Desde la llegada del chavismo al poder en 1999, la industria petrolera venezolana ha experimentado un colapso sin precedentes. En ese año, Venezuela producía aproximadamente 3,1 millones de barriles diarios. Para 2025, la producción se ha desplomado a menos de 900.000 barriles diarios, una cifra comparable a la de la década de 1940. Este declive no puede atribuirse exclusivamente a las sanciones internacionales, sino a una mala gestión estructural, corrupción, falta de inversión y la politización de Pdvsa, la empresa estatal de petróleo.
Uno de los eventos que marcó el deterioro de Pdvsa fue el paro petrolero de 2002-2003, tras el cual el gobierno de Hugo Chávez despidió a más de 18.000 trabajadores, incluyendo a técnicos altamente capacitados, reemplazándolos con incondicionales al régimen pero sin la formación adecuada. Esto provocó un debilitamiento de la capacidad operativa y tecnológica de la empresa.
A lo largo de los años, la falta de mantenimiento y de inversión en infraestructura agravó la crisis. En lugar de reinvertir los ingresos petroleros en la industria, el chavismo utilizó Pdvsa como una caja chica para financiar la demagogia, el clientelismo y la corrupción descuidando la producción y exploración. Además, la corrupción se convirtió en un problema sistémico dentro de la empresa, con desvíos de fondos millonarios y el saqueo de recursos que debían destinarse al mantenimiento de las instalaciones petroleras.
A partir de 2019, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones económicas más estrictas contra Venezuela, afectando particularmente a la industria petrolera. Sin embargo, a pesar de las restricciones, la empresa estadounidense Chevron continuó operando en el país gracias a una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos conocida como Licencia 41, la cual le permitía extraer petróleo en sociedad con Pdvsa bajo ciertas condiciones.
En enero de 2025, la administración de Trump suspendió la Licencia 41, eliminando así una de las pocas fuentes de inversión extranjera en la industria petrolera venezolana. Esta medida fue interpretada como un intento de presionar al régimen de Nicolás Maduro para que realizara concesiones políticas. Sin Chevron, Venezuela perdió no solo una empresa con capacidad operativa y tecnológica, sino también un vínculo que le permitía comercializar su petróleo dentro de un marco más estable.
Aunque la suspensión de la licencia tuvo un impacto en la ya deteriorada producción, es importante señalar que la industria petrolera venezolana llevaba años en crisis antes de las sanciones. El colapso de Pdvsa no se debe exclusivamente a las restricciones impuestas por Estados Unidos, sino a una administración ineficiente, falta de mantenimiento y corrupción estructural.
El politólogo Michael Penfold ha señalado que «el colapso petrolero en Venezuela es más un problema de gobernanza que de sanciones; el daño estructural es tal que, incluso si se levantaran todas las restricciones, la industria no podría recuperarse sin una reestructuración profunda» (Inter-American Dialogue, 2023).
Mientras el chavismo permanezca en el poder, Venezuela no podrá recuperar su industria petrolera. No hay confianza de los inversionistas internacionales, la infraestructura está colapsada y la corrupción sigue siendo el mayor obstáculo para una gestión eficiente. La única vía para la recuperación sería un cambio político que permita atraer inversión extranjera, recuperar el talento técnico y reconstruir Pdvsa bajo un modelo de gestión transparente y eficiente. Sin estas reformas y bajo la tiranía chavista Venezuela está condenada a ser un país petrolero sin los beneficios de la renta petrolera.