Foto Archivo
La CPI no concede privilegios ni beneficios procesales a Estados investigados por crímenes de lesa humanidad, los crímenes que se cometieron no prescriben. De nada le vale al Estado violador sistemáticamente de los derechos humanos e investigado por la CPI que intente borrar con arrepentimientos lo que ya existe en el expediente en fase 3 y que solo falta la firma de aprobación. Le recuerdo al Estado venezolano que es firmante del Estatuto de Roma de la CPI desde el año 2000 y que a partir del 2002 la CPI es competente para investigar al Estado por crímenes de lesa humanidad, como lo establece el artículo 7 del Estatuto.
La represión sin límites, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturas, asesinatos de manifestantes y de detenidos como los casos del concejal Fernando Albán y el capitán Acosta Arevalo, ejecuciones extrajudiciales encabezadas por las OLP y la FAES, desapariciones forzadas de personas, violación sexual de mujeres en centros de reclusión parte de cuerpos de seguridad del Estado reflejados en el informe técnico de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de violación de los derechos humanos en Venezuela del consejo general para los derechos humanos de la ONU y antes destacados en el informe por la alta comisionada Michelle Bachelet en su visita que realizó por primera vez al país no borrarán jamás las huellas de estos crímenes que siguen destrozando a las víctimas y familiares que aún esperan con esperanzas.
La aprobación del informe preliminar para que la CPI inicie el proceso de investigación le reafirmó al Estado venezolano que las violaciones graves de los derechos humanos y crímemes de lesa humanidad no prescriben ni existen privilegios para los responsables.
La decisión del Estado de criminalizar el trabajo de las ONG con la aprobación de la resolución apéndice de la ley contra el terrorismo y la delincuencia organizada que las obligan a convertirse en verdaderos sapos en contra de las víctimas.
Para finalizar, hago un llamado a todos los activistas por los derechos humanos a mantenernos firmes en defensa de las víctimas de violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado, que es nuestra razón de ser y nuestra misión a cambio de nada. El Estado nuevamente se equivoca al no querer ver al verdadero adversario, que es la crisis económica devastadora que está convirtiendo los miserables salarios en sal y agua, junto con la pandemia que día a día sigue creciendo y dejando fallecidos sin vacunas.