Como bien lo describe el Informe de Provea, el año 2022 está signado por la activación simultánea de diversos mecanismos internacionales de control para Venezuela. Entre ellos, la apertura de la investigación sobre la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, el Sistema Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y sus mecanismos como la Misión de Determinación de los Hechos y su opción de renovación; la alta comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, el tercer ciclo evaluativo del Examen Periódico Universal, el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Mecanismo de Seguimiento para Venezuela del Sistema Interamericano.
Este contexto determina la importancia del Foro del Diálogo Social realizado la semana pasada del 25 al 28 de abril, al estar bajo la mirada del más importante organismo laboral mundial, la OIT, ante la actitud reiterada del régimen de precarizar la vida de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de este país.
El evento implica una excelente oportunidad para que el sindicalismo venezolano reagrupe sus diezmadas y fracturadas estructuras, comenzando por esclarecerse el significado de la OIT para el mundo del trabajo. Esta no es un tribunal, ni mucho menos la Corte Penal Internacional, como tampoco es la Mesa de Diálogo de México, para imaginarse que de su seno se emitirán sentencias o se eliminarán sanciones económicas.
La Organización Internacional del Trabajo es un organismo tripartito que vigila la aplicación de los convenios laborales a nivel universal firmados por los Estados, que establece mecanismos de ayuda a los trabajadores, a los empleadores privados, para proteger las relaciones de trabajo ante gobiernos zánganos y dictatoriales, como ha sido la gestión gubernamental bajo la presidencia de Chávez y la actual de Maduro.
Aunque muchos no lo crean, no fue tarea fácil llevar al régimen al Foro Social citado; ha sido el producto de una peregrinación durante todo el siglo XXI, mediante el envío de múltiples misiones del organismo tripartito, las cuales han visitado al país, hasta concretarse la Comisión de Encuesta promovida por el gremio empresarial en 2018, la cual creo es la primera de ese género en 103 años de la OIT. De 13 Comisiones de Encuesta que se han acordado ante regímenes violadores de convenios laborales, la mayoría ha sido por iniciativa de los trabajadores.
Aun cuando sabemos que los “rusos también juegan”, es decir, el régimen chavista mueve todos sus pines para minimizar los daños de sus tropelías antilaborales, tratando de manipular a centrales sindicales nacionales e internacionales, o a empleadores privados, a fin de presentar una imagen renovada revestida de “avances” en las maltrechas relaciones de trabajo, la realidad es que estamos ante un escenario propicio para que mediante el método tripartito se concreten los salarios, se respete la libertad sindical, la contratación colectiva y no se persiga a los sindicalistas en el desempeño de sus funciones.
A sabiendas de que se ha convocado una próxima reunión en septiembre de 2022, de manera presencial con la asistencia de una delegación de la OIT, a fin de darle seguimiento a los avances y cumplimiento de acuerdos suscritos en torno a los convenios 26 (salarios mínimos), 87 (libertad sindical) y 144 (consulta tripartita), reiterados en el Foro Social celebrado entre las organizaciones sindicales, Fedecámaras y gobierno. Asimismo, en las próximas sesiones del Consejo de Administración de la OIT, que se celebrarán en los meses de junio y en noviembre de 2022, se hará también seguimiento y evaluación del cumplimiento y avance de los acuerdos alcanzados.
La tarea del sindicalismo venezolano debe orientarse a la superación de divergencias y el logro de una propuesta compartida, que permita la presencia de una representación de los trabajadores unificada y fortalecida en torno al objetivo de la reconquista del trabajo digno, más aún al estar en presencia “de un gobierno, autoritario y totalitario, quien actúa de mala fe para ganar tiempo, desarticular el conflicto a su favor sin soluciones efectivas y con el único propósito de bajar el costo político”.
En ese contexto los trabajadores venezolanos esperan que sus dirigentes sindicales estén a la altura de las circunstancias, que no pierdan el tiempo en protagonismos o en argumentos de ser los propietarios de la verdad. Lo que les importa a los trabajadores de todos los sectores es la atención a las exigencias de los 22.000 petroleros despedidos en 2002-2003 por defender la industria mediante la huelga general, a los trabajadores de Guayana, a los del sector público y privado, a la situación trágica de los jubilados y pensionados, a los desempleados.
En definitiva, lo que proponen es que el sindicalismo los represente dignamente en procura de una vida digna junto a su familia, para no verse obligados a emigrar como lo han hecho millones de venezolanos durante el siglo XXI y por otra parte actúen de manera autónoma de los buros políticos partidarios a los que pertenecen.
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