unidades educativas; y el “servicio de alimentación o de distribución”, que prestan por proveedores —entre los que se incluyen cooperativas, Pdval y Mercal— bajo las figuras de insumos o plato servido”.
Un reportaje reciente denunció las irregularidades en el funcionamiento del programa y el papel de las empresas cooperativas, que inflaban facturas y matrículas de planteles para defraudar al Estado y hacer cobros superiores sobre los servicios prestados.
El balance final del Programa de alimentación escolar habla de una acción gubernamental ejercida sin responsabilidad institucional, sin que se ejerzan correctivos, se combata la corrupción y se adopten mecanismos transparentes de gestión anulando así la posibilidad de que esta iniciativa gubernamental pudiese contribuir a mejorar la crisis nutricional que sufren la población escolar venezolana, situación muy diferente a la ocurrido en otros países latinoamericanos que muestran el exitoso impacto del PAE en la condición nutricional de la población escolar. En general los informes señalan las fallas administrativas del PAE en cuanto a su calidad nutricional no se encuentran diagnósticos que informen sobre la calidad de la oferta alimentaria a los escolares, lo cual no lleva a presumir que los defectos deben privar sobre las virtudes.
En referencia a la situación de la infraestructura educativa el informe del Observatorio de la Educación señala: “59% de los centros educativos notifica daños a su infraestructura, lo cual implica techos rotos, filtraciones, baños fuera de servicios, pinturas en mal estado, rejas y paredes caídas, pupitres ventanas y puertas rotas, botes de aguas negras, techos con agujeros, entre otros daños por el desgaste estructural y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Estas condiciones implican un incumplimiento del propio plan formulado por el Estado en lo que respecta a las reparaciones menores, medianas y complejas que se identifiquen luego de un diagnóstico”.
En la conclusión del informe Fundaredes plantea: “En el año 2022 la existencia de una profunda crisis educativa”. La situación que padece el sistema educativo venezolano no deja espacio para regocijarnos y menos aún para lanzar el grito o parafrasear el calificativo meramente propagandístico que llevara a decir erróneamente ¡Ya la educación se arregló! Para nada: infraestructura en ruinas, deserción escolar y docente, fallas en el programa de alimentación (PAE), deficiencia en el contenido programático aunado a la peor conectividad de América Latina, además de la indiferencia del Estado ante estas problemáticas, fueron los temas que irreversiblemente debieron ser plasmados en este trabajo, lo que demuestra la constante vulneración del derecho a la educación en los diferentes niveles académicos”.
En un balance general sobre la educación se habla de exclusión y no de abandono escolar, “los estudiantes no regresan a las aulas por voluntad propia sino porque el sistema no garantiza condiciones de vida dignas a la población escolar. La escuela no es capaz de protegerlos y retenerlos”.
Con base en estas informaciones recogidas por las organizaciones civiles que han asumido la responsabilidad de ejercer vigilancia del sistema educativo se puede afirmar que una de las tareas más importantes que tiene que encarar la posible nueva dirigencia del país es rescatar el sistema educativo venezolano sumido en una profunda crisis, deterioro y marginación, una parte de nuestras vidas que no le ha importado a quienes han detentado el poder en los últimos tiempos. Si no tenemos una educación para formar mejores ciudadanos, individuos sanos, responsables y competentes nunca tendremos un mejor país.
Recordemos al gran Nelson Mandela “«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. Y evidentemente nuestro gran reto es cambiar a Venezuela.