En el escenario político venezolano tenemos ya largo tiempo, casi dos décadas, debatiendo sobre el camino para producir un cambio político. En la medida que el castro-chavismo ha ido evolucionando hacia una dictadura, cada vez más criminal y corrompida, la polémica se hace más ostensible e intensa. Personalidades del mundo político, cultural, comunicacional, religioso y social han terciado en el mismo. Desde los tiempos de la insurrección ciudadana y del golpe de Estado de abril de 2002, hasta el presente, las diversas posiciones han venido manifestándose de manera recurrente.
Una cosa es el deber ser y otra es el ser. Una cosa son nuestros deseos y otra la realidad. En democracia, para un demócrata, el voto es el instrumento por excelencia para acceder al poder. El debate civilizado, el diálogo y la negociación son los instrumentos para resolver las diferencias.
Hemos aprendido desde muy jóvenes a tramitar democráticamente nuestras diferencias, a organizar social y políticamente a la ciudadanía, a ejercer la función pública a través de la elección democrática. Soy de los venezolanos educados en la civilidad democrática y allí aprendimos a luchar en el campo político, pacífico y electoral. Desde siempre hemos rechazado la violencia como forma de lucha política, y como mecanismo para acceder al poder.
Hemos luchado, las más de las veces, con grandes desventajas en el campo político y electoral. Y en medio de adversidades hemos logrado victorias y derrotas, accediendo por el voto a la representación popular y a funciones de gobierno. De modo que para nada somos afines a la lucha violenta. Tales premisas son existenciales cuando estamos en democracia.
Cuando se instaura una dictadura y se cierra el camino electoral, la lucha política asume un rostro diferente, pues el voto desaparece como mecanismo para definir el rumbo de la sociedad. Proclamamos, aun así, una lucha pacífica para forzar el rescate de la libertad y la restitución del voto libre.
Hay quienes sostienen la tesis de acudir a todo proceso electoral, aun cuando no ofrezca las garantías mínimas o sea una simulación para presentar una imagen democrática. En esa dirección hay personas de buena fe, creen que por lo menos ofrecen un testimonio.
Hay quienes conscientes del fraude consideran útil la participación para hacerlo evidente y a partir de ello impulsar un movimiento de masas, con apoyo militar por acción u omisión, que deponga a los usurpadores. Lo ocurrido en Bolivia, con la rebelión ciudadana apoyada por las fuerzas de seguridad, luego del fraude promovido por Evo Morales y su posterior derrumbamiento, les sirve de base para sostenerlo.
Hay otros plenamente conscientes de la farsa a la que acuden. Saben que no hay posibilidad alguna de hacer valer la voluntad de los ciudadanos expresada a través del voto. Lo hacen a conciencia de la existencia del fraude, de las ilegalidades presentes, de la adulteración de la contabilidad electoral, del uso de todo el aparato del Estado para aplastar la disidencia y de la severa censura de prensa que impide un verdadero debate democrático. Lo hacen dividiendo a la sociedad democrática y promoviendo la confrontación estéril en los líderes de las comunidades. Aún a conciencia de ese cúmulo de elementos, construyen un discurso sofistico para justificar su conducta colaboracionista.
Pero no hay nada oculto entre cielo y tierra. El discurso se cae con los hechos y van apareciendo los verdaderos motivos que los lleva a ofrecer su concurso para “legitimar” a un régimen criminal.
En nuestra tragedia humanitaria y política llegamos a un punto de quiebre. Estamos ante un juego trancado. No obstante, se plantea un falso dilema: o votos o balas. Frente al mismo menester afirmar, que por ser contrarios a la violencia no podemos aceptar infinitamente el ultraje, el fraude, la miseria, la corrupción impune y la destrucción de nuestro país. Por temor o cobardía no podemos aceptar el chantaje de asistir como corderos a una farsa electoral.
Hay un hecho incontrovertible: no tenemos posibilidad de ejercer libremente el voto. Tampoco tenemos balas para organizar un movimiento armado capaz de lograr el cambio. Y si las tuviésemos estaríamos en la antesala de una guerra civil, que produciría un daño mayor a nuestra sufrida nación. En consecuencia, no debemos atizar un escenario de guerra civil, tampoco el de acciones terroristas.
No se trata de asumir la resignación, y en consecuencia la paralización. La lucha política debemos continuarla, ejerciendo la protesta continuada, destinada a movilizar la población hasta vencer los esquemas de la represión, con la rebelión de los ciudadanos, o la acción de la Fuerza Armada para restituir el Estado de Derecho. En paralelo, debemos continuar la gestión ante la comunidad internacional para obligar a la camarilla roja a aceptar una solución.
En consecuencia, es preferible no ofrecerle la ayuda a la dictadura de participar en un simulacro o farsa electoral. Es menester dejar a la dictadura con su juego en solitario. Eso le termina de vaciar su discurso y propaganda, reforzando su ilegitimidad e ilegalidad.
En 1952, en tiempos de Pérez Jiménez, se convocó una elección para instalar una Asamblea Constituyente, que dictara una nueva constitución y avalara al dictador en el ejercicio de su poder usurpado. La dictadura hizo un fraude monumental. Los partidos concurrentes al proceso lo rechazaron y ordenaron a sus militantes retirarse de la espuria asamblea. Hubo los que se quedaron, los que ayudaron con su presencia a la dictadura, la historia los borró.
Luego, en 1957, la dictadura se negó a efectuar una verdadera y libre elección presidencial. Optó por un fraudulento plebiscito. La oposición democrática no concurrió y no avaló ese fraude. Luego vino el levantamiento del 23 de enero de 1958 y con él la democracia.
Ahora de nuevo surgen las voces llamando a hacerle el juego a la dictadura. Ante la cercanía del término del mandato de la semiclausurada Asamblea Nacional, y el empeño en adelantar su elección, ya surgen presurosos los llamados a participar en la elección.
Cuando no se ha resuelto el fraude del 20 de mayo de 2018, cuando no tenemos un sistema electoral confiable, y cuando ya hemos visto la firme disposición a la trampa de la cúpula roja, se nos recomienda de nuevo ir a las urnas para ganar. Se nos dice que es una nueva oportunidad.
Como si no hubiésemos ganado en diciembre de 2015 y no se nos hubiese desconocido la voluntad nacional al eliminar la representación del estado Amazonas y confiscado las competencias a la Asamblea Nacional. Como si no hubiésemos ganado la gobernación de Bolívar en 2017 y no hubiésemos presenciado su desconocimiento. Como si no se nos hubiese confiscado el referéndum revocatorio e instalado una fraudulenta asamblea constituyente.
Si bien es cierto que no tenemos “balas”, es menester afirmar que sí tenemos dignidad. Más dañino resulta darle visos de legitimidad a una dictadura criminal. La dignidad del pueblo venezolano nos obliga a no aceptar sumisamente el establecimiento indefinido del fraude y la tragedia. Nuestra conciencia nos dice: no podemos avalar esa camarilla destructora.
La lucha por lograr elecciones libres debe continuar. Aunque la cita electoral esté prevista en la Constitución, esta para ser legítima debe ser libre, transparente. De lo contrario, ella pierde todo valor. Avalar procesos fraudulentos de forma consciente es traicionar los sagrados derechos de nuestro pueblo.
Frente al falso dilema de votos o balas, asumamos el desafío de la lucha política digna, hasta lograr la implosión de la dictadura y rescatar la democracia, antes que hacer el papel de ilusos, bufones o cómplices.