Desde finales del año pasado se viene anunciando que 2021 será el año del despegue del Estado comunal. Maduro incluso aseguró que para la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo, este 24 de junio, ya estarían constituidas las primeras 200 ciudades comunales (lo cual, obviamente, no ocurrió, ya sabemos lo gris y anodino que fue la celebración de esa fecha tan histórica). Lo único cierto, hasta el momento, es la aprobación en marzo por la Asamblea Nacional oficialista, en primera discusión, del proyecto de las ciudades comunales, y la presentación del proyecto del parlamento comunal.
Conociendo la opacidad del régimen, queda por tanto para la especulación saber qué ha pasado en esta materia, y hasta dónde ha avanzado o pretende avanzar. Uno quisiera creer que dentro los círculos rojos una o algunas cabezas pensantes han advertido lo delirante del proyecto, y su escasa o nula viabilidad, al tenor de la terrible crisis económica que horada, per se, la estabilidad del régimen, y de las estrambóticas y (des)comunales estructuras administrativas que habría que crear; pero eso es un simple deseo.
Para que tengamos una idea del desaguisado que entraña la noción de Estado comunal, señalemos solo dos “detalles”, entre tantos. Primero, cada ciudad comunal es como un micro, mediano o gran nuevo Estado (según lo populoso de la ciudad), replicándose en cada uno, de una manera particular, todos los poderes y órganos clásicos: un parlamento, un ejecutivo, una contraloría, un poder electoral, etc.; segundo, cada ciudad comunal tiene que desarrollar y presentar un Plan de Desarrollo Económico y Social –elaborado por el respectivo Consejo de Planificación, organismo que se presume de alta calificación técnica–, el cual, a su vez, debe fundarse sobre la base de los planes económicos y sociales que se supone han elaborado previamente cada una de las comunas que compone la ciudad (¡comunas que hasta el momento solo existen en el papel!). Y estas, a su vez –y aquí no puede uno menos que pensar en las famosas matrioshkas rusas– deben inspirarse en los proyectos de gestión respectivo de cada uno de los cientos de consejos comunales dentro de su jurisdicción…
Las ciudades comunales, con sus respectivos nuevos poderes públicos y sus propios planes de desarrollo, conformarían, por consiguiente, una estructura paralela a las gobernaciones, las alcaldías y concejos municipales, y de hecho el proyecto de ley menciona –de forma muy vaga– la transferencia de competencias y recursos por parte del Estado central y de los demás entes públicos. La pregunta obvia es de dónde saldrán los recursos, si sabemos la crítica situación financiera de la nación en general y de los órganos del poder regional y local en particular, golpeados fuertemente en las dos décadas de revolución seudobolivariana, al punto de que el aporte que reciben las alcaldías y gobernaciones se ha reducido en dos terceras partes.
Sujetas totalmente al Plan de la Patria, y carentes de autonomía presupuestaria y de ninguna capacidad de autogestión y financiamiento (no le conviene al hipercentralismo ejecutivo), y obligadas a crear y mantener una nueva y costosa estructura burocrática las ciudades comunales quedarían como aquella Ínsula Barataria que le prometió el Quijote a Sancho Panza, o para decirlo coloquialmente, pintadas en la pared. Más, sin embargo, no se puede subestimar para nada su eventual aprobación y puesta en marcha, pues su creación responde exclusivamente a la despiadada dinámica de mantenerse en el poder, no a ninguna otra.
Como han señalado Hanna Arendt y otros autores, el paralelismo estatal o duplicación de instituciones es un fenómeno característico por excelencia de los regímenes totalitarios, si bien es posible que pueda presentarse, pero de manera muy puntual, en otro tipo de formas autoritarias -o incluso democráticas- de gobierno. Su expresión primera y más notoria fueron los organismos paramilitares, como el caso de los fasces di combattimiento de Mussolini, las SA y las SS de Hitler, y la Cheka –posteriormente NKVD– de los bolcheviques, que ejercieron funciones y tareas propias de las estructuras militares, de los partidos políticos y de varias instituciones del Estado (la NVKD, por ejemplo, suplantó en buena medida a la Fiscalía y a los tribunales).
Con los años, la duplicación de instituciones en estos regímenes se extendió ampliamente, ya que permitían burlar la lógica del Estado de Derecho, sin renunciar totalmente a él y sus ventajas (principalmente lo que se refiere a la legitimidad que les confería, sobre todo en vista del reconocimiento y el respeto de la comunidad internacional). Pese a que en términos generales el paralelismo es enormemente costoso, no solo sirve a los objetivos de lograr un control político de todos los espacios de la vida social, sino también a la necesidad de burlar las limitaciones que imponen al poder –en su manifestación más cruda–los valores y rasgos propios de la racionalidad legal y la burocracia moderna clásica: el respeto a las normas, la disciplina, la especialización rigurosa, la supervisión y la búsqueda de la eficacia.
Es obvio que el régimen Chávez-Maduro, aunque debe ser calificado, en el momento actual, como un régimen autoritario no competitivo, comparte estos rasgos con el totalitarismo moderno. Esa historia empezó con el Plan Bolívar 2000, siguió con las misiones y no ha cesado desde entonces. De hecho, podemos decir que se ha llevado el paralelismo a sus extremos, como se puede ver en el caso de los consejos comunales –y ahora de las comunas y ciudades comunales– a quienes se les ha asignado una inverosímil variedad de competencias en el terreno económico, social, ambiental, educativo, urbano, deportivo, etc.; quitándole competencias incluso a otras instituciones paralelas. El paralelismo al cuadrado, pues.
Queda por verse, en fin, hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen en esta obnubilada y desesperada empresa, sobre todo en estos momentos, cuando se desarrolla una nueva iniciativa de diálogo con la oposición, con acompañamiento internacional. Sin saber cuáles son los temas que compondrán la agenda de la negociación, es obvio que la oposición, con sobrada razón, debería colocar como uno de ellos el proyecto del Estado comunal, pues su eventual imposición significaría el eclipse definitivo del proyecto republicano y democrático.
@fidelcanelon