Recientemente, ha circulado una noticia alarmante sobre la seguridad y el futuro de cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos. Al principio, la información parecía provenir de fuentes dudosas, pero ahora se ha emitido una declaración oficial confirmando los detalles. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, ha anunciado que la extensión de 18 meses del TPS para los venezolanos, impuesta por la administración de Biden, está siendo anulada.
Lo que ha dicho la secretaria es que el programa TPS solo se extiende seis meses después de su vencimiento. Sin embargo, esta reducción del tiempo de protección deja a muchos venezolanos con la sensación de estar en un limbo migratorio.
Más de 600.000 venezolanos han sido protegidos por el TPS de la expulsión. Los motivos para quedarse en Estados Unidos varían: algunos argumentan razones políticas, mientras que otros lo hacen por razones económicas. Lo cierto es que el principal motivo detrás de esta medida ha sido una decisión de la administración Biden.
El Estatus de Protección Temporal es un beneficio temporal otorgado a ciertos países cuyas condiciones adversas impiden el regreso seguro de sus ciudadanos.
Según USCIS:
“El secretario de Seguridad Nacional puede designar a un país extranjero para el TPS debido a las condiciones en el país que impiden temporalmente que los ciudadanos regresen de manera segura o, en ciertas circunstancias, cuando el país no puede manejar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos”.
¿Qué países pueden ser designados para recibir el TPS?
Un país puede recibir esta designación si enfrenta:
- Un conflicto armado en curso (como una guerra civil).
- Un desastre ambiental (como un terremoto, huracán o epidemia).
- Otras condiciones extraordinarias y temporales.
En el caso venezolano, cuando se promulgó el TPS, Venezuela vivía una situación de inestabilidad política continuada que empujó a los venezolanos a salir del país y refugiarse en otras naciones.
La situación política en Venezuela que dio origen a la promulgación del TPS no ha cambiado desde entonces; por el contrario, ha empeorado. Actualmente, Venezuela vive bajo una dictadura formalizada por el golpe de Estado que dio Maduro el 28 de julio y que se consolidó el 10 de enero con su juramentación ante la Asamblea Nacional ilegítima.
Está claro que la nueva administración de Trump hereda un TPS complejo para los venezolanos, debido a la forma en que, en los últimos años, han llegado migrantes a Estados Unidos, principalmente a través de la frontera. Estas personas huyen de Maduro, pero se presume que algunas han sido infiltradas por células criminales al servicio de la dictadura con fines desconocidos. Las consecuencias de esto se reflejan en los crímenes notorios cometidos por ciertos ciudadanos venezolanos provenientes de esta diáspora.
Por ello, esta nueva administración tiene razones fundamentadas para revisar quiénes han recibido esta protección y si realmente la merecen.
Generalmente, nuestra migración política es diferente a la migración económica. Específicamente, hay quienes están en Estados Unidos porque formaron parte de estructuras políticas de oposición y temen ser perseguidos por el régimen de Maduro. Sin embargo, también hay migrantes que fueron o son parte de la base política del régimen y que huyen no tanto de Maduro, sino del colapso económico que ha causado su gobierno, es decir, de la pobreza.
Estas dos situaciones se han mezclado, y es razonable que cada administración de gobierno tenga el derecho de proteger sus intereses nacionales y tomar decisiones que salvaguarden la soberanía.
En el caso del TPS, no creo que sea conveniente eliminarlo. Esta es solo la opinión de un venezolano que agradece que esta solución temporal se haya aplicado. Sin embargo, sí creo que deben revisarse los casos y agregar nuevas variables para evaluar quiénes lo reciben. Es fundamental determinar si los beneficiarios son perseguidos políticos o pueden ser considerados como tal, o si forman parte de una migración económica.
En este último caso, si no temen persecución porque fueron parte de la estructura del régimen, no vería inconveniente en que fueran devueltos a Venezuela junto con Maduro. Pero si son opositores verificables, estos deben recibir la protección del gobierno de Estados Unidos y mantener el TPS.
Aplicar una eliminación del TPS de manera indiscriminada, sin evaluar ni proteger a quienes realmente lo necesitan, es exactamente lo que busca Maduro. Está claro que su eliminación total implicaría la expulsión de los beneficiarios, lo que significaría su retorno a Venezuela y, por ende, una comunicación, aunque indirecta, con el régimen de Maduro, otorgándole un reconocimiento instrumental como gobierno legítimo, cuando en realidad es un usurpador ilegal.
Otro punto clave es que Maduro podría identificar entre los expulsados a ciudadanos venezolanos perseguidos por razones políticas para procesarlos y enviarlos a prisión.
Lo cierto es que, si se concreta la eliminación del TPS, significaría la expulsión de cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos, lo cual pondría en manos de Maduro la logística de recepción, beneficiándolo directamente.
Por lo tanto, el TPS de los venezolanos es una «papa caliente» que debe ser analizada con cuidado, y su corrección debe ejecutarse de manera inteligente para evitar que termine beneficiando a Maduro.
Maduro ha utilizado la migración como un instrumento estratégico para aferrarse al poder. Su objetivo es infiltrarse en la migración venezolana, enviar agentes de su régimen entre los migrantes, desestabilizar países y crear un escenario en el que la única opción viable sea negociar con él. Este es su plan: generar un problema y luego ofrecerse como la única solución, debilitando de esta manera el sistema de sanciones en su contra, que es su principal objetivo.
El régimen de Maduro no es un gobierno tradicional; es una organización criminal que controla recursos clave como las minas de oro y el contrabando petrolero. Además, mantiene su poder mediante el control de bandas criminales, tanto dentro como fuera de las cárceles. Maneja ingentes recursos económicos que le permiten crear lobbies a nivel mundial. No olvidemos que Maduro también cuenta con el apoyo directo de Rusia y China, con quienes mantiene cuantiosos negocios y préstamos: 60.000 millones de dólares de China y 12.000 millones de Rusia, además de equipos militares avanzados como aviones Su-30, sistemas S-300, helicópteros Mi-35, tanques T-72 y una infinidad de baterías y misiles. Con todo esos recursos y capital, Maduro puede amenazar a sus vecinos y costear logísticas de desestabilización en los países que desee. Además, su petróleo le permite comprar aliados y obtener victorias en la OEA y otros órganos multilaterales a través de relaciones con países que dependen de su crudo.
Maduro utiliza a delincuentes en sus misiones de desestabilización regional, liberando a criminales con antecedentes graves y enviándolos como migrantes para causar caos en los países receptores. También secuestra a opositores en el extranjero, llevándolos a Venezuela, donde son arrestados o incluso asesinados, como el caso más reciente de Ronald Ojeda.
La eliminación del TPS no resolvería la crisis; solo beneficiaría a Maduro. Devolver a los migrantes venezolanos significaría entregar a personas inocentes a un régimen con un historial de represalias. Aunque no todos los migrantes son opositores, estar cerca de ellos crea un estigma que los pone igualmente en riesgo. Además, la solución no pasa por la deportación ni por negociar con un dictador. La solución real es remover a Maduro del poder y restaurar la Constitución venezolana.
Antes de considerar cualquier negociación migratoria con el dictador, Estados Unidos debe apoyar a los venezolanos dispuestos a liberar su país. Hay muchas voces en la oposición, no solo Juan Guaidó, la Asamblea Nacional de 2015 o el mismo Edmundo González, sino otros opositores dispuestos a contribuir con sus esfuerzos para remover a Maduro. Estados Unidos tiene que convocar a todas estas voces para trabajar estratégicamente con la administración de Trump para enfrentar esta amenaza de Maduro.
El trabajo de la oposición debe incluir la identificación de chavistas y funcionarios del régimen involucrados en delitos contra los derechos humanos que estén en territorio norteamericano, y estas personas deben ser denunciadas ante las autoridades estadounidenses. En este sentido, debemos fortalecer nuestra colaboración con la administración de Trump.
La situación en Venezuela ha cambiado drásticamente desde el primer mandato de Trump. En ese momento, Venezuela aún mantenía una estructura autoritaria, pero con vestigios de institucionalidad. Hoy, tras el golpe de Estado del 28 de julio, Maduro ha consolidado una dictadura sangrienta. Usurpó la presidencia el 10 de enero, asesinó a más de 30 personas y encarceló a más de 2,000 en solo unos meses. Venezuela ya no es un Estado de derecho, y los derechos humanos están siendo violados de manera sistemática.
Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho internacional y los derechos humanos, no se puede devolver a los ciudadanos venezolanos a un país gobernado por un dictador sanguinario que incluso lleva condenas por violador de derechos humanos de organismos multilaterales. El propio presidente legítimo, Edmundo González, ha denunciado el golpe de Estado y la situación crítica en la que se encuentra Venezuela. Es urgente encontrar una solución para los migrantes venezolanos sin caer en la trampa de Maduro, quien busca utilizar la crisis migratoria para su propio beneficio.
Apoyo a las palabras del senador Rick Scott
El senador Rick Scott ha expresado su preocupación por la situación de los migrantes venezolanos y el TPS, y me parece importante que ellos se cercioren de quienes entran en su país: “Si bien las protecciones del TPS siguen vigentes, el presidente Trump tiene razón en revisar y revertir la amplia extensión de último minuto que hizo Biden, para que esta administración pueda asegurarse adecuadamente de que cualquier persona que haya ingresado a nuestro país bajo la administración de Biden haya sido debidamente investigada y sea elegible para protección, dado que las políticas de fronteras abiertas de Biden y sus acciones obstaculizaron nuestra capacidad de evaluar correctamente a los verdaderos solicitantes de asilo. El expresidente Joe Biden desmanteló el sistema de inmigración de nuestra nación, incluidos programas legítimos creados para brindar refugio a quienes huyen de regímenes peligrosos, y permitió que el dictador ilegítimo Maduro se aprovechara por completo, enviando a criminales peligrosos, como el Tren de Aragua, para aterrorizar a nuestro país”.
Es fundamental que Estados Unidos reevalúe su política migratoria con respecto a los venezolanos y se enfoque en desmantelar la red de Maduro que se ha infiltrado en las diferentes formas de protección migratoria, léase TPS, Parole, Asilo y Visas, así como supervisar acerca de la existencia de testaferros y de venezolanos con visas y otros documentos que están directamente vinculados con la dictadura, haciendo negocios o que se hayan beneficiado de los genocidios del dictador.
Hay muchas denuncias sobre venezolanos que gozan del privilegio de estar en los Estados Unidos, y parecen tener solvencia económica, pero todo ese dinero que ellos tienen ha sido robado a la nación. Esta gente debe ser arrestada, llevada ante los tribunales y se debe investigar el origen de ese dinero. Los sueldos en Venezuela son miserables en todos los niveles, por lo que no tiene sentido ni manera de demostrar la procedencia de esos bienes. Estos individuos deben ser deportados, pero no a Venezuela, sino a Guantánamo.
Presumimos que Maduro ha llenado Estados Unidos de delincuentes a través de las fronteras, pero también es urgente detectar a delincuentes de cuello blanco vinculados con la corrupción y el crimen organizado internacional. La oposición venezolana puede colaborar con la inteligencia estadounidense para investigar a estas personas y desmantelar la red de apoyo al dictador.
Recuerdo haber enviado al secretario Mayorkas una carta pública en el reconocido diario El Nacional (Carta pública al secretario de Seguridad Nacional de EE UU, Alejandro Mayorkas – EL NACIONAL), en la que presenté en mi calidad de politólogo, recomendaciones de pautas para validar la elegibilidad de los venezolanos al asilo en Estados Unidos. Fue un documento tan amplio que planeo convertirlo en un ensayo para publicarlo en la brevedad posible. En él, enumeré los diferentes tipos de migración que han llegado a Estados Unidos.
Naturalmente, lo redacté el 8 de marzo de 2024, antes de los acontecimientos del 28 de julio. A raíz de ese evento, ha surgido una nueva ola migratoria claramente política, vinculada a la persecución que Maduro ha desatado contra opositores y miembros de mesa electoral. Quizás este elemento faltó en el documento original y sería importante incorporarlo para complementarlo. No obstante, logré describir, desde mi perspectiva, las diferentes categorías de migración, distinguiendo entre aquellas de carácter político y las de naturaleza económica. La migración de 2024, sin duda, es política en su origen y causa.
Determinar cuántos venezolanos podrían verse afectados tras el golpe de Estado es un desafío complejo. Muchos de los electores que votaron por María Corina Machado provienen, en gran medida, de un grupo que anteriormente se consideraba parte de la base del chavismo. Por primera vez, este segmento de votantes forma parte de nuestro propio universo electoral, lo que hace aún más difícil separar entre los opositores tradicionales y los nuevos opositores.
Finalmente, la medida más recomendable en este momento es mantener el TPS para los venezolanos, hasta que se logre una mejor comprensión de quiénes somos y se pueda avanzar con mayor precisión y conocimiento en las decisiones que beneficien a los venezolanos, evitando que Maduro sea el principal beneficiado.
Y la solución más clara para este problema la presentó la congresista María Elvira Salazar. Según una nota del Miami Herald, la representante republicana por Miami declaró:
“El dictador venezolano Nicolás Maduro encarcela, golpea, viola y mata a cualquiera que hable en su contra. Por eso, apoyé el TPS para los venezolanos que huyen de la persecución política”.
Además, Salazar enfatizó que la única solución definitiva es la salida de Maduro:
“¡Maduro tiene que irse! Trump es la única fuerza que puede sacarlo. Una vez que Maduro se haya ido, habrá paz para los venezolanos. Maduro debe irse, y esto permitirá que los venezolanos regresen a salvo y vivan en libertad en su patria”.
Todos coinciden que no se trata de entregar a los migrantes a Maduro y principalmente aquellos que por su corriente política son susceptibles a ser perseguidos por el régimen. En su lugar la solución es combatir al dictador para sacarlo del poder. Una vez liberada Venezuela, no será falta tener un TPS ya que todos los venezolanos podrán regresar con la garantía de que no serán perseguidos, arrestados o asesinados.
Restauraremos nuestra democracia y nuestros aliados serán los primeros en recibir nuestra cooperación en el desarrollo petrolero y otros sectores clave a cambio de acceder a tecnologías y medios manufactureros que transformen nuestra economía de rentista y monoproductora a una diversificada y tecnológicamente avanzada. Venezuela será un país de negocios y de crecimiento en América del Sur como debió haber sido. Luchemos juntos, estadounidenses y venezolanos, para sacar a Maduro del poder.
@estebanoria
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