El Estado nunca manifestó voluntad de asumir el principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma para investigar y procesar penalmente a los altos mandos militares y funcionarios de alto rango.
Eso me lleva a respaldar los argumentos emanados de la Corte Penal Internacional al rechazar los escritos consignados por el Estado en un nuevo intento de detener las investigaciones que adelanta esa instancia.
Hacía referencia a un supuesto avance en las investigaciones relacionadas con los crímenes de lesa humanidad, que a criterio de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI se cometieron en nuestro país durante el año 2017. La CPI afirma en el documento de 22 páginas fechado el 30 de marzo de 2023 que hubo un ataque generalizado y sistemático contra una población civil que fue víctima de persecución, encarcelamientos sin base legal, torturas, además de diferentes formas de violencia sexual, incluida la violación. Este ataque fue ejecutado principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado con conocimiento de dicho ataque por parte del gobierno.
No es la primera vez que el Estado obstaculiza y descalifica tanto a la Sala de Cuestiones Preliminares como al fiscal en procura de detener la investigación. También exigió que a las víctimas no se les atendiera en la instancia internacional, pero la CPI desestimó tal petición y abrió una página de denuncias. Se recibieron 2.000 formularios con testimonios de violaciones graves de derechos humanos .
Creo firmemente, como lo he dicho desde 2018, que la única esperanza que tenemos los venezolanos es la CPI, pues estoy convencido de que el sistema de justicia nacional nunca investigará ni procesará penalmente a los altos mandos militares ni a los jefes de los componentes del letal Plan Zamora.
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