Acontecimientos disruptivos del calibre de la invasión rusa a Ucrania obliga a los diversos actores políticos, económicos… a plantearse nuevos escenarios y actuar en consecuencia para afrontar de la manera más conveniente posible a sus intereses los efectos, consecuencias, proyecciones de la disrupción ocurrida.
Esa sería la razón que motivó al gobierno de Biden a establecer contactos que se concretaron en la reunión con el gobierno de Maduro – al cual no le reconoce legitimidad ni legalidad, y ha continuado la política de sanciones adoptadas por las administraciones Obama y Trump. Los objetivos declarados fueron: debilitar el alineamiento estrecho del Estado venezolano con el Estado ruso en función de reforzar el creciente aislamiento internacional del gobierno de Putin por la invasión, explorar acuerdos en el campo energético para reducir la dependencia internacional del petróleo ruso, la liberación de los gerentes de Citgo de nacionalidad estadounidense presos en Venezuela; todo a cambio, supuestamente, de reducir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Hay que aclarar que, al igual que muchos, no conozco si otros temas fueron discutidos y acordados entre las partes. En todo caso, los objetivos proclamados no son concha de ajo, supondrían de parte del régimen un cambio de ciento ochenta grados en su política internacional.
A primera vista y al tenor de los resultados una iniciativa justificada (el fondo del asunto o el objetivo) por la nueva situación política internacional, ha terminado siendo una ganancia política para el régimen chavista y un traspié para la administración Biden. Ese resultado que se aprecia tiene su origen en varios asuntos; el primero y que se pone de bulto es la puesta en escena (la forma o el procedimiento). Es sabido que el acoplamiento del fondo y la forma es vital para el éxito de cualquier iniciativa o para reducir los costos de un eventual fracaso.
El primer error cometido por la parte solicitante de la reunión fue proponer o aceptar que la misma tuviera un alto perfil, aunque seguramente era claro que se trataba de una cita privada, pero pensar que una reunión con Maduro en Miraflores –lo de los acompañantes no tiene mucho significado más allá de saber o confirmar cuál es el entorno de más confianza de Maduro– no trascendería a la opinión pública complicando la eficacia de la gestión o del control de daños posterior como a la postre ocurrió porque cierta lógica indica que era al régimen chavista a quien convenía se supiera del encuentro. Quizá lo conveniente hubiese sido una cita discreta, no con Maduro sí con alguien de su entorno de confianza, una reunión que facilitara, por los participantes y la locación, menos expectativas de resultados inmediatos, que no se comprometiera la credibilidad de la posición estadounidense y fuese manejable desde el punto de vista comunicacional.
Desde que se conoció públicamente la realización de la reunión comenzó una cadena de reacciones, sobre todo desde sectores contrarios al régimen chavista en Venezuela y Estados Unidos, cuestionando la cita por las consecuencias favorables para el gobierno Maduro en el términos de legitimidad, de supuestos acuerdos para levantar sanciones, por la confusión generada entre los sectores opositores nacionales, debilitamiento consecuente del gobierno interino (asunto que concita beneplácito en sectores opositores que pasan por alto frívolamente la utilidad, ciertamente menguante, pero todavía real de su permanencia) y entre aliados estrechos de Estados Unidos en el tema Venezuela y otros como Colombia.
Las reacciones a la reunión han obligado al gobierno estadounidense, por vía de funcionarios de alto nivel, a dar reiteradas explicaciones, que todavía no cesan, sobre todo lo referente a la reunión de Miraflores y su posicionamiento real sobre el tema Venezuela. Algunas de ellas poco creíbles como la de que era una cita planificada y solicitada hace mucho. En todo caso, quien necesita explicar y aclarar mucho está reconociendo que la situación generada le perjudica. Todo indica que se está en presencia de un operativo de control de daños.
Entre toda esa sucesión de aclaratorias de altos funcionarios estadounidenses llama la atención una del señor Juan González, principal asesor de seguridad nacional en lo referente a América Latina. En ellas, González manifiesta abiertamente que las sanciones a Venezuela no son decisivas para el cambio de régimen. Hacer esa afirmación en un momento como el actual es un error, agravado por el nivel de quien la profiere. Lo es por varias razones: debilita argumentalmente el principal recurso de la comunidad internacional democrática para presionar al chavismo y cuando en la narrativa chavista es la principal causa de los problemas en Venezuela (por algo lo dirán más allá de lo simbólico) y porque está demostrado que sí les complica la gobernabilidad, cuando el caballo de batalla para castigar a Rusia por la invasión a Ucrania son precisamente sanciones al sistema económico, porque debilita el recurso principal a la mano para inducir a la reactivación de un proceso de negociación con el chavismo. Tengo la impresión de que en el seno del alto gobierno de Estados Unidos hay quienes están cediendo a las presiones de poderosos lobistas contratados por el gobierno venezolano y por importantes agentes económicos de ese país, lo cual no deja de ser inquietante porque de lograrse ese objetivo se perjudicarían seriamente las posibilidades de un cambio político.