Rayner Peña / EFE
El balance al cerrar el año 2022 es triste. El Estado sigue sin cumplir con lo establecido en el artículo 19 de nuestra Constitución al no garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable de los derechos humanos.
Uno de los más vulnerados es el derecho a un salario digno que le permita al pueblo adquirir los artículos de la canasta básica, que ya es inalcanzable. Recordemos que actualmente lo que percibe un trabajador es 7,59 dólares mensuales, lo que no alcanza ni para adquirir algo de carne y un cartón de huevos, pues los salarios son en bolívares y los precios en dólares. Asimismo, la pensión de hambre coloca a nuestro abuelos en la dolorosa decisión de comprar medicamentos para la tensión arterial o adquirir unos cambures para llevar algo en el estómago.
Si hablamos del derecho a la salud, este solo está garantizado para los poderosos que son quienes pueden gozar de seguros en dólares. Los menos pudientes se ven obligados a acudir a los hospitales donde pacientes o familiares deben llevar todo lo que necesitan para que los atiendan. El caso de los pacientes crónicos es grave, pues no recibir el tratamiento como es debido pone en riesgo sus vidas, tal es el caso de los que sufren de cáncer o los enfermos renales que deben dializarse 3 veces a la semana y a veces, con suerte, logran una sola. El caso de los niños del J. M. de los Ríos es una prueba más de la violación del derecho a la salud por parte del Estado al no reactivar el programa de trasplantes que hubiera evitado las muertes de tantos niños por indolencia.
En tercer lugar estoy obligado a referirme al derecho a una justicia imparcial, autónoma e independiente, como lo establece nuestra carta magna y la Ley Orgánica del TSJ, pero que es violado de manera sistemática por parte del Estado. El sistema judicial está politizado y como ejemplo seguimos mostrando el caso de los presos políticos víctimas de violaciones graves de derechos humanos: al debido proceso, garantías procesales y garantías constitucionales, como que algunos ya cuentan con boletas de excarcelación y aún siguen privados de libertad. Todos estos motivos y muchos más por los cuales en la Corte Penal Internacional se procesa y se investigan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en el año 2017.
El caso de los servicios básicos es un derecho negado a los ciudadanos en forma intermitente y el más afectado es el del consumo del agua potable que ya no lo es; la energía eléctrica sigue estando en racionamiento y el gas doméstico por cilindros lo recibe quien esté en la lista de los consejos comunales y los que no aparecen su destino es la leña.
Otro de los derechos contra el cual ha arremetido sin piedad el Estado es la libertad de expresión. Sin disimulo ha limitado el derecho a informar, al libre ejercicio del periodismo y al trabajo con el cierre de numerosas emisoras de radio sin derecho a la defensa.
No quiero concluir sin referirme también al abuso de los cuerpos de seguridad, con intimidación y violencia, que vulnera el derecho a la seguridad personal de los ciudadanos.
Estamos en presencia de un Estado sin alma, indolente e inhumano que mantiene los derechos humanos en la oscuridad.
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