Días atrás una amiga me comentó que en Maracaibo un grupo de personas vinculadas al sector empresarial están intentando reactivar Promozulia, una organización creada por los ya lejanos años noventa con el objetivo de promover al estado Zulia desde el punto de vista económico. Esta iniciativa no era algo aislado en aquel entonces, por aquellos días Conapri estaba en su apogeo, una organización dedicada a promover la competitividad de Venezuela. Escuchar hoy de una iniciativa que quiere promover la competitividad de una región en un país que ocupa el puesto 127 entre 152 países de acuerdo con el Índice de Competitividad Global luce como algo no ajustado completamente al contexto actual.
Esta reflexión viene a propósito de haber leído el documento Democratization in Venezuela: Thoughts on a New Path, publicado por el Wilson Center, con la participación de destacados académicos de distintas áreas del conocimiento que conocen muy bien la realidad de Venezuela. Entre quienes participaron en las reflexiones para la publicación de dicho documento se encuentran personas que han demostrado un conocimiento profundo y agudo del contexto venezolano, con una solidez académica incuestionable, y, quizás lo más importante, una genuina preocupación por el porvenir del país. Es por todo ello que al leer el documento una sorpresa saltó a la vista.
El hilo central de Democratization in Venezuela es la restauración de la democracia a partir de la negociación que conduzca a la ruta electoral, y desde una nueva legitimidad rescatar la gobernabilidad del país. Bajo esta premisa el documento plantea varios pasos por dar: reconstruir la unidad de la oposición; la importancia de las elecciones locales (el documento fue escrito en octubre de 2021); el necesario cambio institucional para evitar el “ganador se lleva todo”; atender la emergencia humanitaria; el rol de la sociedad civil; el papel de las Fuerzas Armadas; la justicia transicional; lo relacionado al cronograma electoral; y el espinoso tema de las sanciones.
La hoja de ruta trazada en el documento es clara, luce como una fórmula sensata para la democratización del país. Sin embargo, la sorpresa es que un tema fundamental y que cambia la forma de abordar la crisis de Venezuela es apenas mencionado, el hecho que el país es un Estado débil, con una clara trayectoria hacia una fragilidad cada vez mayor. Como señala John Polga-Hecimovich, una de los académicos consultados para el documento arriba citado, “Venezuela parece haber evolucionado de un Estado débil a comienzo de los 2010 a uno fallido para 2021”, indicando más adelante que la debilidad del Estado representa un reto para cualquier proceso de democratización (en Marcella, Pérez y Fonseca, 2021).
Hoy no se puede entender la crisis venezolana sin considerar como variable la debilidad del Estado, pero no como un elemento marginal, sino como un aspecto tan importante como el grado de autoritarismo del régimen en cuestión. Y dentro de dicho marco el aspecto de la seguridad debería estar en el corazón de cualquier análisis, especialmente en el caso latinoamericano. En este sentido, el diagnóstico de Venezuela debe hacerse considerando la combinación entre grado de democracia y fragilidad del Estado en términos de complementariedad entre estos dos ejes, y al hacer esto se verá que Venezuela es un vecino extraño en el vecindario, y que el abordaje que se haga para salir de la crisis debe ser realmente novedoso.
Considerar la fragilidad del Estado como variable al mismo nivel del grado de democracia existente no es un ejercicio académico, es algo de lo que depende el éxito de cualquier proceso de democratización. Hay distintas evidencias que muestran que en contextos de alta fragilidad estatal la ruta electoral por si sola puede terminar desencadenando mayores niveles de violencia e inestabilidad, y a la larga a mayores retrocesos democráticos. “Siempre se puede estar peor”, y en este momento un proceso de democratización a secas en Venezuela pudiera conducir a una situación incluso más adversa que en la que se encuentra hoy el país.
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